- La Corte Penal Internacional (CPI) no ha declarado la inexistencia de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al contrario, ha recopilado 8.900 testimonios de presuntos agraviados
- El fiscal de la CPI, Karim Khan, abrió la investigación formal contra Venezuela en 2021 y está tomando en cuenta testimonios de asesinatos, encarcelamientos, violaciones y desapariciones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017
- La base de la tergiversación en el comunicado de la cancillería radica en el término “víctimas potenciales”, con el cual aseguran que la CPI niega la existencia de los agraviados. Sin embargo, se les llama así porque aún se encuentran en una fase temprana de la indagación
Por Edy Pérez Alvarado
La cancillería venezolana publicó un comunicado el pasado 8 de mayo en el que deliberadamente celebra que, supuestamente, la Corte Penal Internacional (CPI) afirmó que no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.
La aseveración de la cancillería fue calificada como mentira por el equipo de Cotejo.info después de haber revisado fuentes documentales, leer análisis de abogados y defensores de derechos humanos que aseguran que la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela sigue su curso.
Además, se detectó que en el texto oficial del Gobierno de Nicolás Maduro se intenta manipular la expresión “víctimas potenciales”, para tratar de mostrar que esta denominación se refiere a que no existen tales víctimas y que se trata solo de la recopilación de opiniones.
Un análisis hecho por PROVEA señala que la desinformación se basa en la tergiversación de ese término, cuando la verdad es que “víctimas potenciales” se usa en la jurisprudencia de los jueces de la CPI para proteger los intereses de las víctimas en las etapas tempranas del proceso.
CPI negó la petición de Venezuela
El gobierno venezolano mantiene esta retórica a su favor después de que el pasado 4 de mayo los jueces de la CPI negaron la petición de los representantes de Maduro de responder al reciente informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones (VPRS).
Darle acceso a los voceros del gobierno supondría exponer a nuevos agravios a las personas que manifiestan haber sido víctimas del Estado venezolano, como explica PROVEA en un hilo de su cuenta en Twitter.
El comunicado de la cancillería venezolana y las declaraciones de los voceros oficiales desencadenó reacciones de los defensores de derechos humanos del país, entre ellos, Rigoberto Lobo, quien enfatizó que “el gobierno de Venezuela no ha demostrado que lo investigado por la Corte Penal Internacional es falso, tampoco ha demostrado que la justicia venezolana funciona”.
Cabe resaltar que es de conocimiento público que la corte recopiló más de 8.900 testimonios de víctimas potenciales de crímenes de lesa humanidad, en el informe Venezuela I, de acuerdo con una reseña de RunRunes publicada el 21 de abril de 2023.
Esto ayudó a determinar que el fiscal, Karim Khan, continuara la investigación por los crímenes de lesa humanidad contra personas detenidas a partir de abril de 2017 en el marco de las protestas antigubernamentales y por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (colectivos).
La lógica que plantea el Gobierno venezolano en el comunicado verificado es la inexistencia de víctimas porque han sido llamadas “víctimas potenciales”, pero un artículo de PROVEA titulado En la Corte Penal Internacional las “víctimas potenciales” no son víctimas inexistentes, se explica que la instancia internacional ha utilizado diferentes maneras para referirse a las “víctimas que aún no han sido reconocidas de pleno derecho”.
Textualmente se lee:
“Por ejemplo, han usado el término “otras víctimas” para referirse a las víctimas en la investigación sobre Palestina, en donde aún no es posible reconocerlas de pleno derecho.
En los dos precedentes en donde los gobiernos de Afganistán y Filipinas también pidieron al Fiscal de la CPI que se cohibiera de seguir investigando, los jueces calificaron como “víctimas potenciales” a quienes enviaron opiniones y observaciones a la VPRS para elaborar un informe similar al del caso venezolano”.
