- Las inhabilitaciones en Venezuela provienen de la Contraloría General del Estado y según expertos en derecho, existe una ausencia comprobada de separación de poderes que pone en riesgo al Estado democrático participativo
- Las inhabilitaciones en Venezuela, son similares a las prácticas de los Gobiernos de Cuba y Nicaragua
Por Kemberling Rodríguez
A dos meses de las elecciones primarias de la oposición venezolana que dará como resultado a un representante que se medirá el actual mandatario venezolano en las presidenciales que deben convocarse para el año 2024, han cobrado relevancia los análisis de las inhabilitaciones políticas que afectan la disidencia, siendo el caso de María Corina Machado un ejemplo reciente que reavivó el debate sobre el tema.
En este sentido, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó lo siguiente durante el programa de televisión que conduce y es transmitido por Venezolana de Televisión (VTV): “nosotros no inhabilitamos a nadie, cada quien se inhabilita solo”, en un claro intento por desvincular al poder ejecutivo de estas medidas también aplicadas a otras figuras como Henrique Capriles y Freddy Superlano.
Tras hacer uso de los recursos de verificación del discurso público, el equipo de Cotejo.info otorga el calificativo de mentira a las declaraciones de Cabello, dado que aunque la mayoría de estas decisiones provienen del denominado Poder Ciudadano, representado por la Contraloría General de la República, existen especialistas y organizaciones que han denunciado la inexistencia de una separación objetiva de los poderes públicos en Venezuela.
Además, está comprobado que en el país existe una especie de persecución altamente expresada en la inhabilitación de cargos públicos para aquellos opositores y disidentes del sistema que preside Nicolás Maduro.
La revisión documental también demostró que existen vulneraciones del debido proceso, ya que dichas inhabilitaciones no son emitidas por el ente correspondiente: Tribunal Supremo de Justicia (también cuestionado por falta de independencia) y por ende carecen de legalidad. De allí surgen las voces de rechazo hacia estas medidas que Cabello intentó desmarcar de las acciones políticas.
En el año 2021, la Contraloría General de la República inhabilitó a casi 50 opositores, justamente cuando se preparaba el escenario para las elecciones regionales que elegirían a los gobernadores y alcaldes.
¿Qué organismo puede inhabilitar?
El artículo 42 de la Constitución de República establece que “el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la Ley”, pero el Gobierno venezolano ha consentido que se violenten dichos derechos a pesar de lo que establece la carta magna.
Sin embargo, las inhabilitaciones se ejecutan mediante la Contraloría General de la República y en la práctica estas medidas resultan meramente administrativas. Aun así, son consideradas por el poder electoral al momento de vetar una inscripción en un proceso electoral del candidato afectado.
Javi López, diputado ante el Parlamento Europeo, en una resolución de urgencia sobre las violaciones de derechos humanos en el mundo -divulgada a mediados de julio de 2023-, se refirió a las inhabilitaciones políticas en Venezuela y exhortó a las autoridades a cumplir las recomendaciones hechas por la comisión de Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (2021) para “devolver al país una senda democrática con elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes”.
Asimismo fue enfático en decir que la inhabilitación política en el país es una “práctica inconstitucional, arbitraria que retiene derechos políticos fundamentales mediante decisiones administrativas. Esta práctica imposibilita unas elecciones libres”, lamentando que en los últimos años hayan inhabilitado a centenares de opositores.
Frente a la inhabilitación de María Corina Machado, el medio de comunicación Voz de América reunió el sentir de varios sectores de la sociedad civil, quienes expresan que las sanciones emitidas por la Contraloría tendrían por propósito impedir la libre expresión de la voluntad de los electores. El gobierno, por su parte, argumenta que la potestad de inhabilitar a los políticos parte del artículo 105 de la Ley de Contraloría General que establece las sanciones por la “responsabilidad administrativa” de quienes hayan cometido actos “ilícitos”, tal como señala textualmente Voz de América en otro reportaje.
Los poderes públicos, instituciones y organismos “están obligados a consultar el registro de inhabilitados” de la Contraloría General, añade la ley. La oposición denuncia que ese listado de funcionarios vetados, además de ilegal, es opaco.
Un caso emblemático es el de Freddy Superlano, hoy candidato a las elecciones primarias por el partido Voluntad Popular. Dos semanas después de las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021, la justicia indicó que él nunca debió ser candidato a la gobernación de Barinas debido a una inhabilitación de la Contraloría, desconocida hasta entonces.
