- El dirigente del Partido Socialista Unido (PSUV) agrega que la labor de Maduro ha estado comprometida con los trabajadores y su protección; sin embargo, dirigentes sindicales y trabajadores activos no están de acuerdo con esta afirmación.
- Entre enero y febrero de este 2023 se han contabilizado 2024 protestas, 90 % de ellas por exigencias laborales y de servicios básicos. El 10,5 % de estas protestas se han dado en Bolìvar, principalmente por parte de trabajadores de las empresas básicas, según el OVCS.
Por Verónica Bastardo Vera
En Ciudad Guayana, estado Bolívar, el 2023 ha estado marcado por protestas del sector laboral de las empresas básicas del Estado. Aquellas que fueron promesa de oportunidades y crecimiento para esta región al sur de Venezuela. En este contexto, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Horacio Alarcón Basabe, destacó la labor del gobernante Nicolas Maduro, y que calificó como su “compromiso con los trabajadores”.
En sus declaraciones, Alarcón Basabe aseguró que Maduro “cuenta con total respaldo de las estructuras del partido, del pueblo y en especial de los trabajadores”. El dirigente del PSUV comparó al mandatario nacional con otros expresidentes de la región como Jair Bolsonaro, Iván Duque y Mauricio Macri, para resaltar sus estrategias para “proteger a los trabajadores”.
Alarcón agregó que en Bolívar se ha dado “respaldo” a la gestión de Maduro con manifestaciones de calle, como la del 23 de enero de 2023. Considerando estas declaraciones, las protestas de trabajadores de estas empresas exigiendo distintos beneficios y los datos de organizaciones no gubernamentales del país, el equipo de Cotejo.info fijó su lupa en Horacio Alarcón y -tras el proceso de verificación- su afirmación obtuvo el calificativo de mentira.
Maduro no es influencer
El término influencer hace referencia a una persona influyente principalmente en redes sociales, ya que goza de una popularidad y credibilidad extensa para una audiencia determinada. Considerando las más recientes encuestas de aprobación, credibilidad y popularidad realizadas en Venezuela y Latinoamérica, Maduro sería influencer para menos del 40 % de la población.
Alarcón asegura que Maduro cuenta con “total respaldo del pueblo” y de los trabajadores, pero solo considerando encuestas de aprobación esto se puede desmontar.
La encuestadora peruana Ipsos todos los años realiza una medición de aprobación entre los líderes de sudamérica, considerando como muestra del estudio a líderes de opinión de la región. Para 2022, Maduro se encontró en el último lugar, contando tan solo con un 5 % de aprobación, 9 puntos por debajo de su homólogo en Cuba, Miguel Díaz-Canel; y a 10 del mandatario de Perú, Pedro Castillo.
Claro, esta encuesta no representa al “pueblo de Venezuela”, pero establece un contexto de regional con respecto a países vecinos. Sin embargo, en el ámbito interno distintas encuestas dan pistas de la opinión generalizada que tienen los venezolanos sobre la gestión de Maduro. No es el 80 % de rechazo que tenía en 2016, según encuesta de Datanálisis, pero sigue estando por encima del 60 % de impopularidad.
¿Qué dicen los trabajadores?
Ciudad Guayana es casi sinónimo de lucha sindical. Con la presencia de las Empresas Básicas del estado Bolívar (Sidor, Venalum, Alcasa, Ferrominera y Bauxilum), la organización de los trabajadores de cara a exigir contratos colectivos negociados, derechos laborales y beneficios mínimos para todos, se volvió algo cotidiano.
En palabras del líder sindical, Rubén González (secretario de Sintraferrominera), “para la organización sindical, siempre el enemigo número uno, es el gobierno de turno”, esta idea es similar a la que se tiene del periodismo, que hace contraloría a quien se encuentre en el poder.
Pero para González, que estuvo preso desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2020, este ha sido el gobierno más “inhumano, que ha acabado con todos los beneficios de los trabajadores y con toda la producción de nuestras empresas. De evidencia, el ensañamiento que ha tenido con todos los trabajadores”.
La caída productiva y de las condiciones laborales durante la gestión del chavismo es una percepción generalizada entre los trabajadores de las Empresas Básicas de Guayana. Ramón Gómez, secretario general del Sunep-CVG, estima que la productividad de la industria de materia prima guayanesa no supera el 20 %, con la excepción de Ferrominera que se encuentra cerca del 37 %.
“Cuando escuchamos decir al gobierno de Nicolás Maduro ‘Es por culpa del bloqueo, es por culpa de las sanciones’, es totalmente falso. Tampoco es culpa de los trabajadores, ahí están los niveles de corrupción demasiado galopantes”, explica Gómez.
