- Instituciones como la Policía Nacional Anticorrupción y el Ministerio Público, adelantan investigaciones contra los actos ilícitos cometidos por funcionarios del gobierno, pero es una acción recurrente que data de hace más de 20 años
- La falta de transparencia, aprovechamiento indebido de bienes del Estado, lavado de dinero, entre otras acciones punibles, han sido la sombra de algunas de las gestiones del actual sistema de gobierno
- Sólo la última trama de corrupción de PDVSA y Sunacrip le costó a Venezuela más de 21.000 millones de dólares, equivalente a tres veces el presupuesto fiscal de la nación, según análisis de economistas
Por Kemberling Rodríguez
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se expresó a propósito de las recientes detenciones por casos de corrupción de algunos funcionarios públicos, especialmente sobre la privativa de libertad de Pedro Hernández, alcalde de Santos Michelena del estado Aragua:
“Los corruptos no tienen espacio en la revolución, caiga quien caiga, lo vamos a enfrentar; no nos interesa porque tenemos claro el camino de lo que hay que hacer”. Sin embargo, las consultas realizadas a fuentes documentales revelan que la actual gestión gubernamental venezolana tiene expedientes abiertos por actos ilícitos desde la llegada al gobierno del fallecido Hugo Chávez Frías y durante la administración del actual mandatario Nicolás Maduro.
El equipo de Cotejo.info fijó su lupa en esta afirmación de Cabello y encontró informes e investigaciones que detallan desfalcos y hechos de corrupción en el país, durante los últimos 20 años, por lo que califica la afirmación como una media verdad a pesar de la gesta anticorrupción emprendida con el inicio del presente año.
Dos extesoreros nacionales de la gestión de Chávez: Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén, son dos de los casos conocidos de detenidos por autoridades estadounidenses por lavar dinero proveniente de negocios corruptos.
En 2019, la ONG Transparencia Venezuela aseguró que unas 20 naciones investigaban casos de corrupción asociados al país: Estados Unidos, España, Portugal, Ecuador, son algunos de los que iniciaron averiguaciones.
Según esta organización, Venezuela suma más de 400 casos de corrupción desde el año 1999 al presente.
El gobierno de Nicolás Maduro Moros también ha estado marcado por acciones ilegales que han sido repudiadas por ciudadanos venezolanos y por organizaciones independientes, así como por la justicia y organismos internacionales.
De allí que la frase de Diosdado Cabello reciba el calificativo de media verdad, debido a que si bien es cierto el Ministerio Público adelanta mecanismos de investigación para dar con posibles delitos de corrupción; la apropiación del patrimonio público y la legitimación de capitales, entre otros hechos punibles, han sido recurrentes por más de 20 años de gestión de la denominada “revolución bolivariana”.
Desde el Gobierno de Hugo Chávez
En un reportaje de la BBC, explican que Hugo Chávez Frías utilizó los casos de corrupción que involucraban al expresidente Carlos Andrés Pérez para catapultar su candidatura a las presidenciales de 1998.
Poco tiempo después, su propio gobierno empezó a verse envuelto en las mismas circunstancias. Uno de los casos más conocidos giró alrededor de malos manejos de recursos por el Plan Bolívar 2000, impulsado a inicios de su mandato, en 1999, con la promesa de ofrecer alimentos subsidiados y viviendas a la población.
Para el año 2018, Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público, anunció la detención del militar retirado Víctor Cruz Weffer, quien estuvo al frente de dicho plan y por participar en un desfalco de casi un millón de dólares.
Su detención se produjo luego de la revelación de los Panamá Papers que lo señalaron de abrir una sociedad oculta en la isla de Seychelles, África. Se dice que Weffer administró un presupuesto de 73.175 millones de bolívares, equivalentes a 114, 3 millones de dólares para ese momento.
En 2002, el Ministerio Público inició una investigación por una acusación emitida por el Seniat y por reportajes publicados en medios nacionales que aseguraban irregularidades en su gestión. En 2007 fue imputado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos.
Casos de corrupción en el sistema eléctrico
Las ONG Transparencia Venezuela y PROVEA, presentaron para el 2016 una investigación detallada de los casos de corrupción en el sistema eléctrico nacional, en la cual señalan que desde el año 2010 se invirtieron casi 30.000 millones de dólares en el mantenimiento de las estaciones de energía eléctrica en Venezuela, pero a pesar de la cuantiosa suma el racionamiento de electricidad se agudizó en esa época.
El gobierno atribuyó el racionamiento al fenómeno climático de El Niño, el cual ocasionó bajas precipitaciones, olas de calor y, por ende, sequía en los embalses como el que alimenta la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.
