- Entre 2002 y 2015, la Contraloría General de la República inhabilitó a 1.401 funcionarios públicos, de acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia
- En 2021, la Contraloría inhabilitó al menos 48 candidatos de la oposición y el “chavismo disidente”, dejándolos sin poder postularse a cargos públicos en pleno año electoral
- La Contraloría ha excedido funciones inhabilitando candidatos sin una sentencia firme en tribunales y cometiendo vicios durante el proceso de suspensión
Por José Rivas
A principios de julio, el miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour, afirmó en una rueda de prensa que el “Gobierno de Maduro utiliza inhabilitaciones por vía administrativa para neutralizar actores y organizaciones no alineadas con sus intereses”.
Los artículos 42 y 65 de la Constitución de Venezuela establecen que las personas que no pueden postularse a cargos de elección popular son aquellas que recibieron sentencia firme por delitos durante el ejercicio de sus funciones o que afecten el patrimonio público, pero las inhabilitaciones aplicadas en Venezuela no cumplen con estos requisitos.
Las evidencias encontradas en el proceso de verificación demuestran que la afirmación del dirigente es verdad. La Contraloría General de la República (CGR), la cual se percibe como un brazo del gobierno actual, se ha encargado de truncar la carrera electoral de distintos actores políticos venezolanos.
En noviembre de 2017, la ONG Acceso a la Justicia publicó una infografía que resumía cifras sobre inhabilitaciones documentadas en 13 años, basada en datos de la CGR en sus memorias y cuenta. La imagen da cuenta de 1.401 funcionarios sancionados, siendo el 2015 el año con el mayor número de casos registrados para un total de 375, según esta ONG.
Entre 2008 y 2021, la Contraloría ha inhabilitado por vía administrativa a al menos 62 políticos adversos al gobierno, de acuerdo con una base de datos levantada por el equipo periodístico de Cotejo.info, basada en una revisión documental de publicación en medios y organizaciones no gubernamentales, cuyo foco estuvo en actores políticos que aspiraban a cargos públicos y se vieron afectados.
Algunos de los afectados tienen altos cargos directivos en sus partidos políticos, con poder de convocatoria importante o aspiran a algún cargo de elección popular fuera de las filas del gobierno.
Entre los políticos de oposición afectados están: Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Juan Guaidó.
Haciendo caso omiso a la sentencia de la CIDH
Las inhabilitaciones por vía administrativa no son nuevas. En 2008, la CGR inhabilitó al fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. La razón fue una investigación por un presunto conflicto de intereses cuando, antes de ser alcalde, trabajaba en la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y un supuesto mal uso de los recursos durante su gestión como alcalde.
El caso llegó a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una sentencia de septiembre de 2011, la Corte decidió que el Estado venezolano fue responsable por la violación del derecho a ser elegido en perjuicio de López.
La CIDH acordó entre las reparaciones que debían dejar sin efecto las resoluciones de inhabilitación contra López, asegurar que el político no tuviera impedimentos de inscripción en próximas elecciones y adecuar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
2021: año de inhabilitaciones contra opositores
En febrero de 2021, el contralor general, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación de 28 diputados opositores electos en 2015. De acuerdo con el funcionario, la medida se ejecutaba por “negarse a cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio”.
Entre los inhabilitados estaban: Ismael García; Antonio Geara; Américo De Grazia; Tomás Guanipa; Luis Florido; Carlos Paparoni; Freddy Guevara; Julio Borges; Gaby Arellano; Juan Pablo Guanipa; José Manuel Olivares y Mariela Magallanes.
Amoroso se amparó en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal que establece:
“Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años”.
Esto; sin embargo, viola los artículos 42 (El ejercicio de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley) y 65 (No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público) de la Constitución.
En meses previos y después de las últimas elecciones regionales de 2021, la Contraloría volvió a divulgar inhabilitaciones contra políticos opositores. El Gobierno venezolano inhabilitó a 27 candidatos, según la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE).
Del total, 15 de los inhabilitados eran postulados del Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización que se separó de la línea oficialista y empezó a cuestionar la gestión de Nicolás Maduro. Por otro lado, el partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89) sufrió la inhabilitación de otros tres candidatos que no habían tenido cargos públicos con manejo de fondos públicos.
La MOUE expresó en su informe final sobre las elecciones regionales y municipales de 2021 que las inhabilitaciones “afectó principalmente a partidos disidentes de la coalición gobernante”.
Resaltó que las medidas contradecían a la misma Constitución de Venezuela y recomendó “suprimir la prerrogativa de la Contraloría General” al despojar a ciudadanos de su derecho a presentarse como candidato.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) expresó en su informe sobre las elecciones regionales de 2021 que, pese a los avances en la reconstrucción de la confianza en el voto, estos pasos no eran suficientes ante hechos como la suspensión del conteo en el estado Barinas y las inhabilitaciones “con total opacidad” de la Contraloría contra opositores y chavistas disidentes.
Freddy Superlano y la inhabilitación
Las votaciones a gobernador de 2021 también marcaron un precedente importante en materia electoral -más allá del número de inhabilitaciones- por la forma en la que se ejecutaron las mismas.
