- La afirmación del mandatario venezolano no coincide con los hechos documentados y denuncias, según las cuales los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a políticos opositores siguiendo las órdenes del gobierno
- Hay registros de alcaldes electos por voto popular que han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, luego de respaldar iniciativas contrarias a Nicolás Maduro
- Observadores internacionales denunciaron que la elección presidencial del 28 de julio ocurrió en un contexto de condiciones adversas para la oposición y no cumplió con estándares democráticos y de transparencia
El 20 de enero, durante la presentación de su mensaje anual a la nación, el mandatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que “la oposición venezolana tiene todas las garantías para organizarse y hacer política democrática, constitucional y electoral en el país”.
La alocución fue difundida en sus perfiles de redes sociales y en el canal oficial YouTube, donde es posible precisar la afirmación casi al cierre del discurso, a partir de las 3 horas con 25 segundos.
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Según la reseña de medios como Últimas Noticias, el gobernante aprovechó la ocasión para invitar a la oposición a participar en las elecciones parlamentarias y en los próximos comicios regionales (gobernadores y alcaldes) para “reconstruirse”.
“No reconozco en ustedes enemigos, reconozco en ustedes oponentes, adversarios, que tienen derecho a transitar su camino y defender sus ideas”, puntualizó.
El equipo de Cotejo.info fijó su lupa en la afirmación de Maduro sobre las supuestas garantías que tiene la oposición para hacer política democrática y determinó que es mentira. En Venezuela, las personas que decidan ejercer la política desde el sector opositor se enfrentan a peligros como: ataques, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, según fuentes documentales.
Registros de más de 1.500 presos políticos
Hasta el 24 de enero de 2025, la organización de derechos humanos Foro Penal contabilizó en su cuenta de Instagram al menos 1.601 detenidos en Venezuela por razones políticas, de los cuales 46 están en condición de desaparecidos y 4 son menores de edad.
Debido a la cifra elevada, en agosto de 2024, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que se había registrado “el número más alto de presos políticos del siglo XXI en Venezuela”.
Entre de los detenidos se encuentran políticos de relevancia para la oposición y aliados de Edmundo González Urrutia, ganador de la elección presidencial según las actas recopiladas por el Comando Con Venezuela, y María Corina Machado:
● Freddy Superlano, exdiputado y militante de Voluntad Popular
● Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela
● Henry Alviarez, coordinador de organización de Vente Venezuela
● Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela
● María Andreina Oropeza Camacho, coordinadora regional del Comando Nacional de Campaña del candidato presidencial de oposición Edmundo González, en el Estado de Portuguesa
● Américo de Grazia, exdiputado del estado Bolívar
● Williams Dávila, exdiputado y militante de Acción Democrática
● Biagio Pilleri, coordinador nacional del partido Convergencia
En un informe sobre Venezuela, publicado en octubre de 2024, la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contabilizó 121 detenciones contra personas que participaron en actos de campaña de la oposición, miembros de partidos políticos, simpatizantes de González Urrutia y personas que prestaron servicios en actos de campaña de la oposición (Pág. 32).
Estas detenciones fueron perpetradas por la policía política de la administración de Nicolás Maduro, violando el debido proceso e irrespetando los derechos humanos, según la Misión ONU.
“29 de las detenciones del periodo preelectoral fueron realizadas por los servicios de inteligencia del Estado, es decir, el SEBIN (involucrado en 15 detenciones) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) involucrada en 17 detenciones (…) Los funcionarios de estos organismos han sido señalados por realizar aprehensiones sin orden judicial, mantener a los detenidos incomunicados y someterlos a interrogatorios infligiendo malos tratos”, detalla el informe en su página 37.
La Misión concluyó que las violaciones a los derechos humanos y delitos eran motivos razonables “para creer que se ha cometido el crimen de persecución por motivos políticos en Venezuela”.
