Yul Jabour sobre simulacro militar de EE. UU.: “Fue una violación de la soberanía nacional”

Yul Jabour sobre simulacro militar de EE. UU.: “Fue una violación de la soberanía nacional”


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  • El simulacro del 23 de mayo incluyó aeronaves y personal militar estadounidense autorizados por el Ejecutivo interino venezolano
  • Provea y otros sectores sostienen que la actividad requería autorización de la Asamblea Nacional según el artículo 187, numeral 11, de la Constitución
  • La existencia de una violación de la soberanía nacional sigue siendo objeto de una interpretación jurídica

El 27 de mayo de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour, aseguró que el simulacro de evacuación ejecutado días antes por las fuerzas armadas de Estados Unidos en la capital del país constituyó una “violación de la soberanía nacional”. 

La declaración se produjo tras el despliegue de aeronaves y tropas del Comando Sur en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, una actividad autorizada por el gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La afirmación se sustenta en hechos verificables, como la participación de efectivos militares extranjeros y los cuestionamientos sobre la legalidad de la autorización otorgada por el Ejecutivo. 

Sin embargo, la conclusión de que hubo una violación de la soberanía nacional depende de una interpretación jurídica que sigue siendo objeto de debate. Por estas razones, el equipo de Cotejo.info califica la frase de Yul Jabour como una verdad a medias.

Un simulacro con participación militar estadounidense

El 23 de mayo se realizó en Caracas un ejercicio coordinado entre la Embajada de Estados Unidos y autoridades venezolanas. La operación incluyó el despliegue de aeronaves militares MV-22 Osprey, personal militar estadounidense y la presencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan.

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Previamente, desde la Cancillería de la República se informó que el gobierno venezolano, dirigido por Delcy Rodríguez, había autorizado la actividad como parte de los protocolos de protección diplomática y atención de contingencias médicas.

No obstante, la forma en que ambas partes describieron el ejercicio generó interpretaciones distintas. 

Mientras el Palacio de Miraflores minimizó la operación al catalogarla como un “simulacro de evacuación” asociado a medidas de seguridad consular, la cuenta institucional de la Embajada de Estados Unidos lo definió como un “ejercicio de respuesta militar estadounidense” (military response exercise), destacando la capacidad de despliegue rápido de sus fuerzas para proteger al personal diplomático. 

Esta dualidad en la narrativa oficial abrió la puerta para que actores de la política nacional, como Yul Jabour, cuestionaran la naturaleza legal del ingreso de tropas extranjeras a un territorio que mantiene restricciones constitucionales para este tipo de misiones.

El debate constitucional

La controversia comenzó cuando organizaciones y dirigentes políticos cuestionaron la legalidad de la autorización.

La ONG Provea sostuvo que la autorización concedida por la administración de Delcy Rodríguez constituyó una “flagrante cesión de la soberanía territorial”, al permitir el ingreso de tropas y aeronaves militares estadounidenses sin autorización parlamentaria.

El artículo 187, numeral 11, de la Constitución establece que corresponde a la Asamblea Nacional “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Hasta la fecha de este análisis (29 de mayo de 2026) no se ha hecho pública ninguna autorización específica del Parlamento venezolano relacionada con el simulacro. 

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Además de Provea, también expresaron rechazo sectores de izquierda y figuras históricamente vinculadas al chavismo, entre ellas la diputada Iris Varela y el exvicepresidente Elías Jaua. Incluso dirigentes del partido político Movimiento al Socialismo (MAS), lo consideraron un “hecho intimidatorio”.

Durante la realización del ejercicio también se registraron protestas de grupos chavistas y organizaciones de izquierda que mostraron su desacuerdo con la presencia de efectivos militares estadounidenses en Caracas.

La Convención de Viena y la justificación oficial

Para justificar la autorización, el gobierno de Delcy Rodríguez invocó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tratado internacional que regula las funciones, inmunidades y protección de las misiones diplomáticas.

Sin embargo, una revisión del texto muestra que la Convención regula aspectos vinculados a la inviolabilidad de las embajadas, las obligaciones del Estado receptor y el funcionamiento de las misiones diplomáticas, pero no contiene disposiciones específicas sobre ejercicios militares, simulacros de evacuación con aeronaves militares o ingreso temporal de tropas extranjeras.

Esto no implica que el tratado prohíba este tipo de actividades, pero sí que la Convención de Viena no resuelve por sí sola la controversia constitucional planteada por los críticos del ejercicio.

¿Violación de soberanía o demostración de capacidad militar?

Diversos análisis publicados tras el simulacro coinciden en que el evento tuvo una dimensión política y simbólica que fue más allá de un ejercicio operativo.

El politólogo Ricardo Sucre, entrevistado por Efecto Cocuyo, señaló que la actividad podía interpretarse como una demostración de presencia y capacidad de respuesta de Estados Unidos en la región, más que como una acción militar ofensiva.

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En una línea similar, el general retirado Guillermo Beltrán Vielma consideró que el despliegue transmitía un mensaje de capacidad operativa y control estratégico, en un contexto de reconfiguración de las relaciones entre Caracas y Washington.

Por su parte, el exembajador de Venezuela Milos Alcalay, en entrevista con el medio VPI, dijo que era la primera vez que veía “una base militar de un país extranjero en la Embajada” de los Estados Unidos.

Estas interpretaciones no descartan las críticas constitucionales formuladas por Provea y otros sectores, pero muestran que el significado político del simulacro admite lecturas distintas.

Veredicto

El análisis del discurso público permite concluir que la afirmación de Yul Jabour se sostiene sobre hechos reales y verificables: personal y equipos militares de los Estados Unidos participaron en el ejercicio sin que hasta la fecha exista evidencia pública de una autorización de la Asamblea Nacional. 

Sin embargo, su conclusión de que el simulacro constituyó un acto consumado de “violación de la soberanía nacional” se califica como media verdad.

Mientras el bloque constitucionalista argumenta la vulneración del artículo 187, numeral 11, por la omisión del Parlamento, el Gobierno interino alega que la soberanía no fue vulnerada debido a que el Estado venezolano ejerció su facultad de control al autorizar previamente las maniobras, justificadas bajo los principios de protección diplomática de la Convención de Viena.

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