- Aunque la oposición ya ha logrado vencer al sector oficial en un proceso electoral, los hechos documentados demuestran que el gobierno sigue aplicando mecanismos para dividir a sus adversarios, inhabilitar candidatos, intervenir partidos y desconocer resultados electorales
- Los antecedentes registrados muestran que, aunque el gobierno ha perdido elecciones, la nula independencia de poderes ha impedido que actores de oposición puedan asumir cargos y ejecutar planes de gobierno
- Hasta ahora, no hay claridad sobre las condiciones bajo las que se realizará la próxima elección presidencial
Por José Rivas
Quedan pocas semanas para la Elección Primaria de la oposición en Venezuela. El reto es lograr un candidato unitario de cara a la elección presidencial de 2024, en la que el sector oficial busca continuar su mandato, que en caso de lograrlo, arribaría a 31 años en el poder.
En este contexto, la abogada y candidata a la Primaria, Tamara Adrián, expresó en el debate Hablan los Candidatos: «El régimen venezolano puede ser vencido con votos«. (desde 1 hora con 13 minutos y 30 segundos).
En 25 años de mandato, el oficialismo no ha sido derrotado en ninguna elección que signifique la pérdida del poder ejecutivo nacional. Por otro lado, aunque el gobierno ha visto reducida su popularidad, los hechos documentados revelan que ha utilizado mecanismos, al margen de la constitución y omitiendo la independencia de poderes, para limitar el espacio democrático y ser vencedores.
Ante la información encontrada y la falta de evidencias que respalden la afirmación de Adrián, el equipo de Cotejo.info determinó que la declaración de la exdiputada es una media verdad.
Caída de la popularidad del «chavismo«
Desde 2012 hasta la fecha, el sector oficial ha reducido sus índices de popularidad. El fallecido Hugo Chávez, en su última elección presidencial (año 2012), logró 8.185.120 votos, un número que sus sucesores no han podido volver a repetir.
Nicolás Maduro pasó de obtener 7.587.579 votos en la elección presidencial de 2013 a sumar 6.248.864 de votos en 2018. Perdió alrededor de 1,3 millones de votos en 5 años.
Si se toman en cuenta los votos totalizados por el Gran Polo Patriótico (coalición política del oficialismo) se obtiene que de los 8,1 millones de votos que alcanzó Chávez en 2012, los candidatos oficialistas no lograron acumular 4 millones de votos en las últimas elecciones regionales de 2021.
Esto deja en evidencia la pérdida de popularidad y de votantes por parte del sector oficial, indicador que no ha sido suficiente para ceder el poder.
Además, hay otros factores a considerar y que están directamente asociados a la afirmación de Adrián.
Desconocimiento del voto popular
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), son considerados como dependencias del gobierno y al no existir -en la práctica- el ejercicio del principio de separación de poderes, en Venezuela se han vulnerado e irrespetado los resultados de las elecciones populares.
En 2015, la oposición ganó 112 de 167 curules de la Asamblea Nacional. Al lograr dos tercios del total, los diputados tenían mayoría absoluta por lo que podían reformar la Constitución, aprobar leyes orgánicas y convocar una Asamblea Constituyente para sustituir los jueces del TSJ, designar a los nuevos rectores del CNE, entre otras medidas.
Pero nada de eso sucedió. El TSJ ordenó suspender los efectos de las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, la medida dejaba sin representación parlamentaria a todo un estado e impedía que los legisladores opositores lograran mayoría absoluta en la Asamblea.
Además, los diputados electos fueron imposibilitados de legislar por medidas del poder judicial. Según un registro de Acceso a la Justicia, ONG dedicada a monitorear la justicia en Venezuela, entre 2015 y 2020 el TSJ emitió 145 sentencias contra el Poder Legislativo, usurpando o anulando funciones de los diputados, lo que los dejaba sin poder de decisión.
Partidos políticos intervenidos
Una de las razones que permitió a la oposición ganar las elecciones parlamentarias en 2015 fue la maquinaria que tenía en ese entonces, con organización y unidad de los partidos. Estos factores han cambiado con el debilitamiento y la intervención de las organizaciones políticas.
