- El seguimiento realizado por el portal de Statista contradice la afirmación realizada por el político venezolano, integrante del movimiento “Seguimos avanzando”. El top tres de los países con más sanciones impuestas lo ocupa Rusia, Siria e Irán
- Las sanciones son una medida coercitiva que adopta un país con respecto a otro o una organización internacional con respecto a un país. No son crímenes de lesa humanidad como también aseguró Sánchez
- La pobreza y el hambre no son causados por las sanciones. Sin embargo, dichas medidas dificultan la recuperación de Pdvsa y otras empresas venezolanas, las cuales observaban bajas en su producción previo a las primeras sanciones
Por Verónica A. Bastardo V.
El exdirigente de Fuerza Vecinal, Leugim Sánchez, quien actualmente impulsa un movimiento político en los Altos Mirandinos llamado “Seguimos Avanzando”, compartió por medio de redes sociales “su opinión” con respecto a “las negociaciones entre la oposición y el gobierno venezolano”, mediante un discurso grabado en el que también critica ampliamente las sanciones a Venezuela.
Asegura en el video que “Venezuela es el tercer país con más sanciones impuestas en el mundo. 930 en tan solo nueve años”, luego de presentarse como joven venezolano y padre. En la descripción de su publicación en Instagram agrega que estas sanciones “constituyen un crimen internacional de lesa humanidad y que generan consecuencias fatales en el desarrollo económico del país”.
Agrega que aquellos que solicitan sanciones “están atentando contra su país” y que estarían “solicitando hambre y miseria” mientras señala -sin nombres- que quienes hacen este llamado “viven cómodamente” en Miami o en el Este de Caracas, capital de Venezuela. Cierra haciendo un llamado electoral para las elecciones presidenciales de este 2024.
Si bien, su rechazo a las sanciones es una posición ciudadana válida como cualquier otra, existen tres puntos clave de su discurso que deben ser verificados y cotejados: ¿Las sanciones constituyen un crimen de lesa humanidad? ¿Es Venezuela el tercer país con más sanciones? ¿Son la causa del hambre y la pobreza en Venezuela?
El equipo de Cotejo.info le puso la lupa al tema y tras el análisis del discurso público determinó que se trata de una mentira.
Los básicos de una sanción internacional
En la dinámica de la política internacional de los países, existe un método coercitivo conocido como “sanción” o “sanciones”, un término popularizado en Venezuela para impulsar distintas narrativas en pro o en contra de estas medidas. Para identificar si se trata o no de un crimen de lesa humanidad se debe empezar por su definición.
De acuerdo con el World Economic Forum, “son medidas coercitivas que pueden aplicarse a las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre Estados. Por lo general, no son de carácter militar y son impuestas por un Estado contra otro (sanciones unilaterales) o por una organización internacional, como las Naciones Unidas (sanciones colectivas)”.
Luis Peche Arteaga, internacionalista venezolano y Gerente General de Sala 58, explicó en entrevista para Cotejo.info que son estrategias “que buscan cambios de actitud con relación a otros estados” y precisa que existen distinciones entre sanciones:
- Individuales: “como gobierno de x país puedo prohibirle la entrada a cualquier persona que yo considere que puede ser perjudicial para para mis intereses”.
- Sectoriales: “por ejemplo, buscan prohibir el comercio bilateral entre Venezuela y Estados Unidos en este caso con el objetivo de presionar por cambios en la política en este caso de Venezuela”.
Esta misma diferenciación la hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España en su página web, señalando que estas precisiones se hacen para evitar efectos a terceros, a su vez, el ministerio especifica que las sanciones “deben ser siempre conformes con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos».
Narrativa exagerada: no es un crimen de lesa humanidad
Daniel Marín, abogado experto en derechos humanos (DD.HH.), inicia su entrevista para Cotejo.info siendo tajante: “Las sanciones no son crímenes de Lesa Humanidad” y para reforzar su afirmación citó lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma:
“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Como el mismo artículo 7 del Estatuto de Roma establece, estos actos o ataques deben ser generalizados y sistemáticos contra una población civil y con conocimiento del ataque. El abogado Marín destaca este aspecto del artículo porque una sanción no tiene ese objetivo, por tanto, no es un crimen de lesa humanidad.
Entrevista realizada por la periodista Verónica Bastardo el 15 de marzo vía WhatsApp
El internacionalista, Luis Peche, considera que el tema de las sanciones como crimen de lesa humanidad es un término exagerado. “Constituye un intento, más que nada, de adoptar una narrativa con relación a una medida adoptada por un estado de forma soberana… para realzar o agravar lo que son las sanciones y darles una naturaleza mucho más grave de lo que son”.
Entrevista realizada por la periodista Verónica Bastardo el 14 de marzo vía WhatsApp
Es de destacar un aspecto que el experto en DD.HH., Daniel Marín, menciona y es que las sanciones hacia un país, en realidad, buscan cambiar un comportamiento o persuadir un gobierno para que cambie un actuar que -muchas veces- transgrede los derechos humanos. El momento en que una sanción no tenga este objetivo principal, puede considerarse -más bien- que atenta contra la soberanía.
Y si bien se pueden dar “efectos colaterales”, que son consecuencias no previstas de las medidas tomadas, en palabras de Luis Peche, habría un perjuicio. “Sin embargo, no sé si entra dentro del término ‘violacion de DD.HH.’, porque esa aseveración es bastante grave.”
