Koddy Campos: “En Venezuela hay homofobia de Estado”

• La afirmación hecha por el defensor de derechos humanos de la comunidad LGTBI, Koddy Campos, es verdad. En el caso de la detención de 33 hombres en un spa en Valencia, Venezuela, hubo discriminación por razón de género desde el allanamiento al local, hasta la condena ejecutada por la jueza designada por el Ministerio Público

• De igual manera, las principales demandas de este colectivo, como el derecho a la identidad y el matrimonio igualitario, aún no han tenido respuestas del Ejecutivo nacional

Por Keren Torres Bravo

Koddy Campos, activista para los Derechos Humanos de la comunidad de lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales (LGTBI) dijo que en Venezuela hay “homofobia de Estado”, durante una entrevista realizada por Vladimir Villegas el 31 de julio de 2023, en ocasión de la detención de 33 hombres en un spa en Valencia, estado Carabobo.

Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, en entrevista para El País de España, alertó que este caso sienta un precedente con la detención e imputación de delitos que no habían visto antes y que “muestra la profundización de la criminalización de la homosexualidad en Venezuela”.

Velásquez ha denunciado en varias ocasiones la homofobia de Estado, refiriéndose a la persecución, extorsión y discriminación a las personas de la comunidad LGTBI, por parte de funcionarios públicos, principalmente policías, jueces y fiscales del Ministerio Público.

«Están legalizando la persecución hacia homosexuales, bajo un delito como ultraje al pudor. Cuando la Fiscalía y los jueces se concertan para criminalizar la homosexualidad, estamos hablando de una homofobia de Estado», reiteró por su parte, Koddy Campos, en la entrevista con Villegas.

El equipo de Cotejo.info fijó su lupa en este tema y tras el proceso de verificación se determinó que este discurso público es verdad, porque se demostró que en el Caso de Los 33 hubo discriminación desde el momento del allanamiento irregular al spa, posterior detención bajo engaño de las víctimas y una condena sin pruebas. Asimismo, las principales demandas de este colectivo, como el derecho a la identidad y el matrimonio igualitario, aún no han tenido respuestas del Ejecutivo nacional. Solo se han hecho adecuaciones a las leyes que sancionan la discriminación por orientación sexual.

El caso de Los 33

El domingo 23 de julio, durante un allanamiento en un spa para hombres, en la ciudad de Valencia, 33 personas fueron arrestadas. En principio se dijo que el supuesto motivo había sido una orgía, un hecho que en sí no constituía un delito, porque estaban sólo personas adultas, dentro de un local cerrado. Sin embargo, los hechos demostraron que esa información era falsa y el procedimiento policial estuvo fuera de ley desde el primer momento.

Los abogados de las víctimas afirman que hubo detención arbitraria porque los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) nunca mostraron una orden judicial para ejecutar el allanamiento, tampoco encontraron evidencias de los supuestos delitos, a los hombres se les engañó para que acudieran a la sede del cuerpo de seguridad como testigos y aunque fueron por su propia voluntad, fueron imputados por delitos inexistentes.

“Aún así, en la Fiscalía, donde deben analizar el caso y determinar que no había ningún delito, continuaron con la judicialización. Debían revertir la situación y explicar que no había presencia de delitos, porque estamos hablando de un sitio privado, donde habían hombres adultos. Esto podría sentar un precedente peligroso para la persecución en contra de personas LGTBI”, alertó Jesús Licet, abogado del dueño del local y los dos trabajadores.

Eleazar Medina, abogado defensor, destacó que aún quedaba pendiente el proceso penal contra el dueño del club privado y los dos masajistas, acusados de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Además, el fiscal general habló de “insalubridad en el local” como un delito que formaba parte de la investigación, el cual, según el profesional del derecho, acarrea sanciones pecuniarias y no detención. 

«Ultraje al pudor se refiere cuando una persona realiza actos de índole sexual en una vía pública o lugar público. La ley dice que será sancionado con prisión de 3 a 15 meses. Si este es el delito principal, entonces no existe delito. Porque evidentemente estamos en presencia de un local privado», aseguró Jesús Licet. 

Sobre el caso, Tarek William Saab, fiscal general de la República, dijo en rueda de prensa que el Ministerio Público pediría el sobreseimiento de la causa para 30, de los 33 detenidos en el spa. El 15 de agosto, la jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia Municipal con Funciones de Control con sede territorial en Valencia, estado Carabobo, firmó la libertad plena.

Según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, este sería el quinto spa para adultos allanado desde el año 2021. Antes ocurrieron situaciones similares en Valencia, Caracas, Maracaibo y Mérida, en donde la extorsión y discriminación son temas constantes.

En el balance realizado por la misma organización, desde enero hasta abril de 2023, titulado “Discriminaciones y violencias contra las personas LGBTIQ+”, fueron documentados 60 casos, en su mayoría cometidos por personas en situación de poder o influencia, seguido por funcionarios del Estado y por la seguridad privada de distintos establecimientos. 

Pronunciamiento conjunto

El 3 de agosto de 2023, más de 130 organizaciones venezolanas e internacionales, hicieron un pronunciamiento conjunto sobre el caso de Los 33, para rechazar “el escalamiento de la política de Homofobia de Estado y de algunos medios de comunicación contra las personas LGBTIQ+”.

“Todas estas situaciones contradicen lo expresado por el representante de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos ONU, señor Emilio Barroeta […] en junio 2023, quien afirmó que “la erradicación de toda práctica discriminatoria y el empoderamiento de los grupos vulnerables para el pleno ejercicio de sus derechos, como las personas sexodiversas, constituyen una prioridad para el Estado venezolano”, dice el comunicado.