En 2020, el TSJ intervino dos de los cuatro partidos más importantes de oposición: Voluntad Popular y Acción Democrática. Con la medida, las juntas directivas fueron removidas por juntas ad-hoc designadas por el órgano judicial.
Esta misma intervención de partidos agravó la división de actores opositores, lo que generó pérdidas de espacios políticos en regiones donde el oficialismo es minoría.
Por ejemplo, durante las últimas elecciones de gobernadores, la oposición perdió en 11 estados por no presentar candidatos unitarios, sino que hubo varios aspirantes que terminaron diluyendo los votos de la oposición.
Uno de los casos más representativos donde la división generó derrota fue Táchira. Los dos candidatos opositores, Lady Gómez (135.000 votos) y Fernando Andrade (54.000) sumaron 189.000 votos en contraste con el candidato oficial, Freddy Bernal, que totalizó 138.00 votos y resultó vencedor.
En Lara, los candidatos opositores Henry Falcón (229.000) y Luis Florido (49.000) perdieron frente al candidato oficialista, Adolfo Pereira, que recibió 261.000 votos.En Bolívar, cuatro candidatos de oposición se dividieron 200.000 votos, en contraste con el candidato oficial, Ángel Marcano, que solo sumó 163.000 votos.
Fraude de Bolívar
Tener mayoría en las votaciones tampoco significa que se respeten los resultados y que los ganadores de oposición sean proclamados o que puedan ejercer funciones.
En 2017, el candidato a gobernador por Bolívar, Andrés Velásquez, denunció que el CNE había cometido fraude electoral para beneficiar a un actor político del oficialismo. Con actas en mano mostró que se habían modificado los votos en al menos 11 centros de votación para proclamar al candidato del PSUV, Justo Noguera Pietri.
De acuerdo con un informe del Observatorio Electoral Venezolano, se alteraron al menos 22.00 votos lo que representó: “El único caso de fraude demostrado el 15 de octubre y quizás de la prueba más emblemática de manipulación de resultados en la última década”.
Suspensión de proclamación en Barinas
En 2021, durante las elecciones regionales, el candidato opositor, Freddy Superlano, estaba por ser proclamado gobernador de Barinas, cuando el conteo fue paralizado y las elecciones suspendidas por decisión del TSJ.
El órgano judicial argumentó que el candidato opositor fue inhabilitado por parte de la Contraloría General de la República en agosto de ese año. Junto a Superlano fueron inhabilitados otros 3 candidatos opositores que no pudieron postularse en la nueva elección.
Aunque en la repetición de las elecciones volvió a ganar un candidato opositor, la sentencia del TSJ marcó un precedente de la nula independencia de poderes y de cómo el órgano judicial actuó a favor del sector oficial en el poder.
Ausencia de garantías electorales
Pese a que en 2021 se contó con un árbitro electoral “más equilibrado”, con mayor y más amplia observación electoral internacional, en Venezuela las garantías electorales siguen siendo 100% fiables.
El CNE trabaja con poca transparencia e independencia. El gobierno utiliza recursos públicos y medios de comunicación del Estado para impulsar sus campañas y candidatos oficialistas.
La ONG Acceso a la Justicia, en su informe Elecciones en Autocracia, el caso venezolano de 2017 a 2021, señaló:
“El chavismo multiplicó y perfeccionó sus prácticas para atacar y mutilar los valores democráticos, a tal punto que estas medidas se convirtieron en patrones y políticas de Estado para ganar elecciones”.
Entre las prácticas documentadas se encuentran:
- Modificación de la forma de votación de los pueblos indígenas a segundo grado.
- Intervención judicial de los partidos de oposición.
- Compra de votos, propaganda y manipulación del electorado.
- Entrega de bienes y alimentos con dinero público.
- Abuso de la Fuerza Armada.
- Inhabilitaciones.
“El ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos se ha visto obstaculizado, e inclusive neutralizado, en especial los derechos a la asociación, participación y sufragio, que son el triduo de todo sistema democrático. De esta forma es que se ha consolidado un círculo vicioso en materia electoral que tiende a perpetuarse en el país, así como quienes se mantienen en el poder desde hace más de veinte años”, finalizan.
Durante las elecciones regionales de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea documentó el uso de recursos públicos e infraestructura del Estado para movilizar electores y sumar votos a candidatos oficialistas.