Entre las irregularidades detectadas bajo la administración del ministerio con competencia formado en 2009, están las contrataciones de la empresa Derwick Associates. Las ONG hacen referencia al periodista César Batiz, quien aseguró que la empresa suscribió un contrato con la Electricidad de Caracas por 198 millones de dólares.
Dicha empresa no tendría la experiencia en el área para la construcción de la planta Picure, ni siquiera estaba en el Registro Nacional de Contratistas.
Se reveló que ante la emergencia eléctrica, decretada en febrero de 2010, surgió el planteamiento de construir dos plantas en el Guri y los equipos para ese proyecto ya estaban comprados desde el 29 de diciembre del año 2009. “Ese día, Energy Parts, una filial de ProEnergy, vendió a Derwick cinco turbinas, todas usadas, por 138 millones de dólares. Como un acto reflejo, la empresa venezolana facturó a la CVG 165,5 millones, un margen de 27,5 millones de dólares en una sola movida”.
De allí que, fuera detenido en España en el 2018, Javier Alvarado Ochoa, ex miembro de la Junta Directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca), viceministro de Energía Eléctrica y director de Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), cargos que ocupó durante el mandato de Chávez.
Ochoa fue citado por presuntos sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambios de contratos durante su gestión al frente de la Electricidad de Caracas en el 2009 y acusado en EE.UU. por blanqueo de capitales procedentes de PDVSA según reseñó Corruptómetro y Runrun.es.
En 2018, una publicación de El Carabobeño, titulada Transparencia Venezuela: La corrupción se llevó 61 % de la inversión eléctrica en 15 años muestra las declaraciones de Jesús Urbina, miembro de la ONG, durante su ponencia en la III Feria de Derechos Humanos en el Zulia:
“Se han gastado 37 mil 691 millones de dólares desde el año 1999 hasta el 2016. Y los sobreprecios están calculados en nuestro informe en 23 mil 33 millones de dólares. Eso quiere decir que el 61 % del dinero que se invirtió en 15 años se fue por las cloacas de la corrupción, o mejor dicho, por el paraíso de la corrupción para aquellos que se beneficiaron de ese dinero”.
Extesoreros
A finales del año 2018, Alejandro Andrade, quien fuera guardaespaldas de Hugo Chávez y luego pasó a ser tesorero de la nación, fue condenado a 10 años de cárcel por un tribunal de Estados Unidos.
El exfuncionario fue acusado de lavado de dinero; admitió ante la justicia que aceptó sobornos de Raúl Gorrín por 1.000 millones de dólares con los que adquirió numerosas propiedades lujosas en EE.UU. Después de tres años y medio, fue liberado por cooperar con el gobierno estadounidense, reduciendo su condena un 65 %, como lo reseñó la cadena de noticias ABC.
Seguidamente, el 13 de mayo de 2022, Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera de Hugo Chávez y a quien también nombró tesorera nacional, en el período 2011-2013, fue extraditada de España a Estados Unidos.
Allí, la justicia le negó la libertad bajo fianza e inició su comparecencia por lavado de dinero. Por los mismos delitos por los que va a ser juzgada EE.UU. está reclamado a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas de Chávez.
Guillén, con el dinero obtenido de manera ilícita, compró 250 lingotes de oro valorados en más de 9.5 millones de dólares en 2014, además de propiedades en España. El 19 de abril de 2023, finalmente se emitió una condena contra Guillén y su pareja Adrián José Vásquez Figueroa; ambos deberán pagar 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada, cada uno, por lavado de dinero.
Asimismo, deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno.
Presunto lavado de dinero
En el año 2014, se abrió una cuenta de banco en el entonces Mercantil Commercebank, de Miami, donde el titular era Roberto Leyba, pareja de María Gabriela Chávez, hija del expresidente venezolano, señala un reportaje del Diario Las Américas.
Según el medio, la cuenta fue abierta dos semanas después de que la nombraran representante diplomática ante las Naciones Unidas. Dicha cuenta fue cancelada por presunto lavado de dinero proveniente de la corrupción.
“Los gastos en Nueva York formaron parte de la investigación debido a la relación de Leyba con María Gabriela, considerada en el sistema financiero norteamericano como una Persona Expuesta Políticamente (PEP), una designación que incluye a personas que ejercen o han ejercido cargos políticos en gobiernos extranjeros”.
El trabajo periodístico destaca que sólo en un lapso de tres días, entre el 23 y 26 de octubre, se registraron pagos por 9.000 dólares en la tienda Chanel de Manhattan.
“Entre las tiendas favoritas de María Gabriela, a juzgar por los registros de gastos y por las características de los establecimientos, estaban Forever 21 (con dos compras de casi $2.300), la tienda de ropa íntima Victoria Secret (tres visitas en cinco días con más de $1.000), y la tienda de cosméticos MAC de Times Square, visitada cuatro veces con desembolsos de más de $1.600”.