El exilio de Edmundo González Urrutia y el caso de Enrique Márquez
Otras pruebas de que la oposición venezolana no tiene garantías para ejercer política son la detención del candidato presidencial, Enrique Márquez y el exilio del político Edmundo González Urrutia, luego de que la oposición denunció fraude y publicó las actas de escrutinio recabadas el pasado 28 de julio de 2024.
En septiembre, González Urrutia fue forzado al exilio, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra que le señala de supuesta usurpación de funciones, forjamiento de documento público, entre otros cargos.
Hasta la publicación de este texto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) mantiene una recompensa de 100.000 dólares por información que sirva para dar con el paradero del opositor.
Otro de los casos emblemáticos, es la detención del político Enrique Márquez, un dirigente del partido Centrados y excandidato presidencial que también adversaba a Nicolás Maduro fuera de la coalición opositora central liderada por González Urrutia y Machado.
Márquez cuestionó los resultados electorales y solicitó un recurso de revisión constitucional de los resultados de la elección presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La solicitud fue ignorada por el TSJ, al considerar inadmisible la solicitud de revisión constitucional hecha por Márquez. Tres meses después, el excandidato fue detenido.
Inhabilitados por oponerse
Otros elementos que demuestran las pocas garantías que tienen los opositores venezolanos para organizarse, son las inhabilitaciones políticas.
Este equipo periodístico documentó que la Contraloría General inhabilitó por vía administrativa a unos 62 políticos de oposición entre los años 2008 y 2021.
Los principales opositores inhabilitados son: María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaido, Antonio Ledezma, Freddy Superlano, Freddy Guevara, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa y Henrique Capriles Radonski.
Las cifras no se detuvieron. En 2024, la Contralora General inhabilitó por 15 años a 8 alcaldes de Trujillo y 2 de Nueva Esparta.
Los afectados en Trujillo fueron: Heriberto Tapia (municipio Motatán), José Carrillo (municipio Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio Campo Elías), Keiver Peña (municipio Sucre), Cervando Godoy (municipio Márquez Cannizales), Wilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Yohanthi Domínguez (municipio Carache) y Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello).
Los alcaldes del estado Nueva Esparta, Iraima Vásquez (municipio Tubores) y José María Fermín (municipio Villalba), también fueron inhabilitados.
“La medida se produce casi inmediatamente después de que estos ofrecieran respaldo público al candidato de consenso de la oposición, Edmundo González Urrutia, en sus recientes giras”, explicó entonces el medio español El País.
¿Qué dicen los observadores electorales del 28 de julio?
La última elección presidencial en Venezuela dejó serios cuestionamientos sobre la garantía y transparencia electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó los resultados disgregados por mesa, lo que era un procedimiento normal en comicios previos y permitía la verificación de resultados.
La solicitud de presentación de actas de escrutinio, que permitieran verificar los resultados electorales globales anunciados, no fue atendida. En contraste, la oposición liderada por González Urrutia y Machado, presentó el 85 % de actas de escrutinio digitalizadas, con las cuales demostró el triunfo del candidato opositor.
El Centro Carter, uno de los observadores electorales más importantes que participó en los comicios del 28 de julio, manifestó en un comunicado que la elección no cumplió con estándares internacionales y no podía considerarse democrática.
“La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos (…) Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”, expresó textualmente la organización.
El panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, otro organismo que participó como veedor el 28 de julio, expuso que hubo restricciones al derecho a postularse para figuras políticas prominentes.
“En resumen, el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos”, finalizó el panel.
Calificación final: mentira
Ante las evidencias encontradas, el equipo de Cotejo.info determinó que es mentira la afirmación del mandatario Nicolás Maduro donde señala que la oposición tiene las garantías para organizarse y hacer política democrática y electoral en el país.
En Venezuela, se mantiene un ambiente de hostilidad y persecución contra opositores, lo que limita la participación política con garantías y en igualdad de condiciones.
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