- Organizaciones como Provea vienen reportando el aumento de la pobreza y la desigualdad en el país en las últimas dos décadas. Esta tendencia contraviene lo que reportan otros países del mundo
- Transparencia Venezuela documentó que Venezuela obtuvo el tercer lugar en el índice de percepción de corrupción junto a naciones como Nicaragua y Haití
- Las misiones sociales creadas por el gobierno en base a los ingresos petroleros han sido catalogadas como estrategias electorales y perdieron penetración en los sectores más vulnerables
El 4 de septiembre de 2026 en el marco de la firma de acuerdos energéticos entre Chevron, ENI y el gobierno venezolano, el diputado Jorge Arreaza publicó en su cuenta de X un mensaje asegurando “sólo un gobierno como el nuestro, garantiza la justa redistribución de la riqueza (art 299 CRBV) que se generará a partir de las grandes inversiones por venir”.
Arreaza agregó que las inversiones derivadas del acuerdo firmado con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, servirían para financiar beneficios sociales como misiones, ingresos y servicios. “Tal como lo hizo el comandante Chávez”, escribió.
El equipo periodístico de Cotejo.info fijó su lupa en la afirmación del excanciller Arreaza: “solo un gobierno como el nuestro garantiza la justa redistribución de la riqueza”, calificándola como mentira. Esta opinión es contraria a los valores mostrados por organizaciones internacionales que analizan los índices de igualdad en Venezuela en las últimas dos décadas.
Además, la base de las misiones socialistas creadas en el gobierno de Hugo Chávez fue perdiendo efecto en la población. La cantidad de beneficiarios se fue reduciendo, al punto de que Transparencia Venezuela las terminó calificando como una “estrategia electoral”.
Acuerdo energético de gran escala
La captura de Nicolás Maduro por las fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 destrabó una tensa relación de años. Mientras en lo político tuvo momentos álgidos, en lo económico hubo puntos de encuentro, principalmente en el suministro de petróleo.
En 2002 el fallecido expresidente Hugo Chávez acusó a Estados Unidos de estar detrás del golpe de Estado que intentó derrocarlo. Una de las principales consecuencias fue la expulsión del país de la agencia federal para la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tres años después.
La muerte de Chávez y la asunción de Nicolás Maduro, lejos de limar asperezas, aumentó la tensión. Donald Trump impuso sanciones económicas severas y puso precio a información que condujera a la captura del, para entonces, presidente.
Todo eso cambió luego de la operación de extracción el 3 de enero de 2026.
El interinato de Delcy Rodríguez y la administración Trump firmaron un importante acuerdo energético. El mismo mandatario estadounidense informó que “habría conseguido «el control mayoritario» sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense», informó la BBC.
La misma fuente, citando a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, señaló que para Venezuela las inversiones superarían los 100 mil millones de dólares “con un ingreso en tributos para el Estado venezolano de unos 209 mil millones de dólares”.
Las cifras de desigualdad contradicen a Jorge Arreaza
Tomando como referencia un estudio de PROVEA de 2023, la desigualdad en Venezuela ya mostraba índices alarmantes. La organización la califica como “la privación inaceptable de capacidades a las personas, que les impide vivir una vida de oportunidades, limita su desarrollo y el de futuras generaciones”.
Para medir la desigualdad en Venezuela, durante las administraciones del chavismo, PROVEA utilizó el coeficiente Gini. Esta es una medida estadística diseñada para calcular la desigualdad en la distribución de los ingresos o la riqueza dentro de una población.
El índice de coeficiente Gini, igualmente con datos de la encuesta ENCOVI, mostró que Venezuela fue cada vez más desigual desde 2014 hasta, por lo menos 2018. Aunque esta encuesta reseñó que la pobreza se redujo en 14 puntos porcentuales en 2024, también argumentó que 70% de la población venezolana tiene pobreza de ingresos.
Ese estudio que abarca los años 2023-2024 señala otro aspecto clave que muestra el nivel de desigualdad en Venezuela. “El 10% más pobre, recibió en promedio 12,50 dólares al mes (con un máximo de $23,06). En cambio, el 10% más rico tuvo ingresos promedio de 633,72 dólares. Hay quienes llegaron a ganar hasta 2.725,34 dólares mensuales”.
La corrupción cada vez más enquistada
Otro de los aspectos en los que Venezuela ha sido peor valorada es el correspondiente al nivel de corrupción. Según Arreaza, solo el gobierno actual garantiza la justa distribución de las riquezas provenientes del petróleo, pero los reportes y cifras dicen lo contrario.
Transparencia Internacional publicó su informe sobre la percepción de corrupción de 2025, en esa lista Venezuela está en la tercera posición entre los peores valorados. Esta posición dejó al país en la misma posición registrada en el año 2024.
Uno de los aspectos que es tomado en cuenta para darle una baja puntuación a Venezuela precisamente es el tema económico. El informe incluye a la estatal PDVSA y la forma cómo ha distribuido sus ingresos.
“La petrolera venezolana ha perdido más de diez mil millones de dólares por un esquema de cambio de divisas y un programa de criptomonedas», reseñó DW. Transparencia Internacional argumenta su puntuación en la “pobreza generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país, millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad”.
Misiones sociales cada vez menos efectivas
Transparencia Venezuela reseñó que desde 2003, Hugo Chávez creó un sistema de misiones sociales para conectar con los sectores menos favorecidos. Los ingresos de PDVSA fueron el piso económico para financiar estos beneficios que se fueron diluyendo con los años.
La opacidad y discrecionalidad, además de las reiteradas denuncias por sobreprecio y baja calidad alimenticia, fueron haciendo mella en la percepción que las mismas tenían en la población más vulnerable.
Para el 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, eliminó programas sociales y organismos creados por su predecesor, Nicolás Maduro. La mandataria prescindió del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
Pero también cerró misiones sociales como la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, Propatria 2000, la Fundación José Félix Ribas y el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa.
El programa bandera del gobierno en cuanto a alimentación, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), se dejó de distribuir. Según el portal InSight Crime, basado en informes de medios locales, las cajas CLAP comenzaron a distribuirse en 2016 y, 10 años después, dejaron de hacerlo.
Calificativo final: Mentira
Las evidencias encontradas por el equipo de Cotejo.info permiten calificar la frase de Jorge Arreaza “solo un gobierno como el nuestro garantiza la justa redistribución de la riqueza” como mentira. Los datos presentados por organismos internacionales independientes permiten demostrar que el Estado venezolano ha sido incapaz de redistribuir de manera justa los recursos provenientes de la renta petrolera.
Venezuela ha sido catalogada entre los países más desiguales y corruptos del mundo en la última década. Además, las misiones sociales implementadas en la administración de Nicolás Maduro fueron paulatinamente eliminadas.
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