- Los líderes de la representación opositora no han hecho lobby (al menos públicamente) para el levantamiento de sanciones económicas que permitan liberar los recursos retenidos en bancos e instituciones del exterior, pero tampoco hay evidencia de que hayan boicoteado los acuerdos firmados en noviembre pasado
Por César Heredia
En vísperas de la Cumbre de Bogotá, encuentro organizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que reunió a líderes del Gobierno y de la oposición venezolana para dar continuidad a la negociación que ambas partes llevan a cabo desde 2021, Jorge Rodríguez aseveró que los sectores de la plataforma unitaria violentaron los acuerdos de México, firmados en noviembre de 2022 (minuto 1:18 del siguiente enlace):
Inmediatamente fue más allá. El jefe de la representación oficial manifestó que el bloque opositor boicoteó tales acuerdos.
A continuación, la transcripción completa del fragmento que recopiló el medio Monitoreamos:
“Venezuela tiene cinco puntos que llevar, a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y de avanzar para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad.
La primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales que desde el año 2015 se han impuesto en Venezuela, casi en un número que se acerca a las 1000 sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo, de nuestro oro y en contra de las personas también.
En segundo lugar, el dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado; el oro de Venezuela que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de Citgo, tienen que ser devueltas por completo a quien le pertenece, que es al pueblo de Venezuela.
En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataques a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos, o a través de la Corte Penal Internacional (CPI) se detengan porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes.
(…) Que se dé la libertad inmediata del diplomático Alex Saab.
Y, por último, además presidente (Petro), han dicho muchas veces estos sectores de la plataforma unitaria (sobre) la necesidad de reanudar los diálogos de México. Resulta que quien violentó los diálogos de México fueron (sic), precisamente, los aliados de este sector de la oposición venezolana, boicoteando el acuerdo que se firmó en noviembre”.
¿Qué se acordó en noviembre de 2022?
El pasado 26 de noviembre el Gobierno de Venezuela, la plataforma unitaria y el facilitador del Reino de Noruega, Dag Nylander, firmaron un documento llamado Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano. Este contemplaba la «determinación» y la «puesta en marcha» de medidas, consideradas necesarias, para la protección social de los venezolanos.
Para ello, las partes acordaron constituir una Mesa Nacional de Atención Social, organismo que trabajaría en la concreción de estas acciones, con base en lo establecido en el proceso de diálogo y en el acuerdo en sí.
Las áreas de atención de las medidas se centraron, según el documento, en la estabilización del sistema eléctrico nacional, la ampliación del Programa Mundial de Alimentos, la atención a la infraestructura educativa pública y la implementación de respuestas a las fuertes lluvias que se dieron en Venezuela durante el 2022.
El financiamiento para estas áreas prioritarias saldría de un mecanismo llamado Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano, que sería gestionado bajo las normas y procedimientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que se alimentaría de los recursos pertenecientes al Estado venezolano congelados en el sistema financiero internacional.
Los puntos de Rodríguez no estaban incluidos
En primer lugar, en ninguna parte del documento se establecieron algunas de las condiciones que Jorge Rodríguez mencionó el pasado 24 de abril como necesarias para avanzar en las negociaciones entre gobierno y oposición, como el levantamiento de las sanciones a funcionarios gubernamentales, el cese de las investigaciones que lleva a cabo la CPI “porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes” o la liberación de Alex Saab.
Básicamente, el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano contemplaba, en palabras de Nicolás Maduro Guerra (uno de los integrantes de la comisión negociadora), “liberar -en una primera fase- 3.000 millones de dólares (retenidos en distintas instancias producto de las sanciones) a través de la ONU para suplir las necesidades del país en áreas de salud, educación y servicio eléctrico”.
Seguimiento inexistente… al menos públicamente
El anexo A del documento contempló la creación de una Comisión de Seguimiento y Verificación del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, que sería integrada por cinco representantes de cada una de las partes, así como la figura de un facilitador.
