- La ONG, Acceso a la Justicia, lista las irregularidades que anulan la inhabilitación de la candidata, no obstante, en el país no se cumplen los derechos políticos a cabalidad por una crisis institucional de separación de poderes
- El Tribunal Supremo de Justicia rechazó dos recursos para la revisión de su inhabilitación, pero no validó ni invalidó la sanción administrativa
Por Verónica Bastardo Vera
La líder de oposición, María Corina Machado, sigue siendo blanco de contenido desinformativo. Debido a los vacíos e inconsistencias asociados a su inhabilitación política, es frecuente que circule contenido diseñado para confundir y generar expectativas entre sus seguidores o detractores.
«Maria Corina Machado está legalmente habilitada y puede ser candidata presidencial», asegura una publicación en Facebook que se sustenta en un video (también compartido en Instagram) en el que sale un usuario explicando que María Corina “sí está habilitada” dado que la inhabilitación sólo duraba 12 meses, haciendo referencia a un proceso administrativo de 2015.
Sin embargo, no se puede precisar el estado de la inhabilitación de María Corina Machado debido a un contexto mayor de crisis institucional, inconsistencias y carencia de respuestas de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ante eso, es necesario dar contexto.
Contexto: poca separación de poderes
En 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció esta situación ante la decisión de la Corte Suprema de asumir las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015 luego de declararla en “desacato”.
En 2020, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), denunció las formas en que el gobierno venezolano “ha utilizado a su favor los poderes públicos, y en especial el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
De aquí se destaca, también, la documentación que ha realizado Cepaz alrededor de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que en su momento sirvió como órgano paralelo a la Asamblea Nacional que aprobó leyes fuera de rango constitucional y fuera de acuerdos internacionales.
En 2022, la Misión de Observadores de la Unión Europea, hizo un llamado al TSJ a asumir una mayor separación de poderes y velar por la autonomía del CNE luego de fungir como observadores en las elecciones de gobernadores de ese año.
Un limbo por la crisis institucional
Si bien, existen factores irregulares (la ONG Acceso a la Justicia los reseña) alrededor de la inhabilitación de María Corina, Venezuela sufre una crisis institucional que compromete la separación de poderes en el ejercicio de funciones de las distintas instituciones del Estado.
Se requiere el ejercicio de poderes/instituciones públicas autónomas para afirmar 100% que María Corina Machado no está inhabilitada.
La Ley Orgánica de la Contraloría, promulgada en 2010, otorga al contralor general la facultad de inhabilitar para el ejercicio de los cargos públicos hasta por 15 años. Acceso a la Justicia señala que esto está en contradicción con la Constitución, “que en sus artículos 42 y 65 señala que el ejercicio de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme”.
No obstante, el gobierno venezolano -desde la Contraloría General- asume la inhabilitación como válida para considerar a la líder de oposición inhabilitada. Mientras, el TSJ no ha validado ni invalidado esta inhabilitación. Lo que sí ha hecho es rechazar recursos de revisión.
No es la inhabilitación de 2015
La publicación que circula en Facebook se vale de un video del contralor del año 2015, Elvis Amoroso, que señala que la inhabilitación duraba 12 meses, no obstante, este es un proceso nuevo (bajo el mismo expediente de 2015, otra irregularidad) y se le vincula a una supuesta “trama de corrupción” de Juan Guaidó.
Lo cierto es que no se puede confirmar que María Corina Machado está legalmente habilitada, como señala la publicación en Facebook. Se debe considerar el contexto, ya que esto amerita de un ejercicio de separación de poderes que en Venezuela no se está cumpliendo a cabalidad, a pesar de las irregularidades detrás de la sanción.
Por tanto, al contenido verificado le falta contexto y resulta engañoso para las audiencias.
Este texto periodístico de Cotejo.info es parte de la Iniciativa Third Party Fact-Checker de Facebook en Venezuela. Este programa de verificación independiente se lleva adelante desde 2016 y trabaja actualmente con más de 80 socios periodísticos en distintas partes del mundo
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