Además, “el pasado 31 de octubre de 2022, al autorizar al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a reasumir la investigación en la situación de Afganistán, la Sala de Cuestiones Preliminares II (SCP II) aclaró el término “víctimas potenciales” (numeral 32)”, el cual “se utiliza para distinguir a las personas cuyas solicitudes aún no han pasado por el proceso de solicitud para ser reconocidas formalmente como víctimas de acuerdo a regla 89 de las Reglas de procedimiento y pruebas o cuando participan en los procedimientos de confirmación de los cargos”.
Con estos argumentos, se puede interpretar que la Cancillería intenta poner el foco de la opinión pública nacional e internacional en su comunicado, con lo cual trata de opacar lo trascendental de la más reciente decisión de la Corte: la Sala de Cuestiones Preliminares I rechazó autorizar al gobierno venezolano a responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado, por presuntos delitos de lesa humanidad.
Los jueces de la CPI argumentaron que “una respuesta debe limitarse a las nuevas cuestiones planteadas” y recuerdan que “solo se puede evaluar la pertinencia de otorgar cualquier permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas”, expone la Voz de América en una nota publicada el 8 de mayo pasado.
En 2021 la CPI abrió la investigación formal contra Venezuela
El 3 de noviembre de 2021, el Fiscal Karim Khan anunció su decisión de abrir una investigación formal contra Venezuela por presuntamente haber cometido crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de 2017, esto lo anunció durante una visita que hizo a Venezuela y frente a Nicolás Maduro.
Human Right Watch (HRW) publicó ese año un recuento del seguimiento de la CPI a Venezuela. Explicó que la Fiscalía abrió un examen preliminar sobre la situación en el país, que es Estado miembro de la CPI, en febrero de 2018.
En septiembre de ese año, seis Estados miembros de la CPI pidieron que la Fiscalía investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Fue la primera vez que un grupo de países solicitó conjuntamente a la Fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI, explica el texto de HRW. Prosigue que esa remisión por los Estados permitió que el fiscal iniciara una investigación, sin aprobación previa de jueces de la CPI.
En esa misma publicación consta lo siguiente: “Esta es la primera investigación de la CPI en las Américas y ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Hay otra cita de Vivanco que dice: “El fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Su decisión de hoy (3 de noviembre 2021) sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron”.
En diciembre de 2020, la Fiscalía informó que, sobre la base de la información disponible durante su examen preliminar, cuyos resultados se encuentran compilados en un informe con fecha del 14 de diciembre del referido año.
En ese entonces, existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, comentó el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Estos incluían, al menos desde abril de 2017, los delitos de lesa humanidad de “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual” y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” por parte de las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno.
Acceso a la Justicia también le ha hecho seguimiento al trabajo de la CPI en Venezuela y en una publicación señalan que en junio de 2021, concluía el período de la fiscal Fatou Bensouda y le sucedería en el cargo Karim Khan.
Se esperaba que al finalizar su periodo como fiscal, Bensouda presentara sus conclusiones sobre el examen preliminar de Venezuela I. Pero, el 15 de junio, al concluir su mandato, no pudo indicar en qué consistía su decisión ni publicarla, solo señaló que su oficina había concluido el examen preliminar sobre el caso venezolano y entregó un escrito con sus conclusiones.
El Gobierno pone en duda imparcialidad de la CPI
El Gobierno de Venezuela ha hecho varios pronunciamientos para poner en duda la imparcialidad de la Corte Penal Internacional y así tratar de que la opinión pública internacional saque la lupa de los delitos que presuntamente cometió el Estado venezolano y se centre en la supuesta falta de credibilidad de la CPI .
El 12 de febrero de 2023, Nicolás Maduro acusó a la fiscalía de la CPI de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y de mantener “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales, publicó La Voz de América.
En el comunicado de la cancillería repiten esta misma retórica para tratar de desprestigiar a la CPI y poner en duda el trabajo que vienen haciendo desde 2018, para comprobar que existen víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.