“Los observadores de la MOE UE constataron el uso indebido de recursos del Estado en el 38,8 por ciento de los actos de campaña del PSUV. Estos usos, incluyendo autobuses para transportar a simpatizantes y funcionarios públicos, en algunos casos bajo presión, fueron generalizados en todo el país”, expresaron textualmente en su informe.
Asimismo, expusieron que se utilizaron “mecanismos de control social” como entrega de alimentos, bombonas de gas y bombas de agua para “obligar” a votantes a asistir a sus actos de campaña y votar por postulados pro gobierno.
La Misión también criticó la falta de independencia del TSJ y sus decisiones “motivadas políticamente” para interferir en el proceso electoral, en especial por la repetición de las elecciones en Barinas.
“Al ordenar la repetición de las elecciones en Barinas para el 9 de enero de 2022, el TSJ interfirió en las competencias del CNE. A pesar de ello, el CNE aceptó la decisión del TSJ y convocó las elecciones para la fecha fijada por el TSJ”, exclamaron.
Tras esto, la Misión recomendó que se trabajara en reforzar la separación de poderes, correctivos que no han ocurrido.
La sentencia del TSJ también fue reprobada por el Observatorio Electoral Venezolano en su informe sobre las elecciones regionales de 2021: “Unido al antecedente de las intervenciones de tarjetas de partidos políticos, y a los diversos señalamientos de ventajismo oficialista en el sistema de medios públicos, las irregularidades del caso Barinas y la controvertida repetición de la votación para el cargo de gobernador se convirtieron a la postre, desafortunadamente, en la marca de recordación de la calidad del proceso electoral en su conjunto”.
Inhabilitación de candidatos
El gobierno se ha encargado de eliminar políticamente a actores opositores de influencia en el país. El equipo de Cotejo.info contabilizó que la Contraloría General de la República inhabilitó por vía administrativa a unos 62 políticos entre 2008 y 2023.
Solo en 2021, año electoral, la Contraloría -violentando la Constitución- inhabilitó a 48 candidatos de la oposición y figuras disidentes, dejándolos sin capacidad de postularse a elecciones regionales.
Entre los nombres de inhabilitados están: Julio Borges, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Henrique Capriles, Freddy Superlano y María Corina Machado, estos últimos tres aspirantes a la Primaria de la oposición.
Cabe recordar que la última inhabilitación fue contra la fundadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado. La orden se emitió cuando la dirigente anunciaba su postulación a la Elección Primaria de oposición y cuando lideraba las encuestas como una de las favoritas con intención de voto.
Además de eliminar a los contrincantes de oposición de peso, las inhabilitaciones son una forma de estimular la abstención, dado que muchos potenciales votantes dejan de participar al no tener un candidato que los inspire.
A mediados de julio, el Parlamento Europeo calificó la inhabilitación de Machado como “otro paso del régimen para obstaculizar el proceso electoral y anular cualquier perspectiva de retorno a la democracia”.
Sin certezas ni garantías
La elección presidencial prevista para el año 2024 genera expectativa e incertidumbre.
Actualmente el CNE no tiene rectores para organizar y arbitrar los próximos comicios. Los cargos quedaron vacantes luego que dos rectores principales y seis suplentes (adeptos al oficialismo) renunciaron el pasado 15 de junio.
Tampoco se han realizado las gestiones para que los venezolanos en el exterior puedan votar desde sus nuevos países de residencia, un retroceso tomando en cuenta que más de 7 millones de venezolanos han salido del país, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y militante del PSUV, Jorge Rodríguez, anunció que no consentirían la participación de la Misión de Observación de la Unión Europea para la elección presidencial de 2024.
Ante las evidencias encontradas, el equipo de Cotejo.info concluye que la frase “el régimen puede ser vencido con votos”, expresada por Tamara Adrián, es una verdad a medias.
Aunque la oposición sí ha ganado elecciones, en los procesos electorales de Venezuela no se garantiza un proceso justo, tal como se observa en los análisis y fuentes documentales asociados al tema.
Además, la intervención de partidos políticos e inhabilitación de actores de oposición ha dividido a la oposición frente a los representantes del sector oficial que en la actualidad cuentan con todo el aparato del Estado a su favor.
