- Aunque la captura del exmandatario, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas estadounidenses -el 3 de enero de 2026- produjo cambios verificables en Venezuela, como la excarcelación de presos políticos, son los funcionarios de su gobierno quienes todavía se mantienen en el poder
- La misión independiente de la ONU concluyó a mediados de septiembre que el aparato estatal responsable de la represión permanece esencialmente intacto y que las mejoras registradas en el país no equivalen todavía a una transformación del sistema que hizo posibles las violaciones de derechos humanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 2 de septiembre de 2026 que su país sacó a Venezuela de una dictadura, al referirse a los cambios ocurridos después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.
La declaración se produjo durante un encuentro con ejecutivos del sector turístico estadounidense. En el video de la actividad difundido por la Casa Blanca y disponible en Youtube, una periodista preguntó a Trump qué le impedía exigir al gobierno venezolano una fecha firme para celebrar elecciones. A partir del minuto 44:10, el presidente estadounidense respondió lo siguiente:
“Simplemente no creo que estén preparados todavía. Esto es muy reciente. Les sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”.
El gobernante describió al gobierno encabezado por Maduro hasta el pasado mes de enero, como una “dictadura muy poderosa y despiadada” y mencionó la liberación de presos políticos como uno de los cambios ocurridos desde la intervención del país norteamericano.
La transcripción del intercambio, disponible en la web Roll Call, ubica la afirmación sobre la “salida de la dictadura” en el minuto 44:24 y fue reseñado por medios de comunicación nacionales e internacionales que se enfocaron en la afirmación que indica que el país no está preparado para un proceso electoral (1, 2, 3).
El equipo de Cotejo.info se enfocó en la afirmación de Trump que dice “les sacamos de la dictadura” y tras el análisis del discurso público determinó que se trata de una media verdad.
La revisión documental de análisis previos sobre el sistema político venezolano y los cambios institucionales, políticos y en materia de derechos humanos ocurridos luego del 3 de enero de 2026 -durante los primeros ocho meses del gobierno interino de Delcy Rodríguez- permiten concluir que el régimen autoritario del país todavía no se ha desmontado.
Además, se detectó que se trata de una narrativa recurrente del primer mandatario estadounidense, quien el pasado 3 de enero también vinculó la captura de Maduro con “el fin de un gobierno dictatorial”.
Venezuela: una autocracia electoral
El gobierno del exgobernante Nicolás Maduro y el de su predecesor, el fallecido Hugo Chávez Fría, no se identificaban como una dictadura. Su proyecto político se enmarcó en el denominado “socialismo del siglo XXI” (1, 2). A lo largo de estos gobiernos también se mantuvo la celebración de procesos electorales, aunque investigaciones académicas y organizaciones especializadas documentaron un progresivo deterioro de las condiciones democráticas e institucionales.
Pero, la existencia de elecciones no implica que un sistema de gobierno sea democrático. El Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo distingue entre democracias liberales, democracias electorales, autocracias electorales y autocracias cerradas. Una autocracia electoral mantiene elecciones multipartidistas para el Ejecutivo, pero no alcanza niveles suficientes en aspectos fundamentales como la libertad de expresión y asociación y la celebración de elecciones libres y justas. El Informe sobre la democracia 2025 clasificó a Venezuela, junto con El Salvador y Nicaragua, dentro de las autocracias electorales de América Latina.
Esta clasificación coincide con investigaciones académicas sobre la transformación del sistema político venezolano. El politólogo Javier Corrales, en un estudio publicado por Oxford University Press en 2024, sitúa el comienzo del proceso de autocratización en 1999. Según su análisis, durante el gobierno de Chávez se produjo una progresiva concentración del poder y reducción de los espacios para los adversarios políticos, mientras que bajo Maduro se profundizó el uso de instituciones previamente debilitadas y aumentó la represión. Corrales considera que, durante este último periodo, el régimen pasó de formas semiautoritarias a un sistema plenamente autoritario.
Otros investigadores como Benigno Alarcón y Manuel Hidalgo utilizaron la misma categoría. En 2024, en un artículo titulado Venezuela: La lógica de la supervivencia autocrática, también identificaron el caso venezolano como una autocracia electoral, un tipo de régimen que mantiene procesos electorales y busca legitimidad formal, aunque funciona bajo condiciones autoritarias.
Tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024 el Centro Carter, invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar los comicios, concluyó que el proceso no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y no podía considerarse democrático. Documentó falta de independencia institucional, restricciones a partidos y candidatos, limitaciones a libertades políticas y civiles y falta de transparencia del CNE en la publicación de los resultados.
¿Qué cambió con la salida de Maduro?
El cambio más evidente tras la operación estadounidense del 3 de enero en Venezuela fue la salida de Maduro del poder y su trasladado a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial. Delcy Rodríguez, para entonces vicepresidenta de la República, asumió desde ese momento la presidencia encargada.