Sin separación de poderes
Desde hace varios años, medios de comunicación nacionales y del mundo, han evidenciado la ausencia de separación de poderes que afecta a Venezuela. Un caso emblemático de esta realidad ocurrió en el 2017, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia según la cual asumiría “todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional” (AN, electa en 2015 y de mayoría opositora).
Gerardo Fernandez, especialista constitucional consultado por la BBC en aquel entonces, expresó que el TSJ se “extralimitó” en sus funciones y lo comparó con el “Fujimorazo” de Perú, donde el entonces presidente Alberto Fujimori decidió cerrar el parlamento en el año 1992. «Esa decisión es una proclama política sin contenido jurídico que técnicamente no puede asimilarse a una sentencia porque usurpa, se extralimita y abusa del poder del TSJ. Es una decisión al margen de todo el orden constitucional, del Estado de Derecho y de la democracia».
De hecho, el ex alto comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó a las autoridades venezolanas a mantener la separación de poderes:
“Exhorto firmemente a la Corte Suprema a que reconsidere su decisión. La separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia, así como el mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para asegurar que los derechos humanos estén protegidos”El 21 de enero de 2022, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVEDA) en su Decimocuarto Encuentro: Crisis del Principio de Separación de Poderes en Venezuela, tuvo como ponente a la ex magistrada del TSJ y profesora universitaria, Cecilia Sosa Gómez, enfocando este tema en lo vivencial, además de lo meramente jurídico.
“Los poderes públicos que son depositarios temporales del mismo, al ser elegidos por el pueblo en cuyo nombre deben ejercerla han sido utilizados desgraciadamente para elevar el poder de los gobernantes ilegítimos que se legitiman precisamente con la manipulación del apoyo popular”, expresó Sosa.
Detalla que la forma de gobierno democracia-representativa sólo puede funcionar si el ejercicio de la libertad política y constitucional de los poderes permite abolir los abusos mediante la vigilancia y el “control recíproco de esos poderes separados”.
Por su parte, María Amparo Grau, abogada constitucionalista y docente, en un análisis de la separación de poderes y las leyes presidenciales del país, expuso que la crisis actual que atraviesa Venezuela se debe al incumplimiento de dicho precepto. Denuncia la “extralimitación” del Ejecutivo en las actividades propias de los poderes públicos.
Coincide con Sosa en que la existencia de un “verdadero” Estado democrático, según lo señalado por la Constitución, sólo será posible si hay contrapesos entre los órganos que conforman los poderes públicos nacionales teniendo como principio la coparticipación.
Inhabilitaciones en otros países
Otros Gobiernos del mundo también ejecutan las inhabilitaciones políticas contra opositores y demás miembros de la sociedad civil. Incluso existen casos más excesivos, como en Nicaragua, donde a los disidentes se les inhabilitan sus derechos ciudadanos de manera perpetua. Un trabajo periodístico de Confidencial, difundido a principios de este 2023, da cuenta de la inhabilitación de por vida de 14 ciudadanos nicaragüenses.
De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) existe parcialidad de los jueces y no existe ningún trámite “ni facultad de cambiar una sentencia firme”. Entre los detenidos hay sacerdotes católicos y seminaristas. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) cuestiona además que no tengan el derecho a la defensa; el Gobierno inhabilitó a 26 abogados, retirándoles su licencia y nacionalidad.
En Cuba, una investigación hecha por Human Rights Watch, evidencia que existe persecución política y privativa de libertad contra opositores y miembros de la sociedad civil que expresan ideas diferentes al Gobierno.
En el informe titulado “La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución”, se visibiliza que:
“Las autoridades cubanas continúan calificando de delitos penales actividades no violentas tales como las reuniones para debatir la economía o las elecciones, las cartas al Gobierno, las informaciones periodísticas sobre acontecimientos políticos o económicos, hablar con reporteros internacionales o defender la puesta en libertad de presos políticos. Aunque el número de juicios políticos ha disminuido en los últimos años, los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando a activistas de derechos humanos”.
Por todo lo expuesto anteriormente, se le otorga el calificativo de mentira a las declaraciones de Diosdado Cabello: “Nosotros no inhabilitamos a nadie, cada quien se inhabilita solo”, considerando que sí existe manipulación en el ejercicio de poderes públicos de parte del gobierno para violentar los derechos políticos de opositores, sobre todo en víspera de contiendas electorales, conclusión emanada del proceso de verificación sustentado en diversas fuentes documentales.