Protestas, exigencias e incumplimiento
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) es la organización que mantiene un registro actualizado, sectorizado y regionalizado de las protestas que se realizan en el país. Entre enero y febrero de este año se han contabilizado 2.024 protestas. 90 % de ellas por exigencias laborales y acceso a servicios públicos.
Sacando un promedio geográfico básico, esto daría unas 84 protestas por estado contando a Distrito Capital. Sin embargo, Bolívar acumuló 212 protestas en solo dos meses. 10,5 % del total, marcadas por trabajadores de las empresas básicas de Guayana, como señala el informe del OVCS.
Desde enero los trabajadores han exigido el reajuste de su tabla salarial propia, la cual se alcanzó en su momento por medio de luchas sindicales. Sin embargo, actualmente los “salarios de hambre” (como lo denominan González y Gómez) se calculan bajo las tabulaciones de la Onapre, lo cual desaplica los contratos colectivos vigentes según lo informado por Acceso a la Justicia en 2022.
Estos contratos colectivos se diseñaron con un tabulador de corridas salariales que consideran cargo, antigüedad, grado académico y otros detalles que defienden la meritocracia dentro de la empresa. Con la aplicación del instructivo Onapre, desde 2018, se aplanaron estas consideraciones colectivas tomando como punto de partida el sueldo mínimo.
González resalta que, con los cálculos salariales del instructivo Onapre, se está incumpliendo directamente lo establecido en el artículo 91 de la Constitución venezolana. Trabajadores activos de CVG y Alcasa dan fé de esto, mencionando un obrero ingresa sueldo mínimo, y un gerente general o asesor interno (máximo escalafón interno) recoge $60 mensuales máximo, lo cual representa un 12,4 % de la canasta alimentaria familiar de febrero 2023 según cálculos del Cendas-FVM.
Uno de ellos explicó a Cotejo.info que su ingreso se ha devaluado en exceso, “cuando ingresé en 1982 mi sueldo equivalía a los $1200, hoy no pasa de $60 y tengo el cargo más alto dentro del organigrama”. Por motivos de seguridad, la identidad de los trabajadores activos consultados no será publicada, atendiendo a lo que establece el artículo 8 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.
La persecución como respuesta oficial
Ambos líderes sindicales entrevistados aseguran que los trabajadores no gozan de una representatividad laboral o política a nivel interno dado que, los últimos representantes electos de forma regular, fueron desincorporados de sus puestos dentro de la empresa y sus oficinas en 2018. “Fue como la eliminación de todos los sindicatos, para poner a los CTP (Consejo Productivo de Trabajadores) que es como la representación del gobierno”, explica Gonzalez.
Esto decanta entonces en la necesidad de protestas de calle cerca de las instalaciones de las empresas o puntos estratégicos de la ciudad, para socializar sus exigencias, dado que ya carecen de oficinas en sus respectivas compañías y algunos no tienen permitido ni entrar.
“Los resultados de estas denuncias que hacemos los dirigentes sindicales ha sido persecución. Como el caso de Rubén González que estuvo preso 2 años. A mí, que no solamente me persigue, sino que me sacaron de la de la empresa con una jubilación forzosa y a mis hijos, profesionales ingenieros que trabajaban en las Briquetera del Orinoco y dentro de CVG, y también hubo la persecución contra ellos y le explicaron despido indirecto”, describe Ramón Gómez.
La cobertura realizada por el Correo del Caroní, medio regional que históricamente le ha dado peso al tema laboral en Guayana, confirma que ante las denuncias y exigencias laborales, las respuestas han sido formas de represión, persecución y amedrentamiento, especialmente en los primeros meses de 2023, en los que algunos trabajadores fueron apresados por manifestar.
Si bien existe cierta representatividad interna que favorece al gobierno de Maduro, por medio de los CTP, también existen denuncias de trabajadores que son acosados para asistir a marchas en apoyo a Maduro o algún representante del PSUV. A esto se le suman los trabajadores activos y desincorporados que han manifestado su descontento con la gestión de Maduro en las empresas básicas de la región.
Tanto Rubén González como Ramón Gómez, así como también los trabajadores consultados de forma directa cuya identidad solicitaron ser protegida por miedo a represalias, aseguran que es “una gran mentira” que Maduro tenga el apoyo total de los trabajadores o que su gestión busque proteger sus derechos laborales. Considerando los datos contextuales y los hechos de 2018 para acá, se puede confirmar que estos trabajadores tienen razón.
