El análisis del discurso aplicado a la afirmación del actual diputado ante la Asamblea Nacional, electa en 2020, y exministro del Trabajo, arrojó que se trata de una mentira
Medios de comunicación han reseñado que en las empresas estatales se informa a trabajadores que es obligatoria la participación en movilizaciones pro oficialismo
Por José Rivas
El 9 de julio, durante una entrevista en el canal de televisión Globovisión, el exministro del Trabajo y diputado de la Asamblea Nacional (electa en 2020), Francisco Torrealba, afirmó que “a nadie se le obliga a asistir a ninguna concentración oficialista”.
El militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) señaló que los trabajadores públicos asisten a las marchas del oficialismo porque ven al mandatario Nicolás Maduro como un obrero “igual” a ellos y que a nadie se le paga por su participación. “Por eso se producen las movilizaciones y el acompañamiento libre y espontáneo”, puntualizó.
Las declaraciones fueron realizadas luego del inicio de la campaña electoral y tras la circulación de un video de un motorizado en una marcha oficialista que afirmó: “Nosotros no vamos a votar por él (Nicolás Maduro), pero son 30 dólares lo que nos están pagando”.
Ante las evidencias encontradas, el equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) determinó que es mentira la afirmación de Torrealba sobre que no obligaban a nadie a asistir a ninguna concentración oficialista.
Hay antecedentes de coacción
El amedrentamiento, amenazas y hostigamiento contra trabajadores del sector público ha sido ampliamente documentado en Venezuela durante la actual gestión gubernamental.
Existen denuncias públicas de que los trabajadores del sector público son utilizados en horario de oficina para movilizaciones del partido de gobierno.
Una nota de El Nacional del año 2017 señaló que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías había obligado al personal a asistir a una concentración oficialista en el Palacio de Miraflores.
“Se le notifica que para el día 19-04-2017 está convocado todo el personal a una manifestación en el Palacio de Miraflores, en la avenida Urdaneta de la ciudad capital, a las 9:00 am, de carácter obligatorio”, fue el mensaje enviado por autoridades de este organismo, de acuerdo con el medio de comunicación.
Marchar o renunciar
La situación se volvió a repetir en 2019. Autoridades de Abastos Bicentenario, una cadena de supermercados del Estado, envió un correo electrónico a los trabajadores para obligarlos a ir a marchas del partido de gobierno.
“La gerencia de Abastos Bicentenario remitió la última semana de febrero una comunicación a cargos medios, en la que se dan las instrucciones a seguir en las marchas del gobierno de Nicolás Maduro”, detalla una nota del medio Banca y Negocios.
En el correo se lee que las personas deben asistir a las movilizaciones con carácter obligatorio. “Todos estamos en conocimiento de que las marchas hacen parte de nuestro trabajo (…) El empleado que no se sienta a gusto puede hacer uso de su renuncia voluntaria”.
En ese entonces, Jorge Luis Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos del Comercio (Sintruco), dijo al medio Banca y Negocios que el correo fue enviado a cuatro sedes de la empresa.
Otro caso reportado también ocurrió en 2019, cuando algunos estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) señalaron al medio digital El Pitazo que fueron obligados a asistir a una marcha oficialista por el Día del Estudiante Universitario.
“Tal es el caso de los jóvenes del primer semestre del Colegio de Enfermeras, quienes aseguran haber sido amenazados con perder sus cupos si no permanecían hasta el final de la actividad”, detalló textualmente ese medio.
Hay listas de asistencia
Además de ser obligados con mensajes y comunicados internos, los trabajadores tienen que reportar su asistencia a actividades del oficialismo. Otra nota de marzo de 2019, realizada por El Pitazo, así lo reseña.
“Nos obligaron a venir a marchar y nos hicieron firmar una lista y pasar una foto a un grupo en el celular para comprobarlo”, afirmó una trabajadora de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en ese entonces.