Este facilitador convocaría a los representantes de ambas delegaciones a la primera reunión para la instalación de la comisión dentro de los siete días continuos siguientes a la designación. A su vez, dicha comisión se reunirá de manera ordinaria una vez al mes.
Sin embargo, al buscar «Comisión de Seguimiento y Verificación del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano» en Google, con el objetivo de dar seguimiento a las reuniones que para esta fecha ya debieron ocurrir, la información más reciente disponible data del mismo 26 de noviembre, fecha en la que se firmó este documento.
Ni la ONU en su web oficial, Nylander o el Reino de Noruega han dicho nada sobre el seguimiento del segundo acuerdo parcial. Antonio Guterres (secretario general de la ONU) o la ONU tampoco se han manifestado sobre este particular en Twitter.
En otras palabras, si hubo reuniones entre ambas representaciones no se hicieron públicas, en el mejor de los escenarios.
No se definieron lapsos
Gerardo Blyde, líder negociador de la plataforma unitaria, exhortó a mediados de enero de 2023 al gobierno de Maduro a volver a la mesa de diálogo. Además, fue reiterativo al argumentar que no se establecieron lapsos para la liberación de los recursos e insistió en la necesidad de buscar en conjunto soluciones a diversos problemas “que eran previsibles”, entre ellos los de tipo jurídico.
De hecho, fue un actor externo el que dio el primer paso.
Inmediatamente luego de la firma del acuerdo en noviembre, Estados Unidos emitió una licencia ampliada para permitir a la empresa Chevron importar petróleo venezolano, como medida de buena fe para contribuir al levantamiento gradual de sanciones y ayudar al financiamiento del fondo.
Asimismo, Blyde destacó en abril que el cese de las medidas sancionatorias será progresivo y que solo se producirá si se ven avances democráticos en el panorama político de Venezuela. Stalin González, otro de los negociadores, dijo que no se puede hablar de levantar sanciones sin hablar de elecciones, democracia, estabilidad y libertades económicas o políticas.
Por otra parte, quien tiene el antecedente de suspender las negociaciones es la representación de Maduro (1, 2, 3). En octubre de 2021, la delegación madurista anunció que se levantaban de la mesa de negociación con la oposición en México luego de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
Conclusiones
Las palabras de altos voceros gubernamentales en distintos momentos desde noviembre, entre ellos Maduro y Rodríguez, apuntan a ejercer presión para que sea liberado el dinero, así como influir en la opinión pública.
Pero la liberación de los recursos no depende directamente de la oposición como tal, sino de quienes sancionan (EEUU, Unión Europea, Inglaterra, etc.); mucho menos aspectos como la libertad de Saab o el cese de las investigaciones de la CPI.
Por esta razón, decir que la plataforma unitaria violó o boicoteó los acuerdos se parece más a una declaración política que a un hecho concreto.
No hay evidencia que respalde la hipótesis de que haya sido la oposición una “piedra de tranca” para la liberación de los recursos. En tal caso, lo que se podría decir de la llamada “alternativa democrática” es que sus integrantes no piden pública y abiertamente el cese de las sanciones. Pero de ahí a boicotearla, es otra cosa.
Veredicto
Debido a que es imposible verificar si existe un incumplimiento por alguna de las partes cuando no se conocen los detalles en torno a metas, actividades, tiempos de ejecución y responsables (ya que no fueron precisados a detalle en el acuerdo de noviembre), el equipo de Cotejo.info califica como media verdad las declaraciones de Jorge Rodríguez.
De acuerdo con la definición de Cotejo, se califica como media verdad cuando la verificación de datos/hechos y el análisis desarrollado por el periodista/equipo editorial han permitido demostrar que el discurso o dato evaluado es una manipulación de los hechos, de los datos planteados o una omisión de información relevante que no permite calificar lo evaluado como verdad o mentira.
En este caso en particular, con la información disponible no se puede chequear si los sectores de la plataforma unitaria violentaron los acuerdos de México.