También en un negocio bilateral, entre Argentina y Venezuela, para exportar 80.000 toneladas de arroz, se detectó que la venta tenía un sobreprecio que estaría beneficiando a varios funcionarios de ese país y a la hija de Hugo Chávez. En total, dicha empresa hizo negocios por USD 23 millones. Según la investigación de El Clarín, la empresa Bioart realizó estas ventas con un sobreprecio cercano al 30 %.
Medios y ONG compilan los casos emblemáticos
Son numerosas las denuncias por corrupción contra el gobierno venezolano en los últimos años y esta verificación apenas aborda algunos de los casos más emblemáticos. Sin embargo, hay organizaciones en Venezuela que llevan un registro detallado de cada uno de los personajes favorecidos con dinero ilícito mientras ejercían cargos públicos, tanto en el gobierno de Chávez como del actual mandatario Nicolás Maduro.
La ONG Transparencia Venezuela, expone que alrededor de 50 investigaciones se han abierto, en unos 20 países, por corrupción con fondos venezolanos y al presente serían más de 400 los casos por corrupción, equivalente a 68.311 millones de dólares, según la data que llevan en Corruptómetro.
Nicolás Maduro, al igual que Diosdado Cabello y Tarek el Aissami, están señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico por parte de la Fiscalía de Estado Unidos, desde marzo del 2020.
Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, replicada por ABC, detalla que en los contenedores con productos del programa de alimentación CLAP -trasladados en barco desde México hasta Venezuela- había “camuflado dinero en efectivo de los carteles mexicanos en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes chavistas”, haciendo una “parada técnica” en Costa Rica, donde era entregado el efectivo para ser destinado a cuentas de funcionarios venezolanos en Rusia.
El asunto Alex Saab
En junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde, África, Alex Saab presunto testaferro de Nicolás Maduro, mientras ejercía el cargo de diplomático, ante una alerta de captura de Interpol. Podría enfrentar hasta 20 años de cárcel si se demuestra que lavaba dinero proveniente de la corrupción en Venezuela.
La justicia estadounidense acusa al empresario de 49 años y a su socio Álvaro Pulido de transferir unos 350 millones de dólares desde el país caribeño a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países.
El año pasado se supo que Saab fue cooperante de la DEA desde el año 2018, como lo informó La Voz de América, pero esta versión fue desmentida por su entorno y aunque el gobierno venezolano no se ha pronunciado al respecto, lo siguen defendiendo como diplomático.
Por su parte, Efraín Campos y Francisco Flores, sobrinos de Cilia Flores, esposa del mandatario nacional venezolano, fueron detenidos en Haití en un operativo hecho por autoridades estadounidenses y acusados de importar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
El Estímulo, explicó que un agente de la DEA, identificado como Sandalio González, indicó que dieron con la pista de los dos hombres, luego que un narcotraficante cooperante con EE.UU. informó sobre una reunión arreglada por un hermano de la Primera Dama, un funcionario de alto cargo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
A finales de 2022, Campos y Flores fueron liberados por el gobierno de Joe Biden a cambio de siete ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela; cinco de los liberados fueron directivos de la petrolera Citgo.
PDVSA y Sunacrip
Desde el pasado 17 de marzo, el Ministerio Público reveló una trama de corrupción que involucra a la estatal petrolera PDVSA y a la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (SUNACRIP), luego de unas investigaciones que inició la Policía Nacional Anticorrupción.
En medio de las investigaciones, Tarek el Aissami renunció a su cargo de ministro de Petróleo como una supuesta muestra de cooperación en las averiguaciones. 80 detenidos y 172 allanamientos, que según el fiscal general de la República han ocurrido en las últimas semanas, dejando al descubierto negocios turbios de funcionarios, un alcalde y empresarios.
La Voz de América, reunió las opiniones de varios expertos en economía y aseguraron que el desfalco por unos 21.000 millones de dólares representaría hasta tres veces el presupuesto fiscal de este 2023.
Por todo lo expuesto, se reitera el calificativo de media verdad a la afirmación de Diosdado Cabello: “Los corruptos no tienen espacio en la revolución”, ya que aunque el gobierno ha dispuesto de sus instituciones como la Policía Nacional Anticorrupción y el MP para llevar adelante algunas investigaciones por hechos de corrupción, son muchos los funcionarios del sector oficial involucrados en estos casos cuyo número parece sobrepasar la capacidad de respuesta de las instancias del Estado.
Según el Corruptómetro de Transparencia Venezuela, existen 219 casos que develan tramas de Gran Corrupción y “hasta marzo de 2023 sólo se conoce la cantidad de dinero comprometida en 61 % de los casos registrados (91), que asciende a un total de USD 68.311 millones”, en las últimas dos décadas.
