- Tras el anuncio oficial del cese de la emergencia sanitaria mundial, el equipo de Cotejo.info fijó su lupa en el impacto y las secuelas del sector salud
Por Osman Rojas Durán
El 13 de marzo de 2020 los funcionarios del gobierno confirmaron los primeros 2 casos de COVID-19 en Venezuela. Para ese entonces, diariamente los medios de comunicación en todo el mundo publicaban detalles de los estragos causados por una pandemia originada en China a finales de 2019 y que cobraba millones de vidas en Asia, Europa y América.
Antes de la llegada de la pandemia a territorio venezolano, la crisis del sector salud ya era un motivo de preocupación interna y externa, como se reflejó en un reportaje de la BBC publicado en febrero de 2019 y titulado: Cómo la crisis de salud en Venezuela se puede convertir en un problema para los países de la región.
A medida que los casos se acercaban al continente suramericano, los análisis y verificaciones del discurso público se centraban en si Venezuela estaba preparada -o no- para enfrentar la emergencia. El pronóstico era negativo.
En el presente reportaje, el equipo de Cotejo.info analiza las condiciones en las que se encontraba el país al momento de la llegada de la pandemia -marzo de 2020- y cuál es su situación actual, luego de que el pasado 6 de mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS) oficializó el final de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
La pandemia llegó en el peor momento
Nunca es buen momento para enfrentar una pandemia, pero los registros documentales revelaban en ese entonces que la situación de Venezuela era de las más desfavorables en la región y en el mundo.
Cuatro años antes, el 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional (para ese entonces con mayoría opositora) declaró la situación de crisis humanitaria en el país. La escasez de medicamentos y la precaria situación en los hospitales y ambulatorios de la nación fueron las razones esgrimidas por los parlamentarios para la medida.
Durante 2017, 2018, y 2019 las cosas fueron empeorando. La migración masiva promovida por la crisis política, económica y social presente en la nación sudamericana llevó a muchos trabajadores de la salud a abandonar sus puestos de trabajo.
Un reportaje de Nius Diario, basado en datos de la Federación Médica Venezolana (FMV) y otros gremios de la salud del país, señala que para noviembre de 2019 solo el 3 % de los medicamentos utilizados generalmente en hospitales estaban disponibles. Ese dato era aportado por las ONG que donaban insumos a los centros públicos.
Según la nota periodística, la Federación Venezolana de Farmacias reportó en 2015 que la escasez de medicinas en el país era del 80%. Estos eran los números de la salud en Venezuela para entonces. Paralelamente, durante estos días en China, ya se hablaba de una enfermedad mortal de rápida propagación.
En marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, los trabajadores de los hospitales denunciaron escasez de agua, pese a que una de las principales instrucciones de los organismos internacionales era el lavado de manos y el uso de guantes y mascarillas.
Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHGSA, por sus siglas en inglés) indicó que el 83% de los hospitales venezolanos no tenía agua y que el 94% de los lavados de mano no funcionaban.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) destacó en su informe del año 2020 que los hospitales perdieron el 80% de operatividad durante el primer año de la pandemia. La poca capacidad de respuesta que tenían los centros asistenciales en Venezuela se veía reflejada en las dificultades para detectar casos. El informe señala que:
“Venezuela recibió en octubre 2020, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 300.000 pruebas de antígeno y 35 equipos lectores para realizar entre 3.000 y 4.000 pruebas diarias, pero tras cinco meses solo se hicieron 21.583 pruebas, por falta de personal y dificultades logísticas”.
En 2021, el Índice Global de Seguridad Sanitaria le asignó a Venezuela un puntaje de 20,9 sobre 100, una de las 10 calificaciones más bajas de entre 195 países analizados.
Para el 2022, un informe de Transparencia Venezuela señaló que la inoperatividad en los hospitales seguía siendo del 70%. Aclara también que el 100% de los hospitales está sin equipos de imágenes, mientras que sólo 8% de los centros asistenciales cuenta con plantas eléctricas, aunque estas no funcionan.
Para este 2023 el panorama no es distinto. De acuerdo con la información publicada por los medios de comunicación, para este año sólo el 7,44% del presupuesto nacional está destinado para atender las necesidades sanitarias.
Todo esto ha proporcionado una fuga masiva de trabajadores dentro de los hospitales, pues las últimas estimaciones de la FMV indican que al menos 42.000 profesionales de la salud han migrado en los últimos años.
A esta migración masiva se suma la cantidad de médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios que murieron a causa de la COVID-19. El último boletín publicado por Médicos Unidos en febrero de 2022 señaló que 823 trabajadores sanitarios murieron con síntomas asociados al coronavirus. Estos registros no son reconocidos por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Recientemente, la Encuesta Nacional de Hospitales divulgó que aunque se ha experimentado una leve mejoría del sector en comparación con el 2019, los niveles de operatividad siguen siendo críticos cuando se compara con otras naciones del continente.
Baja cobertura inmunológica
El 18 de febrero de 2021 se inició la aplicación de vacunas contra la COVID-19 en el país, sin un cronograma claro. Para el 10 de marzo de 2023, fecha en la que la Universidad Johns Hopkins dejó de llevar los registros de inmunización en todo el mundo, los números ubicaban a Venezuela como una de las naciones con el porcentaje más bajo de cobertura.
De acuerdo a esta data, se aplicaron 37.860.994 dosis, significa que en el 77,92 % de la población se colocó al menos una dosis. Estos números son inferiores a los registrados en naciones vecinas como Brasil y Colombia, que totalizaron 89,10% y 84,43%, respectivamente, con al menos 1 dosis.
En el siguiente gráfico mostramos los registros de naciones dentro del continente americano que colocaron al menos una dosis a sus habitantes.
Una nota publicada por Cotejo en febrero de 2022, a un año del inicio del proceso de inmunización, reveló que menos del 5 % de los venezolanos eran plenamente vacunados (con las 2 dosis recomendadas) cada mes en el país, de acuerdo con un análisis de los datos registrados en el contador de vacunas.
Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro aseguró en marzo de ese año que ya había inmunizado al 100% de los venezolanos.
La opacidad informativa también abarcó los balances diarios sobre el comportamiento de la enfermedad en el país. Las cifras del total acumulado de casos, nuevos contagios, muertes y recuperados, fueron cuestionadas por especialistas y otras organizaciones que crearon registros extraoficiales de las muertes en el sector salud.
De acuerdo con la data oficial publicada en la plataforma Patria.org, en Venezuela murieron 5.856 personas. Estos números no coinciden, por ejemplo, con la data compartida por Global excess deaths associated with COVID-19, January 2020-December 2021 que señala que para diciembre de 2021 en el país habían muerto 22.325 personas.
En marzo de 2022 el diario Tal Cual publicó un informe de la universidad de Tubinga de Alemania que mostraba una lista de 18 países cuyo registro por muertes asociadas a la COVID-19 era inconsistente. En esa lista figuraba el nombre de Venezuela junto con naciones como Siria, Rusia o Turquía.
Por todo lo expuesto, es claro que la crisis del sector salud venezolano ha sido una constante antes, durante y después de la pandemia. De ahí que organizaciones como Transparencia Venezuela reivindiquen “el llamado de la OMS para que en Venezuela se produzcan ‘mejoras en la salud pública’ y a que la ‘salud para todos’ sea una realidad”.
Según esta institución, “garantizar el acceso a la salud como un derecho humano fundamental, requiere de la implementación de políticas efectivas, transparentes, que pongan el foco en el ciudadano y que permitan que los recursos lleguen a donde tienen que llegar”.
