- La afirmación del dirigente opositor es verdad: las democracias deben contar con instituciones independientes y mecanismos efectivos de control
- Informes de centros internacionales de investigación y organizaciones especializadas han documentado el deterioro de la independencia judicial, la concentración del poder y el debilitamiento del Estado de derecho en Venezuela
- Por ello, incluir en el diálogo que inicia el 1º de agosto el tema de la reconstrucción institucional para lograr la recuperación del país es necesario
El 21 de julio de 2026, en medio de las discusiones sobre los acercamientos entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la directiva del Parlamento instalado en 2020, el político opositor Henrique Capriles Radonski publicó en su cuenta de X que el proceso de recuperación del país también tiene que incluir la reconstrucción institucional.
La expresión utilizada por Capriles hace referencia a un concepto empleado en procesos de transición democrática: la reconstrucción de las instituciones encargadas de garantizar el funcionamiento del Estado constitucional.
En este sentido, además de un cambio de autoridades, la reinstitucionalización abarca el restablecimiento de la autonomía de los poderes públicos, el fortalecimiento de los organismos de control, la independencia judicial y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El equipo de Cotejo.info puso la lupa en esta afirmación del político opositor venezolano y la contrastó con informes de organismos multilaterales, indicadores internacionales y análisis de organizaciones especializadas. La revisión permite calificar la frase como verdad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha señalado de forma reiterada que persisten graves limitaciones para el ejercicio independiente de las instituciones públicas, especialmente del sistema judicial y de los organismos encargados de proteger los derechos fundamentales.
Asimismo, organizaciones como Acceso a la Justicia y Provea coinciden en que la recuperación económica y social difícilmente puede consolidarse sin un proceso paralelo de fortalecimiento institucional que garantice seguridad jurídica, estabilidad democrática y protección efectiva de los derechos ciudadanos.
La evidencia confirma el deterioro institucional
El diagnóstico sobre la fragilidad institucional venezolana no depende únicamente de valoraciones políticas. Existen indicadores internacionales que permiten medir el funcionamiento del Estado de derecho.
Uno de los más utilizados es el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), que ubica a Venezuela en el último lugar entre los 142 países evaluados. El informe refleja un desempeño especialmente crítico en aspectos vinculados con la independencia de los poderes públicos.
Estos resultados evidencian la inexistencia de contrapesos efectivos entre los poderes públicos y las dificultades para garantizar procesos judiciales independientes.
A ello se suma el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos informes documentan la utilización del sistema de justicia como instrumento de persecución política.
La propia Misión resume este diagnóstico al afirmar que «la falta de independencia de las instituciones del Estado ha socavado el Estado de derecho», una conclusión que apunta al debilitamiento de los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes públicos.
En enero de 2026, Acceso a la Justicia y otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos coincidieron en que una eventual transición democrática requiere medidas orientadas a «recuperar la seguridad jurídica y abrir un camino efectivo hacia el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia».
El documento añade que la participación de la sociedad civil y la aplicación de mecanismos de justicia transicional son elementos esenciales para reconstruir la institucionalidad y generar confianza en las instituciones públicas.
Un deterioro documentado desde hace más de una década
El debilitamiento institucional en Venezuela no corresponde a un hecho aislado ni reciente. Se trata de un proceso ampliamente registrado por organismos internacionales durante más de una década.
En su Informe Anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que la crisis venezolana continúa caracterizada por el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de garantías para la separación de poderes.
Entre sus recomendaciones, la Comisión señala que «el Estado debe adoptar medidas para restablecer la institucionalidad democrática y garantizar la independencia de los poderes públicos», al considerar que la separación de poderes constituye un elemento esencial para la vigencia del Estado de derecho.
Entre los hechos señalados en el documento destacan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que limitaron las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015, así como la utilización de instituciones como la Contraloría General, el Ministerio Público y el propio TSJ en procesos que afectaron la participación política de dirigentes opositores.
Por su parte, distintos informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han documentado el deterioro de la institucionalidad venezolana.
Entre ellos destacan el informe «Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela» presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2025, los informes de 2024 y 2025 sobre la evolución del sistema de justicia y del proceso electoral.
Estas evaluaciones coinciden en que la ausencia de independencia entre los poderes públicos constituye uno de los principales obstáculos para la consolidación del Estado de derecho.
Los estudios coinciden en la importancia de recuperar la institucionalidad
Especialistas sostienen que la recuperación de un país que atraviesa una crisis institucional requiere mucho más que la celebración de elecciones o el cambio de autoridades.
El Informe sobre Democracia 2025 del V-Dem Institute ubica a Venezuela entre las autocracias electorales, una categoría utilizada para describir países donde existen elecciones, pero sin condiciones suficientes para garantizar la competencia política, la independencia judicial y el funcionamiento de los contrapesos institucionales.
El estudio sostiene que uno de los rasgos distintivos de este tipo de regímenes es la erosión progresiva de las instituciones encargadas de limitar el poder y proteger el Estado de derecho, un diagnóstico que coincide con las evaluaciones realizadas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«La impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para la garantía de los derechos humanos.», establece el Informe Anual de Provea 2025.
El documento señala que las víctimas de violaciones de derechos humanos continúan enfrentando serias dificultades para acceder a la justicia debido a la falta de independencia del sistema judicial y a los elevados niveles de impunidad.
El informe advierte que persisten obstáculos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, lo que limita el acceso a recursos judiciales efectivos y debilita la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la protección de los ciudadanos.
Restablecer la confianza ciudadana en las instituciones
En la misma línea, organismos especializados en democracia y justicia transicional sostienen que la recuperación de un Estado tras una crisis institucional requiere reformas que garanticen la independencia de los poderes públicos y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El International Center for Transitional Justice (ICTJ) señala que las reformas institucionales son esenciales para prevenir la repetición de abusos y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones
Por su parte, International IDEA destaca que el fortalecimiento de instituciones independientes, la separación de poderes y la rendición de cuentas constituyen elementos fundamentales para consolidar una transición democrática sostenible
Aunque estos informes no respaldan posiciones partidistas ni propuestas políticas específicas, sí coinciden en que la existencia de instituciones independientes y de mecanismos efectivos de control resulta indispensable para el funcionamiento de un Estado democrático. Ese diagnóstico es consistente con la afirmación de Capriles de que la recuperación del país debe incluir la reconstrucción institucional.
Conclusión
El equipo de Cotejo.info califica la frase pronunciada por Henrique Capriles como verdad. Los informes de la ONU y la CIDH, los indicadores del World Justice Project y los estudios de organizaciones venezolanas muestran un patrón sostenido de debilitamiento de la independencia judicial, concentración del poder y pérdida de los mecanismos de control democrático.
Aunque la manera en que debe desarrollarse una eventual reconstrucción institucional forma parte del debate político y de las propuestas de los distintos actores, la existencia de un profundo deterioro del Estado de derecho en Venezuela ha sido documentada de forma consistente por organismos internacionales, centros de investigación y organizaciones especializadas.
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