- Adriana Cisneros afirmó que para atraer inversiones en Venezuela se necesitan reglas claras y seguridad jurídica
- El análisis de expertos, organismos internacionales y actores económicos coincide en que el principal obstáculo no es la falta de oportunidades, sino la débil aplicación de las leyes. Por ello, su declaración fue calificada como verdad
Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros, conglomerado empresarial que tiene entre sus activos el canal de televisión abierta Venevisión, dijo el 23 de marzo de 2026 que para levantar capital en Venezuela, sea con inversionistas nacionales o extranjeros, se deben tener reglas claras y contar con garantías jurídicas.
Desde su perspectiva, el éxito empresarial no está únicamente ligado a la creatividad o al talento emprendedor, sino a la existencia de marcos legales que respalden las decisiones económicas. En ese sentido, advierte que invertir en el país exige condiciones más previsibles, donde los actores puedan operar sin incertidumbre normativa.
Cisneros hizo esta afirmación desde el Innovation Summit, un encuentro donde participaron más de 80 líderes globales para intercambiar conocimientos sobre el presente y futuro de las empresas más exitosas.
Cisneros no propone en su declaración una reforma de ley específica, pero sí establece una premisa clave: sin reglas claras, no hay inversión sostenible.
Esta afirmación fue analizada por el equipo de Cotejo.info, que la calificó como verdad, ya que la claridad normativa es un requisito esencial para que los emprendedores y las empresas puedan atraer capital, tomar decisiones económicas con previsibilidad y consolidar proyectos en el tiempo, condiciones indispensables para un clima de inversión estable y competitivo.
Venezuela: invertir en la incertidumbre
Aunque Venezuela cuenta con un marco legal que regula la actividad económica, el problema central radica en su aplicación. Esta brecha entre norma y cumplimiento ha sido señalada de forma reiterada por analistas y organismos internacionales.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, el 25 de marzo de 2026, durante su participación virtual en el Foro FII Priority Miami, prometió a inversionistas de Estados Unidos, Arabia Saudí y otros países, leyes en Venezuela que permitan el retorno de sus inversiones de manera segura.
“Es importante que el entorno para las inversiones pueda darse en un ámbito de seguridad, donde el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad”, indicó en su discurso, como lo reseñó el medio Banca y Negocios.
El mismo día de esta intervención, Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, publicó en el perfil oficial de la Embajada, que se había reunido en Caracas con inversionistas estadounidenses, con el objetivo de explorar las oportunidades que ofrece Venezuela y sumarse a su transformación económica.
“El sector privado de los EE.UU. desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera, y estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”, señaló.
Sin embargo, especialistas advierten que estas promesas deben traducirse en condiciones institucionales concretas.
Diana Luna, analista política y experta de la fundación Friedrich Naumann Stiftung, citada por DW, recalca que «una mejora económica debido al aumento del precio del petróleo solo se dará con un gobierno legítimo, con aumento de inversiones, con seguridad jurídica y asegurándose de que los recursos lleguen a toda la población y no a una élite privilegiada”.
Leyes en reforma
Desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, el nuevo escenario institucional ha impulsado una agenda de reformas legales orientadas a reactivar la economía y atraer inversión.
En este contexto, la Asamblea Nacional aprobó una modificación de la Ley de Hidrocarburos, acompañada por otros instrumentos en discusión como la Ley para los Derechos Socioeconómicos y la Ley para Aceleración de Trámites.
Delcy Rodríguez también ha hablado de una nueva Ley de Minas para avanzar “de manera importante en estándares y protocolos internacionales de inversión en minería, en los modelos de negocio para la minería”.
Estas reformas buscan, en principio, modernizar el marco normativo, agilizar procesos administrativos y ofrecer mayores incentivos a la inversión, especialmente en sectores estratégicos como energía, infraestructura y telecomunicaciones.
