- La declaración del fiscal general de la República contradice el retardo procesal y los patrones de abuso que han sido denunciados en el país y documentados por instancias internacionales
- Luego de una solicitud de reconsideración y suspensión del proceso, por parte del Estado Venezolano, la CPI evaluó y concluyó que era necesario continuar las investigaciones.
Por Verónica Bastardo Vera
Tan solo días después de la firma de un memorándum de entendimiento entre Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI), que busca facilitar la asistencia técnica en las investigaciones por violación de Derechos Humanos (DD.HH.), el fiscal general de la República, Tarek William Saab, niega la necesidad de la labor de la CPI en la búsqueda de la justicia en Venezuela.
“En Venezuela hacemos justicia en materia de Derechos Humanos. No hace falta que una instancia trasnacional llámese CPI o como sea, haga lo que ya en el país estamos nosotros haciendo (…)”, dijo en una entrevista para Globovisión (ver desde el minuto 8 con 10 segundos) que fue reseñada en portales informativos del país (1).
En esta misma entrevista con Kiko Bautista, el fiscal general aseguró que el Ministerio Público ha sido “implacable” en las acciones penales relacionadas a denuncias sobre DDHH.
Como contexto, es de resaltar que desde noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) inició investigaciones que involucran al Estado Venezolano por crímenes de lesa humanidad, luego de una remisión hecha por un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma en septiembre de 2018. A medida que avanzan las investigaciones, el Gobierno venezolano ha buscado desestimar este proceso y la gravedad de las denuncias recogidas.
A su vez, las declaraciones del fiscal no concuerdan con los informes de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a los derechos humanos, activistas y el seguimiento de la Organización de las Naciones Unidas, por ello, le ponemos la lupa en Cotejo.info.
El punto no pasó, justicia -casi- inexistente
El último informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla casos en los que fuerzas de seguridad estatal, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), son responsables de violaciones de derechos humanos y “las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas…”.
Este mismo informe señala que el 98.2% de los casos políticos (persecución, asesinatos y detenciones) no son procesados por el Estado venezolano de acuerdo a los estándares normativos que deben ser aplicados.
En un informe reciente presentado por la Organización Justicia Perdón y Paz se analiza lo que consideran 9 años de impunidad, transcurridos entre 2014 y 2023, en los cuales ha prevalecido la injusticia y revictimización en los 334 casos documentados de “asesinatos por motivos políticos” en Venezuela.
Estos datos y los retardos procesales, que ya la ex alta comisionada de la ACNUDH -Michelle Bachelet- manifestó en su momento sobre los presos comunes, dejan ver el mal funcionamiento del sistema de justicia en Venezuela.
Laura Loza, directora ejecutiva y fundadora de Acceso a la Justicia, comenta que entre los jueces que cambian cada cierto tiempo y los fiscales que no aparecen en las audiencias, se afecta el proceso.
Entrevista realizada a Laura Loza, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, por la periodista Verónica Bastardo Vera para esta verificación del discurso público.
“Esto se reproduce en el caso de los presos políticos. Sin embargo, allí pareciera más una política de estado donde las audiencias se retrasan mucho más… cuando han logrado que se investigue un caso, del cual fueron víctimas (por violación de DD.HH.) directamente por un funcionario… no solo se reproducen todos estos males del sistema de justicia, sino que se aumentan, porque esas personas no consiguen justicia y se paralizan”.
La explicación de laura, va en sintonía con los informes y la más reciente decisión de la CPI de reanudar las investigaciones sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela, luego de contrastar con las víctimas la solicitud de “suspender” este proceso por parte del Estado venezolano por ser “injustificado”, ya que “la justicia venezolana se está haciendo cargo”.
¿Y el cumplimiento de la “no repetición”?
Dejando clara la existencia de problemas estructurales en el sistema de justicia venezolano, se suman casos de conocimiento público y notorio en que las víctimas han denunciado irregularidades y sus investigaciones siguen congeladas. Por ejemplo, casos como el de Roland Carreño, con cuatro juicios interrumpidos, sigue detenido.
Frente a esto, Lexis Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, recuerda que el Ministerio Público (es decir, el Fiscal General de la República) se ha comprometido y ha tenido acercamientos con la CPI en el proceso de estas investigaciones, incluso suministrando algunos documentos, por lo que debe cumplir con los estándares de la CPI.
Entrevista realizada a Lexis Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, por la periodista Verónica Bastardo para esta verificación del discurso público.
Las gestiones e investigaciones de la CPI tienen un impacto enorme para el país, especialmente en el contexto que describe Lexis: de violaciones sistemáticas de DD.HH. y de desinstitucionalización. “La posibilidad de que aquí tengamos un procedimiento de justicia real: investigación, verdad, reparación y no repetición…”.
No obstante, mientras la CPI investiga las denuncias de víctimas de violaciones de DD.HH. del año 2014, en el país se siguen dando casos de persecución y/o amenazas por razones políticas, como advierte el Foro Penal Venezolano.
Esta lista del Observatorio Nacional de DD.HH. detalla los casos de presos políticos por hechos sucedidos en el 2021, como el supuesto intento de secuestro a Diosdado Cabello. A su vez, los trabajadores de las Empresas Básicas del estado Bolívar, siguen siendo detenidos u hostigados por manifestar su descontento laboral, o denunciar la situación precaria de estas empresas públicas.
Y ahora es que quedan retos…
En la conversación exclusiva con Cotejo.info, Lexis Rendon destacó que este es un año preelectoral y que es en esas curvas de movilidad civil por exigencia de derechos cuando se repiten los patrones de represión grave y violaciones masivas de DD.HH.
Entrevista realizada a Lexis Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, por la periodista Verónica Bastardo para esta verificación del discurso público.
Por otro lado, como señala el especial de Provea, “2023: Retos para los derechos humanos en Venezuela” este año se caracterizó, desde su inicio, por el cierre de espacios cívicos para la exigencia ciudadana. Esto puede obedecer a la amenaza latente con el proyecto de Ley de las ONG, la cual impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y sobre la cual se han pronunciado actores internacionales que investigan sobre la situación de derechos humanos en el país.
Es de destacar, que en Venezuela tampoco se garantizan derechos fundamentales como acceso a agua potable, alimentación, educación o libertad de expresión, como destaca Humans Right Watch en su informe sobre Venezuela.
En este sentido, según investigación detallada de Transparencia Venezuela, esto en parte obedece a una gran corrupción por parte del Gobierno venezolano.
Considerando los resultados de las fases de la investigación de la CPI y su decisión de continuar con el proceso, la repetición reciente de patrones de persecución, acoso y amenazas a civiles por razones políticas y el contexto planteado por las defensoras de DD.HH. entrevistadas, las cuales resaltan la importancia de la labor de la Corte Internacional, se puede concluir que la afirmación del fiscal: “en Venezuela hacemos justicia en materia de derechos humanos” es una mentira.
