- La afirmación de la opositora María Corina Machado tiene sustento en el historial de algunos de los funcionarios que permanecen en el gobierno interino de Delcy Rodríguez y sobre quienes Estados Unidos mantiene acusaciones por narcotráfico y narcoterrorismo
- Sin embargo, “enemigos” no constituye una categoría jurídica u oficial aplicable al actual gobierno venezolano. Desde la salida de Nicolás Maduro del poder en enero de 2026, Washington reconoce a Rodríguez como interlocutora, coopera con su administración y ha profundizado una relación económica y energética que incluye acuerdos de gran alcance
La líder opositora venezolana María Corina Machado cuestionó el 3 de septiembre de 2026 el acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez y afirmó que “los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”.
Machado hizo la declaración en un video difundido en sus perfiles oficiales de redes sociales, después de que Washington y Caracas anunciaran un acuerdo que concede a Estados Unidos acceso a 17 campos petroleros venezolanos y tras la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.
La dirigente defendió en su intervención una relación estratégica entre ambos países, pero cuestionó que acuerdos de esa magnitud sean negociados por quienes actualmente ejercen el poder en Venezuela. Sus palabras textuales -reseñadas también por medios como NTN24 y Reuters– fueron las siguientes:
“Por supuesto, los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico. Así lo piensa la mayoría de los venezolanos, lo expresan los valores compartidos entre los dos países y así lo he defendido toda mi vida. Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”.
El equipo de Cotejo.info fijó su lupa periodística en la frase que indica que “los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están en Miraflores”, en la cual Machado hizo referencia directa a los integrantes del gobierno interino instalado tras la extracción de Nicolás Maduro del poder, el pasado 3 de enero de 2026.
El término “enemigos” tiene un componente político y valorativo y no corresponde a una categoría jurídica que pueda aplicarse automáticamente a una persona o gobierno. Por esa razón, el análisis del discurso público de Machado se enfocó en revisar y determinar cómo las instituciones estadounidenses caracterizan, señalan o sancionan a los funcionarios venezolanos que permanecen dentro de la estructura de poder, así como la relación que Washington mantiene con el gobierno interino desde enero de 2026.
La evidencia encontrada permite concluir que la afirmación de la ganadora del Nobel de la Paz es una media verdad.
Algunos funcionarios que siguen ocupando altos cargos en Venezuela enfrentan graves acusaciones de la justicia estadounidense y fueron señalados de narcotráfico y narcoterrorismo. Pese a esto, Estados Unidos mantiene actualmente una relación de cooperación con el gobierno de Rodríguez y no lo caracteriza oficialmente como un gobierno enemigo.
Funcionarios señalados por EE.UU. permanecen en el Ejecutivo
La salida de Nicolás Maduro del poder tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 no supuso el reemplazo completo de la estructura gubernamental que lo acompañó. Dos casos resultan relevantes para contrastar la declaración de María Corina Machado: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
Cabello continúa como ministro de Interior, Justicia y Paz, cargo que ocupa desde 2024. Padrino López dejó el Ministerio de Defensa en marzo de 2026, después de más de una década al frente de esa cartera, pero permaneció en el Ejecutivo y actualmente ocupa el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.
El directorio de gobiernos extranjeros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), actualizado el 24 de agosto de 2026, registra a ambos dentro del gabinete encabezado interinamente por Delcy Rodríguez.
Pero la relación de estas dos figuras con Estados Unidos tiene antecedentes previos al actual contexto político. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Cabello, Maduro y otros dirigentes venezolanos de participar en una conspiración de narcoterrorismo vinculada al denominado Cártel de los Soles y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía sostiene que Cabello habría participado en operaciones destinadas a introducir grandes cargamentos de cocaína en Estados Unidos. La acusación incluye también delitos relacionados con armas.
Padrino López fue acusado por separado ese mismo año de conspirar para permitir, entre 2014 y 2019, el tránsito de aeronaves utilizadas para transportar cocaína. Según la Fiscalía estadounidense, habría empleado su posición dentro de la Fuerza Armada para facilitar determinados vuelos a cambio de sobornos. En ambos casos se trata de acusaciones penales y no de condenas judiciales.
La presión de Washington se intensificó durante 2025
El 10 de enero, Estados Unidos elevó hasta 25.000.000 de dólares la recompensa por información que condujera al arresto o condena de Cabello y estableció otra de hasta 15.000.000 de dólares por Padrino López.
La escalada adquirió posteriormente una dimensión de seguridad nacional. En marzo, la Casa Blanca sostuvo que el Cártel de los Soles estaba estrechamente vinculado al gobierno de Maduro y lo relacionó con el Tren de Aragua.
En julio, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) y afirmó que estaba encabezado por Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno. Según el organismo, esa estructura proporcionaba apoyo al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, organizaciones que Washington consideraba una amenaza para “la paz y la seguridad de Estados Unidos”.
Para el segundo semestre de 2025, esa política había trascendido las sanciones financieras y las actuaciones judiciales. Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Caribe como parte de una operación que la administración Trump vinculó al combate contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. El despliegue incluyó buques de guerra y miles de efectivos, mientras Washington aumentaba la presión sobre Maduro y su entorno.
Sin embargo, los documentos revisados no utilizan “enemigos de Estados Unidos” como una categoría jurídica u oficial aplicable a Cabello, Padrino López o al conjunto del actual gobierno venezolano. La evidencia disponible tampoco permite atribuir a Delcy Rodríguez las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Cabello y Padrino López.
De adversarios a interlocutores de Washington
La confrontación entre Washington y el gobierno de izquierda venezolano precede por más de dos décadas a la actual transición política. Durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, el antiimperialismo se convirtió en un componente de su discurso y de su política exterior, particularmente después de la crisis política de 2002.