Rusia, Irán y Siria acumulan mayor número de sanciones
En el registro de Statista -empresa dedicada a la investigación de datos y que hace seguimiento de sanciones internacionales a países-, divulgado en febrero de 2023, Rusia se ubica en el primer lugar de sancionados con más de 14.022 medidas aplicadas en su contra, le sigue Irán con 4.268 y en tercer lugar se ubica Siria con 2.643. La lista, disponible al público general en el sitio Wayback Machine, ubica a Venezuela en el séptimo lugar con 651 sanciones vinculadas al país.

La premisa de 930 sanciones en 9 años proviene de una página gob.ve, dirección web que usa el gobierno venezolano, según una búsqueda simple realizada en Google, cuyo primer resultado dirige al portal del Observatorio Venezolano Antibloqueo y en concreto a la sección denominada “Mapa Geopolítico de Sanciones”.
En el portal oficial de este observatorio se detalla que es “una unidad técnica adscrita al Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) cuya función es la investigación, sistematización y seguimiento a los procesos económicos y sociales vinculados a la aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) y otras medidas restrictivas y punitivas impuestas a Venezuela por parte de otros Estados, grupos de Estados u organizaciones internacionales”.
A su vez, “ejecuta lineamientos definidos por el Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior, a través del Viceministerio de Políticas Antibloqueo”, lo cual explica el uso de una narrativa discursiva abierta anti-sanciones.
La publicación en esta web no ofrece detalles de metodología o pruebas que respalden la premisa “tercer país con más sanciones en 9 años”, como dijo Sánchez. Al contrario, aseguran que “Venezuela es el quinto país con más sanciones (930), impuestas en tan solo 9 años”, según sus “datos oficiales”.
No obstante, la cantidad precisa de las sanciones que tiene Venezuela por parte de otros países y organismos internacionales amerita contar, una a una, las resoluciones de cada país -esto incluye Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea-. Sin embargo, de acuerdo a la data en el registro de sanciones vinculadas a Venezuela que lleva el proyecto independiente Vendata, para 2021 se contabilizaban 846, sumando sanciones a bienes, personas y empresas.
De este registro, 536 son sanciones a individuos, 115 a empresas de estos individuos y 17 son a sus bienes, esto es el 79 % del registro total (846), según cálculos realizados con la data publicada por Vendata. Periodistas venezolanos especializados en el área de la política estiman que en realidad la proporción es del 90 %.
El hambre vino primero
Esta precisión sobre la proporción de sanciones entre individuos versus aquellas que vinculan empresas públicas de Venezuela es importante, debido a que las sanciones a personas no impactan de forma directa en la economía venezolana, ya que las consecuencias vinculan congelamiento de cuentas en el extranjero, denegación de entrada a países específicos y decomiso de bienes a estos ciudadanos sancionados.
Teniendo eso claro, la crisis económica en Venezuela inició previo a la primera sanción económica generalizada impuesta por Estados Unidos al país (en el año 2017) y la manifestación de crisis se vivió de manera palpable en “el año del hambre” (según Runrunes, 2016).
No obstante, las sanciones han complicado una posible recuperación económica (como detalla el reporte “Efecto de las Sanciones Financieras y Petroleras sobre Venezuela” de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) al ir restringiendo cada vez más las posibilidades de producción y exportación de petróleo en un país rentista.
Imagen: El trabajo “Desinversión y endeudamiento destruyeron a Pdvsa años antes de las sanciones” desarrollado por C-Informa ofrece contexto cronológico importante sobre la caída de la industria petrolera -principal fuente de ingreso para el país- previo a las sanciones
También es cierto que la industria petrolera venezolana (Pdvsa) se ha visto envuelta en casos de corrupción, negligencia y desinversión, lo cual también se traduce en obstáculos para la recuperación de la empresa a los niveles de producción que puedan mantener la renta de todo un país. Es de recordar que la corrupción denunciada en Pdvsa compromete al menos 42.000 millones de dólares, los cuales pudieron ser invertidos en la actualización y mantenimiento de la industria y sus trabajadores.
Las razones de la pobreza en Venezuela son multifactoriales, investigaciones y organizaciones no gubernamentales de carácter internacional la vinculan con la corrupción, la dependencia del petróleo y políticas públicas fallidas.
Es de destacar, que la conducción del país ha estado en el mismo círculo político desde hace 25 años, el cual ejerce poder y control en todas las instituciones del Estado, por tanto, la toma de decisiones y adopción de políticas públicas que promuevan mejoras sociales y el levantamiento de aquellas sanciones que sí impactan en la recuperación del país, está principalmente en sus manos.
Conclusión
Las sanciones son medidas dentro del derecho internacional que buscan cambiar el actuar de un país que ha sido vinculado a violaciones sistemáticas de derechos humanos, como ha ocurrido con Venezuela.
Expertos precisan que la aplicación de sanciones no son un crimen de lesa humanidad, puesto que el artículo 7 del Estatuto de Roma es muy claro en aquellos actos crueles que sí están dentro del delito. El Estado venezolano está siendo investigado por la CPI por supuestamente cometer estos crímenes contra un sector de su población.
A su vez, es mentira que “Venezuela es el tercer país con más sanciones impuestas”. Este lugar le corresponde a Siria, según datos internacionales y datos del Observatorio Antibloqueo del gobierno venezolano.
Es difícil precisar la cantidad exacta de sanciones a Venezuela, pero sí existen fuentes documentales que destacan que al menos el 79 % de ellas no son “a Venezuela” como país, si no a ciudadanos venezolanos vinculados a casos de corrupción, “amenazas de seguridad” y/o violaciones de DD.HH.
Las sanciones no son la causa directa del hambre de los venezolanos. Dificultan la recuperación económica por las restricciones a Pdvsa, pero la caída en la exportación petrolera inició años antes, y la adopción de políticas públicas insuficientes depende del gobierno interno del país.


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