Durante los meses siguientes se registraron cambios puntuales en materia de derechos humanos y libertades públicas. Human Rights Watch (HRW), que realizó este mes de septiembre su primera visita oficial a Venezuela desde 2008, constató que desde enero las autoridades habían liberado “a cientos de presos políticos”, aunque no precisaron una una cifra. También destacaron la aprobación de una ley de amnistía, el desbloqueo de algunos sitios web de medios de comunicación y el anuncio de medidas para reformar el Poder Judicial. Sin embargo, expresaron la necesidad de liberación de todos los presos políticos y de más reformas institucionales sólidas.
El Foro Penal, por su parte, contabilizó hasta mediados de septiembre 1.100 liberaciones o excarcelaciones durante 2026. Sin embargo, en su reporte del 28 de septiembre contabilizan 324 detenidos en el país. Advierten que desde 2014 hasta la actualidad se han registrado 19.251 detenciones políticas en Venezuela.
HRW también documentó que continúan algunas detenciones de críticos, denuncias de malos tratos contra personas encarceladas y normas que han permitido restringir el trabajo de organizaciones civiles y medios de comunicación. La organización considera necesarias reformas de las fuerzas de seguridad, del sistema judicial y de las leyes utilizadas para limitar derechos.
ONU: el aparato represivo permanece intacto
Una evaluación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela -presentada dos semanas después de la declaración de Trump- reconoció una reducción significativa de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas asociadas a ellas (1). También registró la liberación de presos políticos y una mayor apertura del espacio para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil. Sin embargo, advirtió que estos cambios no habían estado acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar su permanencia.
Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes y los organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan esencialmente sus estructuras, políticas y prácticas. Tampoco se han desarmado o desmantelado los denominados colectivos, señalados por la Misión por su participación en actos de intimidación, violencia y represión. Al menos 19 funcionarios previamente identificados por su vinculación con graves violaciones permanecían o habían sido reasignados a cargos relevantes.
“La reducción de algunas de las formas más duras de represión es notable”, señaló Sofía Macher, presidenta de la Misión, pero advirtió que esto todavía no supone una transformación del sistema que hizo posibles esas prácticas.
Instituciones en proceso de reforma
Las instituciones políticas venezolanas se encuentran en proceso de reorganización tras la salida de Maduro.
En abril, un estudio de Chatham House elaborado a partir del trabajo de un grupo de 20 especialistas venezolanos e internacionales en elecciones, transiciones democráticas y diplomacia identificó una serie de reformas necesarias para realizar elecciones creíbles. Entre ellas incluyó la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente, el fin de las inhabilitaciones políticas arbitrarias, garantías para los actores políticos y sociales, la derogación de normas que restringen las libertades de expresión y asociación, la actualización del registro electoral y mecanismos independientes para resolver controversias electorales. El estudio divulgado el pasado 23 de abril estimó que la implementación completa de las medidas requeriría al menos un año.
En agosto, representantes del gobierno interino y de un sector de la oposición instalaron una mesa de diálogo que incluyó entre sus temas la recomposición del Consejo Nacional Electoral, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y las garantías de derechos políticos y civiles. El primer ciclo de conversaciones, celebrado entre el 6 y el 12 de agosto, terminó con un acuerdo para la renovación completa de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, señaló que la hoja de trabajo prevé abordar la reinstitucionalización del TSJ hacia noviembre y la del CNE en diciembre de 2026. Esos plazos corresponden a la agenda de negociación anunciada por esa delegación y no a un calendario electoral oficial.
A casi diez meses de la salida de Maduro, algunas de las instituciones señaladas como necesarias para una apertura democrática se encuentran sometidas a procesos de negociación y reforma, pero estos todavía no han concluido.
Calificativo final: Media verdad
La afirmación de Donald Trump de que Estados Unidos sacó a Venezuela de una dictadura es una media verdad.
Por una parte, es cierto que una operación militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero y puso fin a su permanencia en el poder y que antes de esa fecha, evaluaciones independientes habían clasificado a Venezuela como una autocracia electoral, documentando restricciones a las libertades políticas, falta de independencia institucional y procesos electorales que no cumplían estándares democráticos.
Tras lo sucedido se documentaron excarcelaciones de presos políticos y disminuyeron algunas de las formas más evidentes de represión en el país. Sin embargo, la salida de Maduro del poder no supuso el desmontaje de todas las estructuras vinculadas al sistema político anterior.
En septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que el aparato estatal responsable de la represión permanecía intacto. HRW documentó además que continuaban vigentes leyes restrictivas, persistían algunas detenciones de críticos y seguían pendientes reformas del sistema judicial, las fuerzas de seguridad, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.
Hasta la fecha, no se ha producido una transformación completa del sistema político e institucional venezolano.
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