En Barinas, el candidato opositor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Freddy Superlano, lideraba las votaciones y estaba próximo a ser proclamado ganador. Pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó -posterior a las elecciones- suspender la totalización, adjudicación y proclamación del cargo a gobernador del estado Barinas.
¿Las razones? Una supuesta inhabilitación al candidato Freddy Superlano realizada en agosto de 2021 por la CGR. Las elecciones se repetirían, no sin antes también inhabilitar también a Aurora Silva y Julio Cesar Reyes, candidatos de la principal coalición opositora en la repetición de las elecciones en Barinas y al candidato del PCV, Aldemaro Sanoja.
El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, explicó que el árbitro electoral no recibió ningún oficio de la Contraloría sobre la inhabilitación de Superlano, pese a que sí habían sido informados de la inhabilitación de otros 24 candidatos.“El oficio de inhabilitación nunca llegó al CNE, por eso figuraba en los instrumentos electorales y recibió una votación suficiente para ser proclamado gobernador”, indicó.
De 12 meses a 15 años para María Corina
Otro de los casos que es ejemplo de las inhabilitaciones como herramienta para eliminar adversarios es la inhabilitación a María Corina Machado.
En julio de 2015, la Contraloría inhabilitó a la entonces parlamentaria opositora. La sanción fue de 12 meses, con el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. La fundadora del partido Vente Venezuela no había vuelto a participar en elecciones, hasta que en 2023 inició campaña para las votaciones primarias de la oposición y, de ganar, postularse a elecciones presidenciales en 2024.
En junio de este año la Contraloría informó que la inhabilitación es de 15 años, dejándola sin capacidad de aspirar a un cargo público y participar en las elecciones presidenciales de 2024.
La inhabilitación por 15 años se hizo pública sin una sentencia firme de un tribunal, en un momento en el que la dirigente atraviesa un pico de favoritismo y cuando toma protagonismo en las principales encuestas de intención de voto para las elecciones primarias.
La ONG dedicada a monitorear la administración de justicia en Venezuela, Acceso a la Justicia, explicó que la CGR se basó en supuestos errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio cuando era disputada entre 2011 y 2014 y una supuesta participación en la “trama de corrupción del presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó”.
Acceso a la Justicia detalló que entre los vicios que incurrió la CGR con la inhabilitación de María Corina están: incumplir lapsos para dejar abierto un expediente y aumentar sanciones; inhabilitar a una persona que no asume un cargo público desde hace casi 10 años; nulo derecho a la defensa y omitir los artículos 42 y 65 de la constitución.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó en un comunicado la última inhabilitación contra Machado. “Dicha decisión es arbitraria y contraria al Estado de Derecho. (…) El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia”.
Quitar del medio adversarios populares
Además de los antes mencionados, también se han visto afectados dos de los principales adversarios políticos a la presidencia desde 2013: Henrique Capriles y Juan Guaidó.
Capriles fue candidato presidencial unitario de la oposición en 2012 y en 2013, contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente. En la última contienda electoral perdió por menos de 300.000 votos luego de una gran movilización.
En 2017, siendo gobernador, fue inhabilitado durante 15 años. Supuestamente «por incurrir en supuestos ilícitos tipificados». Se argumentó que no había presentado el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del Miranda y que pactó convenios internacionales sin autorización.
Por su parte, en 2019 el parlamentario Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado de Venezuela, en contexto de una crisis institucional en Venezuela y fue reconocido por más de 50 países. Durante su pico de popularidad lideró protestas, aplicación de sanciones contra funcionarios del gobierno y un levantamiento armado fallido.
Guaidó fue inhabilitado en marzo de 2019 y nuevamente en febrero de 2021. En la primera ocasión, la Contraloría argumentó que la sanción fue por “ocultar y falsear datos en su declaración jurada de patrimonio, y por recibir dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificarlo”.
En 2021, fue inhabilitado por 15 años junto a 27 diputados más por presuntamente negarse a cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio.
Política de Estado que impide el derecho a ser elegido
Acceso a la Justicia, expuso en noviembre de 2021 que el derecho a ser elegido estaba siendo restringido por decisiones de la Contraloría y no por sentencia firme, como lo establece la Constitución de Venezuela.
En otra nota, la ONG afirmaba que “la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos forma parte de los instrumentos de asedio empleados por el Gobierno nacional para sacar del camino a sus rivales”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las inhabilitaciones de actores opositores eran una “política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país”.
A mediados de julio, el Parlamento Europeo también condenó la inhabilitación de actores políticos de oposición en Venezuela. Con 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones aprobaron la resolución en la que califican de “arbitraria e inconstitucional” la medida de inhabilitación.
Los eurodiputados consideraron las inhabilitaciones como “otro paso del régimen para obstaculizar el proceso electoral y anular cualquier perspectiva de retorno a la democracia”.
Ante las evidencias encontradas, la data levantada y las irregularidades cometidas por la Contraloría, el equipo de Cotejo.info determinó que es verdad que “el gobierno inhabilita para neutralizar actores políticos no alineados con sus intereses”, como dijo Yul Jabour.
Las inhabilitaciones vía administrativa han sido una herramienta para frenar las aspiraciones políticas de figuras adversas al gobierno.