Un fragmento del comunicado de la cancillería dice: “La República Bolivariana de Venezuela denuncia que las denominadas “víctimas potenciales” y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela”.
Aseguran también que esto es parte de la estrategia para promover y lograr un cambio de régimen, supuestamente impulsado por el gobierno de Estados Unidos. El abogado del Gobierno venezolano, Larry Devoe, repitió este mismo libreto en la ONU el 18 de mayo pasado.
Con la clara intención descalificar a la CPI y su trabajo de investigación por crímenes de lesa humanidad, que aún no llega a juicio. La periodista Carla Angola publicó el video de Devoe en su Twitter y escribió que este proceso le preocupa al Gobierno porque no prescribe y va a reanudarse en cualquier momento.
Sin embargo, Amnistía Internacional publicó un trabajo el 1 de julio de 2022 que se titula 20 años de Corte Penal Internacional: En la justicia internacional no hay lugar para dobles raseros. En ese texto señalan que la corte corre peligro de verse menoscabada por un enfoque cada vez más selectivo de la justicia.
La organización ha resaltado varias decisiones y prácticas recientes que parecen demostrar la existencia de dobles raseros y la aceptación de la influencia de Estados poderosos.
Por situaciones como la que expone Amnistía Internacional es que la retórica del Gobierno de Maduro, en la que asegura que la CPI está influenciada por intereses políticos, podría cobrar fuerza a nivel internacional y hasta poner en tela de juicio el trabajo de investigación de la CPI para comprobar los crímenes de lesa humanidad.
El periodista Luis Carlos Díaz publicó en su cuenta de Twitter que Venezuela tiene negacionistas de los crímenes de lesa humanidad que se podrían apoyar en los dobles raseros de la CPI para intentar tener bases para negar la existencia de víctimas del Estado venezolano.
A pesar de esto, hay evidencia contundente que desnuda la cruenta realidad venezolana en cuanto a violación de DD.HH. como es el informe de la ONU que se publicó el 20 de septiembre de 2022, dónde se detallan las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.
La nueva derrota de Venezuela ante la CPI
El 21 de abril de 2023, la CPI publicó el reporte de la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación (VRPS), en el cual se compiló la información contenida en los 1.875 cuestionarios que venezolanos enviaron entre noviembre y marzo pasado.
En ese documento señalan que las víctimas venezolanas respaldan la solicitud que el fiscal Khan hiciera a la Sala para que le permitiera reanudar sus investigaciones en relación con lo ocurrido en Venezuela.
Las víctimas, sus familiares y representantes consideran que las averiguaciones hasta ahora conducidas dentro del país son insuficientes, porque solo han estado dirigidas contra los autores materiales, en su totalidad funcionarios de bajo rango, pero no contra los posibles autores intelectuales ni contra la línea de mando. Asimismo, dudan que esto ocurra porque la justicia está cooptada por el Gobierno, dice un trabajo de Acceso a la Justicia.
A pesar de que se trata de un proceso largo, defensores de DD.HH. aseguran que lo que ha pasado hasta ahora es una buena noticia para las víctimas que están a la espera de que se haga justicia.
El codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, declara que la fiscalía de la CPI considera que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y desnuda cada uno de los crímenes que han denunciado, la negación por parte del Gobierno y la respuesta de la fiscalía para cada objeción.
Después de leer y analizar a detalle trabajos de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y la información oficial publicada por la CPI, se puede concluir que es mentira que esta instancia internacional haya “confirmado” que “en Venezuela no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad”, como enfatiza el comunicado divulgado el 8 de mayo de 2023 por la Cancillería de Venezuela.
El texto del gobierno venezolano centra su argumento en la denominación de “víctimas potenciales” utilizada en la investigación que sigue la CPI. Sin embargo, este término es utilizado en las fases tempranas del proceso que, en el caso de Venezuela, sigue su curso.