Por otro lado, una trabajadora en proceso de capacitación del Metro de Caracas, detalló a El Pitazo: “Nos dijeron que teníamos que venir y nos hicieron firmar documentos para verificar la asistencia”.
Es un mandato en las empresas básicas
En el estado Bolívar, donde hay al menos 35.000 trabajadores de las industrias estatales dedicadas a la explotación de minerales, esta práctica también ocurre.
El equipo de Cotejo.info recibió, el 5 de julio de 2024, una denuncia en la que obligaban a trabajadores de la estatal Ferrominera Orinoco a asistir a una marcha oficialista, el mismo día que la líder opositora María Corina Machado visitaba Ciudad Guayana.
“A mí esposo lo están obligando a ir a la redoma La Piña para la marcha de Maduro. Están esperando el transporte que va a salir del Club Caronoco”, afirmó una fuente que prefirió mantenerse bajo anonimato por temor a represalias contra su pareja.
De acuerdo con la fuente, esto es una práctica que ocurre siempre, incluso con personas que no son adeptas al partido de gobierno. “Ellos realizan una lista y deben de ir a la concentración”, puntualizó.
Denuncia pública en 2023
En octubre de 2023, trabajadores de la alcaldía del municipio San Rafael de Carvajal del estado Trujillo recibieron una circular en la que eran obligados a asistir a una marcha del oficialismo.
“Sírvase el presente informar que es de carácter obligatorio que todo el personal directivo, presidente de instituto autónomos, jefes de divisiones deben portar camisa roja para que asistan el 6 de octubre a la marcha que será en la Cabecera, parroquia Carvajal del municipio San Rafael de Carvajal por instrucciones del GD Wilson Marín Leal”, detallan textualmente en la circular.
También obligan a votar
Las medidas de hostigamiento contra empleados públicos no son solo en marchas. En 2017, la organización defensora de DD.HH., Provea, denunció que empleados están siendo obligados a votar en elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el oficialismo.
Trabajadores de Pdvsa, Sudeaseg, Corpoelec, Inces, Seguros Federal, Seguros La Previsora, Pequiven, Banco Bicentenario, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Metro de Caracas, Ministerio de Vivienda y Hábitat, Ministerio para la Educación, Hidroven, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Empresas Básicas de Guayana, Movilnet, Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, Red de Abastos Bicentenario fueron los principales afectados.
“No es la primera vez que, mediante declaraciones de funcionarios de diverso rango, comenzando por Nicolás Maduro, se advierten posibles represalias a trabajadores de dependencias oficiales. En 2016, Provea recibió denuncias de 16 mujeres trabajadoras de la Fundación del Niño Simón que fueron despedidas por haber firmado a favor del referéndum revocatorio. Con estos nuevos casos de hostigamiento y discriminación a ciudadanos que expresan sus preferencias políticas, se consolida una política de Estado que entraña una retaliación contra trabajadores de la administración pública, vulnerando, no solo su estabilidad laboral, sino el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento”, denunció la ONG ese entonces.
El oficialismo también cuenta con respaldo
Las denuncias de trabajadores y estudiantes no quieren decir que el oficialismo no tenga seguidores o no movilice a personas que, por interés particular, deciden ir a un acto político.
El oficialismo sigue teniendo una base de seguidores en el país. De acuerdo con el politólogo, Piero Trepiccione, entrevistado por Voz de América “el Partido Socialista Unido de Venezuela intensificará sus esfuerzos políticos para “reforzar” su maquinaria, que está fundamentada en un modelo conocido como “el 1×10”, donde cada militante debe captar y garantizar una decena de votos para Maduro”.
Sin embargo, la evidencia demuestra que hay denuncias de que se utilizan a empleados públicos para actos políticos, quienes terminan asistiendo a estos actos para evitar represalias o ser despedidos.
Ante las evidencias encontradas, Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) determinó que es mentira que no se haya obligado a nadie a participar en marchas oficialistas. Desde 2017, hay reportes de empleados del sector público que son coaccionados para que asistan a estos actos pro oficialistas.
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