- La abogada y especialista en Derecho Internacional hizo esta afirmación al referirse a la deportación de 98 venezolanos ocurrida el 12 de agosto de 2023 desde la isla caribeña
- Informes de derechos humanos y noticias revelan que esta frase es verdad. Los migrantes venezolanos en esta nación caribeña son sometidos a tratos crueles, abusos laborales, sexuales, trata de personas y deportaciones ilegales, sin que el Gobierno de Venezuela alce su voz para exigir el cese de estas violaciones
Por Keren Torres Bravo
Lorena Vargas, abogada especialista en Derecho Internacional, afirmó que «el Estado venezolano no defiende a sus connacionales de las autoridades de Trinidad y Tobago«, durante una entrevista, en referencia a la deportación de 98 venezolanos el 12 de agosto de 2023 desde la isla caribeña.
Los migrantes, que formaban parte de un grupo de 200 detenidos en un popular local nocturno en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, fueron sacados de la isla en una embarcación, directo a Venezuela.
Esta deportación masiva volvió a poner en la mira al Gobierno trinitario, por incumplir los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes. Lorena Vargas detalló en sus declaraciones al canal VPItv, que el Gobierno venezolano debería elevar una queja para que Trinidad y Tobago cumpla estos estatutos; sin embargo, esto no ha ocurrido.
La crisis migratoria venezolana es uno de los desafíos humanitarios más apremiantes de la región. 7,7 millones de venezolanos han salido del país, en busca de seguridad y oportunidades, según cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes. Tan solo en Trinidad y Tobago viven 26.200 de estos migrantes.
“No puede ser que un país viole los derechos humanos flagrantemente y con tantas pruebas y que no haya nadie que les diga: o ustedes ponen coto a esta situaciones o habrá sanciones […] El gobierno venezolano en vez de exigirles, no lo hacen, simplemente la situación pasa desapercibida. Será a nivel internacional que pidamos que los organismos se hagan cargo de esta situación y les impongan a ellos advertencias o un ultimátum -como lo llamamos en derecho internacional- que deben acatar”, especificó la abogada.
Vargas se refiere a las reiteradas denuncias sobre los tratos inhumanos que han recibido los venezolanos en la isla caribeña, las deportaciones ilegales y el lamentable caso de un bebé que murió tiroteado cuando las autoridades de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, dispararon a la embarcación donde venía con su madre y otro grupo de venezolanos.
«Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida», dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para los refugiados y migrantes venezolanos. «Este incidente pone de manifiesto la difícil situación a la que se enfrentan las personas que se desplazan durante los desesperados y peligrosos viajes buscando seguridad».
Respuestas internacionales
La deportación de los 98 venezolanos fue condenada por organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron que los venezolanos fueron tratados como criminales. Amnistía Internacional emitió un comunicado el 17 de agosto de 2023, para exigir a las autoridades de Trinidad y Tobago que dejen de deportar a personas refugiadas y solicitantes de asilo.
“Todas las personas forzadas a huir de la situación de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela requieren una respuesta enmarcada en una perspectiva de derechos humanos, con estricto apego al principio de no devolución, sin importar su estatus migratorio. Encima, según información recibida por Amnistía Internacional, entre los individuos deportados, se encontraban personas con estatus de solicitantes de asilo y de refugiadas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Previamente, en el informe 2022/23 de la misma organización, presentado en el mes de abril, se señala que Trinidad y Tobago es “uno de los pocos países de las Américas carentes de legislación nacional sobre el asilo, pese a ser Estado Parte en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados”.
La Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la cual Trinidad y Tobago es signataria, establece el principio de non-refoulement (no devolución), que fija la obligación de los Estados de no devolver a una persona a un lugar donde su libertad, vida o integridad física puedan correr peligro.
Asimismo, varias relatorías especiales de la ONU han expresado su preocupación por la práctica continuada de la devolución de personas migrantes que utiliza la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.
Opacidad oficial
Como parte del proceso de verificación del discurso público, se revisó la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, en busca de un pronunciamiento oficial sobre la situación de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, a propósito de las deportaciones de agosto.
En el apartado Comunicados-MPPRE están disponibles todas las comunicaciones del gobierno venezolano en materia de política exterior. En el mes de agosto de 2023 difundieron 9 comunicados, pero ninguno está relacionado con la deportación de los 98 migrantes venezolanos.
La revisión de los comunicados divulgados en 2022 arrojó una nota en rechazo al “incidente en aguas territoriales de Trinidad y Tobago”, según el cual Maduro “instruyó a la Cancillería venezolana activar los mecanismos diplomáticos a fin de esclarecer este lamentable hecho, y establecer los protocolos binacionales necesarios para consolidar la dinámica de seguridad transfronteriza que preserve el buen entendimiento entre nuestros países”. Pero en adelante no se encontraron más alusiones sobre el caso.
Luego, mediante una búsqueda simple del nombre de “Trinidad y Tobago” en este portal, se encontraron varias informaciones que describen encuentros bilaterales o actividades realizadas por las misiones diplomáticas de ambas naciones. Sin embargo, se observó que entre septiembre y octubre de 2020 hubo al menos 3 reuniones bilaterales para analizar el tema del flujo migratorio (1, 2, 3). En la nota del primer encuentro online se menciona que “se establecieron distintos protocolos tanto para el manejo de la información así como para las deportaciones cuando sea el caso”.
