Nicolás Maduro Guerra: Los indígenas tienen derechos gracias a la revolución bolivariana

Nicolás Maduro Guerra: Los indígenas tienen derechos gracias a la revolución bolivariana


Fuente preferida Cotejo
  • El diputado de la Asamblea asegura que los indígenas venezolanos gozan de derechos gracias al expresidente Chávez y a la “Revolución Bolivariana”
  • Sin embargo, el Estado venezolano mantiene una deuda respecto de la demarcación y el reconocimiento de los territorios indígenas, como establece la Constitución, desde el año 2010
  • Además, el Arco Minero del Orinoco, reconocido por decreto presidencial, ha vulnerado a las comunidades en materia territorial, ambiental, de salud y violencia

Por Verónica A. Bastardo V. Especial desde el estado Bolívar.

En el acto del 12 de octubre, el diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que los indígenas tienen derechos gracias a la “revolución bolivariana”, durante su discurso en el marco del Día de la Resistencia Indígena.

Este acto en conmemoración de los 534 años de Resistencia Indígena reunió a comunidades indígenas del oriente del país (Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Sucre y Bolívar) en el Puente Angostura, el cual conecta el estado Bolívar con Anzoátegui.

Durante su discurso en el cierre de la jornada, el diputado recordó el hecho que marcó la historia de Suramérica y Venezuela, con la llegada de los colonizadores españoles al territorio. A esto agregó: “luego llegó el comandante Chávez, quien reunió y reivindicó a los pueblos indígenas… No olvidamos lo que pasó, pero también celebramos los derechos que hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, tenemos.”

Sus palabras atribuyen el bienestar y goce de derechos de los indígenas en Venezuela a la gestión identificada como “Revolución Bolivariana” —Hugo Chávez y Nicolás Maduro—, pero esto es una media verdad.

Si bien la Constitución de la República de Venezuela de 1999 otorga robustez al derecho indígena venezolano, pues se les dedica un capítulo entero —del artículo 119 en adelante—, organizaciones defensoras de derechos humanos e informes de las Naciones Unidas, aseguran que en la práctica se han consumado violaciones de los derechos indígenas en temas como la delimitación territorial, el respeto democrático, así como también el acceso a la salud y alimentación.

Los territorios: una deuda vencida hace más de 20 años

El artículo 119 de la Constitución, reconoce la existencia de los pueblos indígenas y señala al Ejecutivo nacional como responsable directo de “demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras” a los pueblos indígenas. 

No obstante, organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD.HH.) venezolanas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) consideran que, a la fecha, esto sigue siendo una deuda histórica.

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La importancia del reconocimiento y delimitación de los territorios de las comunidades indígenas radica en lo que representa para estos pueblos. De acuerdo con Wayamoutheri —programa dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas— el territorio “es la base material y simbólica de su existencia: sostiene su economía, su organización social, su identidad cultural y su espiritualidad. Sin territorio, los pueblos pierden las condiciones que hacen posible su continuidad como pueblos diferenciados.”

En los primeros años de la década de 2000 se crearon instancias normativas como la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, 2005), sin embargo, la titulación efectiva se paralizó por completo en cuanto las demandas territoriales colisionaron con las prioridades de expansión minera y energética del Estado.

Un antecedente se da en 2006, cuando la solicitud de autodemarcación de los pueblos Ye’kuana y Sanema —más de 4 millones de hectáreas— fue rechazada por el expresidente Hugo Chávez, bajo el argumento de que las comunidades no podían aspirar a extensiones territoriales de tal magnitud. Pero es entre 2008 – 2010, cuando cambian las prioridades geopolíticas hacia el coltán ante los bajos precios del petróleo, que estas demarcaciones se ven paralizadas en su totalidad.

En el Informe Anual 2025 “El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia” de la ONG defensora de los DD.HH, Provea, señala que este proceso de demarcación territorial sigue paralizado. Si bien se observaron esfuerzos judiciales, “persistieron desafíos, incluida la asignación de fondos para los tribunales indígenas, que impiden la plena implementación de estos esfuerzos y la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas.”

Impacto del AMO en los derechos indígenas

La promulgación del Decreto N° 2.248, en el año 2016, formalizó el Arco Minero del Orinoco (AMO), otorga estatus de explotación prioritaria a un área de 111.843,70 km², sobrepuesta a los territorios ancestrales de pueblos como el Pemón, Kariña, Ye’kuana, Sanema, Eñepá, Warao, Hoti y Wotjuja.

En entrevista exclusiva para Cotejo.info, Mariela Molero, abogada y representante de Kapé Kapé —asociación civil dedicada a la defensa de los derechos indígenas—, explica que la existencia del AMO ha traído consigo violencia, militarización y presencia de grupos armados, lo cual se ha traducido en el desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras, quienes a su vez son víctimas de esclavitud moderna, de redes de explotación y trata de personas.