Un análisis académico publicado en “Cuadernos del Cendes” (Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela) identifica una escalada a partir de 2004, cuando Chávez acusó directamente a Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos venezolanos y el oficialismo organizó movilizaciones bajo consignas contra el “imperialismo yanqui”.
Durante los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela profundizó sus vínculos políticos y económicos con países como Rusia, China e Irán, mientras la relación con Estados Unidos atravesó sucesivas crisis diplomáticas y sanciones. El gobierno estadounidense, por su parte, endureció progresivamente su política hacia el gobierno venezolano (1).
Delcy Rodríguez formó parte activa de esa relación conflictiva. En septiembre de 2018, cuando ejercía como vicepresidenta, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con otros funcionarios venezolanos (1, 2). El Departamento de Estado señaló entonces que las medidas afectaban a Rodríguez, Cilia Flores, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López dentro de las acciones estadounidenses contra el gobierno de Maduro.
Rodríguez también mantuvo públicamente la narrativa antiimperialista del gobierno al que pertenece. Este discurso continuó en las horas posteriores a la captura de Maduro y Cilia Flores, el 3 de enero de 2026. En su primera reacción, denunció la operación estadounidense como un “secuestro ilegal”, evocó a Hugo Chávez y sostuvo que Venezuela no volvería a ser “colonia de un imperio”. A su lado aparecieron Cabello y Padrino López, dos de los funcionarios que habían sido objeto de acusaciones y recompensas por parte de Estados Unidos.
Pero el tono comenzó a cambiar en cuestión de horas. Después de que Donald Trump advirtiera públicamente sobre las consecuencias de no cooperar con Washington, Rodríguez difundió un mensaje conciliador en el que planteó mantener relaciones respetuosas con Estados Unidos y trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación.
Los medios de comunicación destacaron el contraste entre esa postura y sus declaraciones inmediatamente posteriores a la captura de Maduro (1, 2, 3).
Estados Unidos, por su parte, decidió trabajar con figuras procedentes de la estructura gubernamental que se mantiene en Venezuela. Reuters reveló en enero que funcionarios estadounidenses habían mantenido comunicaciones con Cabello durante meses antes de la operación contra Maduro y que esos contactos continuaron posteriormente, pese a las acusaciones judiciales y la recompensa que pesaban sobre él (1, 2).
El acercamiento modificó la situación de Delcy Rodríguez. El 1 de abril de 2026, Estados Unidos retiró las sanciones personales que le había impuesto en 2018, en momentos en que Washington ya trabajaba con su gobierno y avanzaba en la flexibilización de restricciones para favorecer las inversiones estadounidenses en Venezuela.
La relación bilateral dio otro giro en 2026
Ocho meses después de la salida de Maduro, la relación entre Washington y Caracas avanzó más allá de los contactos iniciales establecidos tras la operación del 3 de enero.
El 2 de septiembre, un día antes de las declaraciones de Machado, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, se reunió con Rodríguez en Caracas en el marco de nuevos acuerdos energéticos. Chevron anunció un plan de inversión de 7.000.000 de dólares durante los próximos cinco años, con la intención de elevar la producción de sus empresas mixtas a unos 600.000 barriles diarios.
Washington alcanzó además un acuerdo que le proporciona acceso a 17 campos petroleros venezolanos. Wright afirmó durante su visita que Estados Unidos supervisará el flujo de los fondos generados por ese convenio y sostuvo que ambos países buscaban sustituir la relación conflictiva del pasado por una basada en el comercio y los negocios.
El acercamiento se extiende a otros recursos estratégicos. El 8 de septiembre, Reuters informó que la administración Trump busca ampliar el acceso estadounidense a minerales venezolanos, incluido el oro, dentro de una estrategia que contempla también reducir la influencia de China en sectores considerados estratégicos (1).
El propio Trump describió públicamente en esos días una relación favorable con las actuales autoridades venezolanas. Consultado el 2 de septiembre sobre la posibilidad de celebrar elecciones, afirmó que Venezuela todavía no estaba preparada y aseguró que Estados Unidos se estaba llevando “muy bien” con el gobierno interino (1).
Calificativo final: Media verdad
La afirmación de María Corina Machado de que “los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores” es una media verdad. Su aseveración tiene sustento en la permanencia dentro del gobierno interino venezolano de funcionarios sobre quienes pesan graves señalamientos de Estados Unidos.
Diosdado Cabello continúa como ministro de Interior y Vladimir Padrino López forma parte del gabinete como ministro de Agricultura y Tierras. Ambos enfrentan acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico ante la justicia estadounidense y han sido objeto de recompensas por información que conduzca a sus arrestos o condenas.
A ello se suman las actuaciones de Washington durante 2025 contra el Cártel de los Soles y sus señalamientos sobre la participación de altos funcionarios del gobierno de Maduro en actividades que consideró perjudiciales para su seguridad.
Sin embargo, no todos los integrantes del Ejecutivo enfrentan los mismos señalamientos: Delcy Rodríguez fue sancionada por Washington en 2018, pero no tiene acusaciones por narcotráfico y le fueron retiradas las sanciones personales.
En 2026, Estados Unidos mantiene contactos con funcionarios del gobierno interino y coopera en acuerdos energéticos y otros asuntos estratégicos, mientras quienes permanecen en el poder han flexibilizado su narrativa política hacia Washington.
Aunque los antecedentes y señalamientos documentados explican que Machado los describa como “enemigos de Estados Unidos”, la relación que mantienen actualmente ambos gobiernos hace que su afirmación sea una verdad a medias.
Deja una respuesta