En el pronunciamiento, las organizaciones acordaron “exigir al Estado venezolano el cese a la Homofobia de Estado, la criminalización, hostigamiento y extorsión a personas LGBTIQ+ de Venezuela”.

Leyes engavetadas

En Suramérica, solamente Paraguay, Surinam, Guyana y Venezuela no permiten a dos hombres o dos mujeres formar una pareja legalmente, con los deberes y derechos que esto conlleva. El proyecto de ley sobre matrimonio igualitario está engavetado en la Asamblea Nacional desde el año 2014, cuando la organización Venezuela Igualitaria lo presentó. 

“Venezuela es uno de los últimos países en la región en garantizar los derechos a este sector de la población. No existe matrimonio igualitario, no hay ley de identidad de género, no hay ley que tipifique los crímenes de odio como agravantes en los homicidios, pero tampoco hay políticas de prevención, educación y sensibilización a los funcionarios del Estado. Esto tiene consecuencias graves y se representa en el detrimento de la calidad de vida de las personas LGBTIQ+”, detalla Yendri Velázquez en el portal nomasdiscriminación.org.

Jau Ramírez, director de Somos, un movimiento activista que lucha por los derechos civiles de la población LGTBI, considera que lo logrado no es suficiente, ya que viven sin el reconocimiento de ningún derecho y bajo la negación sistemática por parte del Estado, lo que hace a esta comunidad vulnerable.

“En el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional están engavetadas muchas causas para hacer valer los derechos de esta comunidad, pero en líneas generales todos los poderes del Estado han decidido no reconocer por acción y por omisión los derechos de la comunidad LGBT”, comentó en una entrevista para la Voz de América.

¿Qué ha hecho el Estado venezolano?

Uno de los más recientes logros en materia legal es la anulación del último aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), donde se establecía pena de prisión entre uno a tres años, además de la separación de las Fuerzas Armadas “a todo militar que cometa actos sexuales contra natura”.

La decisión tuvo el carácter retroactivo de la nulidad, es decir, que cualquier caso que estuviera abierto antes de su fallo, el 16 de marzo de 2023, debería ser cerrado. La ONG Acceso a la Justicia explica que desde la presidencia del Circuito Judicial Penal Militar informaron que desde el año 2000 hasta 2023 ni un solo uniformado fue enjuiciado por cometer la conducta prevista en el ahora derogado artículo 565 del COJM.

Sin embargo, la misma organización recordó que “la afirmación sobre el desuso es cuestionable, ya que por lo menos se conoce un caso: el del soldado adscrito al Batallón de Infantería Motorizada G/J Justo Briceño, quien en 2013 fue detenido, procesado y condenado por mantener relaciones sexuales con otro hombre”.

También mencionan que hubo una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, porque se respondió en 24 horas una acción presentada por la Defensoría del Pueblo para la nulidad, aunque desde el 26 de noviembre de 2021 se había admitido una demanda de la organización Venezuela Igualitaria, que había sido interpuesta el 7 de diciembre de 2016. Acceso a la Justicia considera estos hechos como una evidente discriminación, porque fueron atendidas con celeridad las peticiones de instituciones públicas y no las de organizaciones civiles.

Una segunda acción que aplauden las organizaciones fue la creación de la Fiscalía 98° para atender asuntos relacionados con la comunidad sexodiversa, anunciada el 11 de mayo de 2022 por el fiscal general. 

Sin embargo, desde el OVV LGBTIQ+ admiten que desconocen el basamento legal para su creación y el fundamento legal para accionar. Yendri Velazquez denunció que los casos procesados son tipificados bajo delitos comunes, lo que invisibiliza a ese sector de la población.

Día Nacional contra la homofobia, transfobia y bifobia

Los diputados de la Asamblea Nacional (electa en 2015), firmaron el 12 de mayo de 2016 un acuerdo para declarar el 17 de mayo como Día Nacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, con el objetivo de visibilizar a la comunidad y poner la lupa en la discriminación. En el documento exhortaron “a todos los Poderes Públicos y a la sociedad venezolana en general a practicar la tolerancia y el respeto, mediante el reconocimiento de la identidad individual de cada ser humano, sin distinción alguna”.

Adicionalmente, solicitaron a la Fiscalía General de la República que estableciera “mecanismos efectivos con la finalidad de visibilizar, investigar y perseguir los crímenes de odio contra las personas con motivo de su identidad u orientación sexual” e instó al Consejo Nacional Electoral “a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil y permita el cambio de nombre, siguiendo los lineamientos sobre derechos humanos señalados en la ley”.

Dichos exhortos, hasta el 17 de agosto de 2023, no se han cumplido a cabalidad. Otros cambios en la legislación han sumado pequeños avances, como la inclusión de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Ley Orgánica del Poder Popular, en su artículo 4 (2010); en el artículo 14 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 21.

Conclusión

Después del análisis realizado por el equipo de Cotejo.info, es evidente que en el caso de los 33 hombres detenidos en un spa, la frase dicha por Koddy Campos, en la que afirmó que en “Venezuela hay homofobia de Estado”, es verdad. El allanamiento irregular, ejecutado sin orden judicial, la detención bajo engaño de las víctimas y el posterior juicio sin pruebas, demuestran una vez más que en Venezuela se siguen vulnerando los derechos de las personas LGBTI y la discriminación por género sigue en el tapete.

En el país, las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGTBI continúan en su lucha para lograr las peticiones básicas de derecho a la identidad, matrimonio igualitario, atención efectiva a los despidos injustificados, delitos de odio y discriminación por razones de orientación sexual.