En estas reseñas se habla de la necesidad de preservar los derechos humanos de los migrantes y de “frenar los flagelos que ocurren en la frontera común”. Sin embargo, en ningún momento se detallan las medidas específicas o iniciativas ejecutadas por ambas naciones. En 2021 y 2022 no hay nuevas reseñas de conversaciones en materia migratoria.
Por otra parte, en el primer semestre de 2021, se publicaron 2 entradas sobre la repatriación de venezolanos desde la isla caribeña. La primera nota tiene fecha del 26 de febrero de 2021 y da cuenta de la llegada de un vuelo con 95 venezolanos provenientes de Trinidad y Tobago, además cita un exhorto de la ONU “a las autoridades trinitenses a proteger los derechos de los niños migrantes, tras la deportación de 16 niños y 9 adultos venezolanos” ocurrida en noviembre de 2020.
“Reportes de organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos señalaron que la situación que afronta la isla caribeña por la pandemia del COVID-19, no justifica deportaciones que violan el derecho internacional”, dice el texto de la cancillería venezolana.
La segunda nota de repatriación, divulgada el 18 de julio de 2021, menciona la llegada al país del ferry Paraguaná I con 700 venezolanos en el primer Plan Vuelta a la Patria marítimo. Según esta publicación, “el ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, manifestó el interés del Gobierno trinitense de regularizar la situación de los migrantes venezolanos que residen en el país, para que puedan optar a un trabajo digno y tener acceso a los servicios básicos”.
Pese a esto, persiste la vulneración de los derechos de los migrantes venezolanos en dicho territorio, según los reportes de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
Aliados comerciales y diplomáticos
El 29 de agosto de 2023, el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Richard Young, fue recibido en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro, quien escribió en la red social X (antes Twitter): “Seguimos fortaleciendo las relaciones y alianzas con los pueblos del Caribe. ¡Continuemos en unión!”.
Para el momento de esa reunión en Caracas, habían pasado poco más de 15 días de la reciente deportación masiva; sin embargo, en este encuentro bilateral, Maduro guardó silencio sobre el trato del Gobierno de Trinidad y Tobago a los migrantes venezolanos, como ha sido su actuación en anteriores ocasiones sobre el mismo tema.
En relación con los acuerdos comerciales, la agencia de noticias Reuters reportó en enero de 2023, que la isla caribeña pagaría con alimentos y medicinas el gas venezolano. «Hemos hecho eso antes. Así que compramos el gas y lo pagamos de diversas maneras», dijo el primer ministro Keith Rowley.
Estos pactos van precedidos por apoyos irrestrictos al Gobierno venezolano ante los organismos internacionales. Por ejemplo, el 30 de junio de 2022, el Gobierno de Puerto España emitió un largo comunicado, en respaldo a Nicolás Maduro.
“Trinidad y Tobago ha seguido reconociendo al Excelentísimo Nicolás Maduro como el presidente democráticamente elegido de la República Bolivariana de Venezuela, en consonancia con su reconocimiento ininterrumpido en las Naciones Unidas, y ha rechazado el supuesto Gobierno Interino de la Asamblea Nacional de Venezuela, que surgió en enero de 2019, dirigido por el Sr. Juan Guaidó”, dice parte del texto.
La alianza comercial y diplomática entre los Gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago no es reciente. Según un trabajo de investigación realizado por Armado.info, desde Puerto España se han aliado a Nicolás Maduro, en el marco de acuerdos de cooperación, durante varios años.
En el reportaje “Malos tratos para los venezolanos, carita feliz para Maduro” se detallan las hostilidades a que se enfrentan los migrantes, que van desde el abandono consular hasta las deportaciones, multas prohibitivas, explotación laboral y condenas de prisión. En la isla, hasta el año 2018 -fecha de la publicación- ni uno de los venezolanos detenidos por causas migratorias había sido visitado por el personal del consulado venezolano.
El texto periodístico también señala las veces que las autoridades de Puerto España habían dado su apoyo al Gobierno venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), desde la petición de reconsideración de la convocatoria para la Asamblea Constituyente, hasta la discusión para desconocer las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, cuando 19 países votaron a favor, pero Trinidad y Tobago se abstuvo.
Conclusión
Después del análisis realizado por el equipo de Cotejo.info a la declaración de Lorena Vargas, quien afirmó que «El Estado venezolano no defiende a sus connacionales de las autoridades de Trinidad y Tobago«, se concluye que la frase es verdad y está respaldada por informes de derechos humanos y noticias que revelan una situación preocupante para los migrantes venezolanos en esta nación caribeña, quienes son sometidos a tratos crueles, abusos laborales, sexuales, trata de personas y deportaciones ilegales, sin que el Gobierno de Venezuela alce su voz de manera contundente para exigir el cese de estas violaciones.
Es una realidad que sobre la más reciente deportación de 98 venezolanos desde Trinidad y Tobago, ejecutada el 12 de agosto de 2023, no hubo ningún tipo de pronunciamiento oficial de parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