La firma Ecoanalítica destaca que con la reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos las empresas pueden encargarse de toda la operación —desde la gestión técnica hasta la administración de los proyectos— y además comercializar directamente el crudo, debilitando el control exclusivo que ejercía PDVSA.
Pero para los inversionistas no basta con un marco legal renovado: resulta imprescindible que estas normas se traduzcan en garantías reales de cumplimiento, estabilidad regulatoria y respeto a los derechos de propiedad.
Sobre esta premisa, Reuters reseñó que Ryan Lance, CEO de ConocoPhillips, calificó de “insuficientes” las reformas recientes y subrayó la necesidad de garantizar la estabilidad contractual para atraer inversiones de gran escala.
El problema es institucional, no solo económico
El discurso oficial insiste en la apertura. Pero los datos estructurales apuntan en otra dirección. El indicador más contundente proviene del World Justice Project: Venezuela ocupa el último lugar del mundo en Índice de Estado de Derecho, 143 de 143 países en 2025. Este factor mide en qué medida las normas se aplican y se hacen cumplir de forma justa y eficaz.
Ese índice mide precisamente lo que Cisneros reclama: cumplimiento de leyes, independencia judicial, control de la corrupción y aplicación de regulaciones No es un dato aislado, el país ha registrado un deterioro sostenido del Estado de derecho durante la última década, según precisa World Justice Project.
A pesar de los riesgos, el interés por invertir en Venezuela persiste. Sectores como energía, telecomunicaciones e infraestructura continúan siendo atractivos. Un reporte de Bloomberg (febrero de 2026) indica que el Grupo Cisneros impulsa la creación de un fondo de inversión de hasta 1.000.000 de dólares, con posibilidad de ampliarse a 2.000.000.
El reportaje precisa que los teléfonos de abogados y consultores “han estado sonando sin parar, con clientes extranjeros” preguntando para hacer negocios en Venezuela.
Organizaciones como Transparencia Venezuela también advierten que el interés inversor convive con riesgos significativos: inseguridad jurídica, falta de contrapesos institucionales, inestabilidad macroeconómica y antecedentes de expropiaciones.
Qué dicen gremios y expertos
El diagnóstico es compartido por distintos sectores. La Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol) ha señalado obstáculos como la falta de transparencia financiera, rezago tecnológico y limitaciones en el acceso a información.
En una nota publicada en el portal Contrapunto, Carlos Luna, presidente ejecutivo de Cavecol, ratificó que estos factores afectan directamente la competitividad y el comercio. En conjunto, configuran un entorno donde invertir no es imposible, pero sí altamente incierto.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín, expresó que los empresarios extranjeros no invertirán en el sector primario de Venezuela hasta que no haya seguridad jurídica y personal.
Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros, Agrónomos y Afines (SVIAA), coincide en una entrevista publicada el 13 de marzo en el portal de Fedecámaras Radio y además plantea una reforma de la Ley de Tierras.
“La meta es optimizar el rendimiento del campo venezolano, facilitando la llegada de inversiones. Un cambio en el texto aseguraría la tenencia de la tierra de un buen número de productores que actualmente carecen de los documentos correspondientes”, expone López.
En síntesis, el problema de fondo no es la ausencia de oportunidades, sino la falta de condiciones confiables para materializarlas.
Conclusión
El equipo de Cotejo.info califica la afirmación de Adriana Cisneros como una verdad. La inversión no depende únicamente de oportunidades económicas o cambios legales, sino de la existencia de reglas claras y, sobre todo, de su cumplimiento efectivo. Sin garantías jurídicas, cualquier marco normativo pierde capacidad de generar confianza.
Los datos institucionales, las opiniones de analistas y las posturas del sector empresarial coinciden en señalar que Venezuela enfrenta un problema estructural de Estado de derecho. Las reformas recientes pueden representar avances, pero resultan insuficientes si no van acompañadas de garantías reales de aplicación y estabilidad.
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