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La presencia de grupos irregulares y las prácticas mineras también afectan las dinámicas culturales de las comunidades indígenas. Un experto en temas indígenas del estado Amazonas —que solicitó a Cotejo.info guardar su identidad por razones de seguridad— explicó que “genera distorsiones en la cultura. Las comunidades pueden sentirse amenazadas, que les invadan su territorio, su conuco…”, a su vez, introduce en estas comunidades las prácticas extractivas y sustancias ilícitas.

“Hay pueblos y comunidades que se oponen, que resisten lo que es la influencia de estos grupos externos, todos los ofrecimientos que se les hacen, pues la búsqueda es para doblegarlos para que permitan que grupos externos estén en sus territorios”, continúa.

Esta oposición o resistencia ha cobrado la vida de líderes indígenas en el territorio, quienes han denunciado abiertamente la presencia de grupos armados irregulares que buscan desplazar a las comunidades para ejercer la minería, como el caso de Virgilio Trujillo —indígena Uwottüja y defensor del territorio— en 2022, el cual continúa impune, o el reciente asesinato de Julio Rodríguez —máxima autoridad del pueblo indígena Jivi Ekunay— en agosto de 2026.

De acuerdo al experto consultado, estas ejecuciones son una especie de mensaje que se envía a todos los actores. “Para los que están y defienden el territorio, para los que documentan, registran y visibilizan, para los que están allí pendientes de toda situación que rodea a los pueblos y comunidades indígenas. Pues lo primero que genera es miedo.”

Infografía realizada por Claude/LatamChequea

Enfermedades y contaminación

El AMO trajo consigo también la proliferación de enfermedades como la malaria, tuberculosis y condiciones parasitarias, a las cuales las comunidades indígenas, con limitaciones para acceder a centros de salud, son especialmente vulnerables. Para 2019, la malaria causó el 40% de las muertes de indígenas en el territorio, según cifra de Kapé Kapé.

A su vez, la contaminación de sus territorios de pesca y cosecha con mercurio —a pesar de estar prohibido por decreto—, como reseña el especial periodístico “La huella tóxica del mercurio llegó a la Gran Sabana” del Correo del Caroní y SOS Orinoco, cuya investigación halló rastros de mercurio en el cabello de personas indígenas que sobrepasan las concentraciones admisibles establecidas por la OMS.

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La abogada Molero nos detalla que esta intoxicación por mercurio afecta principalmente a los pueblos Yanomami, Yekuana y Sanemá por ser los ríos su principal vía de sustento. “Sumado al colapso de la red de ambulatorios rurales, y la escasez absoluta de medicamentos y la falta de combustible para traslado de emergencia, lo que ha ocasionado un incremento de la mortalidad materna e infantil”, según el monitoreo que llevan en Kapé Kapé.

Voto indirecto, indefensión estructural

En el año 2020, en el contexto de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Nacional Electoral modificó —fuera de los lapsos establecidos en su propio reglamento— el ejercicio del voto de las comunidades indígenas, pasando de voto directo, secreto y universal, a una votación en segundo grado por medio de asambleas comunitarias y a mano alzada. Esta modificación se hizo efectiva sin la consulta previa a las comunidades.

El experto en temas indígenas entrevistado para este análisis del discurso público, considera que es una jugada para seguir manteniendo el control político. Por su parte, la representante de Kapé Kapé asegura que es un retroceso democrático: “tenemos la pérdida de autonomía y libertad política. Obligar a los indígenas a votaciones públicas los expone a presiones, coacciones y retaliaciones por parte de operadores políticos locales.”

Ambos expertos concuerdan en que no se han cumplido los marcos legales que el mismo Estado venezolano ha diseñado para proteger y garantizar los derechos de los pueblos originarios. En palabras de Molero, “se trata de una indefensión estructural absoluta, pues las instituciones que han sido diseñadas para proteger los derechos indígenas, Defensoría del Pueblo, tribunales, Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral, han omitido sus funciones de garantía y control.”

Conclusión

Las declaraciones del diputado Nicolás Maduro Guerra que aseguran que los pueblos indígenas en Venezuela tienen derechos gracias a la “Revolución Bolivariana” constituyen una media verdad.

Informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en temas indígenas concuerdan en que la Constitución de 1999 amplió y profundizó los derechos indígenas en el marco legal venezolano, pero el mismo Estado ha incumplido en garantizar los derechos que allí se reconocen.

Este incumplimiento estructural se evidencia a partir de la paralización absoluta del reconocimiento legal de las tierras ancestrales, la legalización y expansión del extractivismo del Arco Minero del Orinoco dentro sus hábitats y la imposición de retrocesos en el ejercicio de sus derechos políticos.

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