Rector Rondón asegura que condiciones electorales del 20M son las mismas de 2015, aunque hay diferencias notables

  • Acuerdo incumplido: no habrá asistencia electoral de la ONU
  • Tiempo entre convocatoria y elección se redujo en 52%
  • Elección con menos partidos: El número se redujo de 64 a apenas 17 en 2018

El pasado 24 de abril, el doctor Luis Emilio Rondón fue entrevistado por el periodista Vladimir Villegas durante el programa que conduce en el canal de televisión Globovisión. En la entrevista, el Rector Principal del Consejo Nacional Electoral aprovechó para insistir en su inconformidad con el poder de convocatoria para eventos electorales que ha ejercido la Asamblea Nacional Constituyente. Según el rector, el Estado venezolano es “disfuncional” porque “los distintos órganos del Poder Público, están ejecutando actividades que no le están atribuidas por la Constitución”. Dicho esto, y diferenciando la elección presidencial a celebrarse el próximo 20 de mayo de las elecciones regionales y municipales, Rondón aseveró que las condiciones electorales del 20M “son prácticamente las mismas”  que las ofrecidas en las elecciones parlamentarias de 2015.

Una de las razones que cita Rondón para elevar las condiciones electorales de la elección presidencial con las parlamentarias de diciembre de 2015 es que asegura, no ocurrirá la fusión de centros electorales, como la que fue anunciada apenas 72 horas antes de la elección de la ANC y que se mantuvo en las regionales y municipales. De hecho, el ente electoral anunció la restauración de los centros electorales nucleados, según reseñó el portal de noticias RunRun.es.

 Un proceso cuestionado

A pesar de las palabras del Rector Rondón, un grupo de especialistas electorales y algunas organizaciones no gubernamentales se han dedicado a estudiar las diversas aristas que intervienen en las condiciones necesarias para la elección presidencial. El Observatorio Electoral Venezolano, una ONG que se dedica a realizar observaciones a procesos electorales de manera objetiva e imparcial, publicó en su web el pasado mes de marzo un reporte especial en el que se comparan las condiciones entre el proceso de 2015 y este de 2018. El primer punto diferencial es la antelación con la que se realizó la convocatoria al evento electoral. En 2015 hubo 167 días entre la convocatoria y la elección, y en el actual proceso habrá apenas 80 días de por medio. Incluso el tiempo entre el anuncio y la formalización de la convocatoria, a través de su publicación en la Gaceta Oficial, fue mucho más largo este año. En 2015 se publicó la convocatoria apenas 3 días después. En el actual proceso fueron 12 los días que pasaron hasta su publicación.

También relacionado con la fecha del evento, está el hecho de su adelanto atípico. Las presidenciales en Venezuela solían realizarse en el último trimestre del año de la elección, específicamente en el mes de diciembre, con la finalidad de así reducir el tiempo para la transferencia del poder y la entrega del cargo al presidente electo. El proceso comicial en puerta podría eventualmente significar que exista un presidente electo y un presidente en ejercicio conviviendo en el poder hasta el próximo 10 de enero de 2019, cuando entonces podría tomar posesión de la Presidencia el candidato que, distinto a Maduro, resultara elegido por la votación mayoritaria, de ser este el caso. La ANC hizo su anuncio inicial de convocatoria a  elecciones, para antes del 30 de abril, el pasado 23 de enero de 2018, según informó el portal web Alba Ciudad. El primero de marzo, sin embargo, la fecha de las elecciones fue modificada por el CNE, en un acto donde se firmó un acuerdo de garantías. Los partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y el Partido Socialista Unido de Venezuela, según lo refleja una nota del diario El Nacional.

Una de las condiciones centrales del acuerdo era la de “proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral”. Marino de Alba, internacionalista y articulista en el portal ProDavinci explicó que “este mecanismo (la observación electoral) rara vez es puesto en práctica por la ONU y requiere aprobación de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de la ONU”. La información la confirmó el mismo Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, cuando recordó a la prensa que no es su decisión convocar ese tipo de asistencia electoral. Así, el primer punto del acuerdo de garantías se vio incumplido por ambas partes.

Dentro del mismo acuerdo, los signatarios se proponían como objetivo “realicen de manera simultánea las elecciones para Presidente de la República, de Consejos Legislativos Estadales y de Concejos Municipales, en la Segunda Quincena del mes de Mayo de 2018”. La realización de elecciones nacionales y municipales está prohibida, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. A pesar de lo explícito de la ley, la elección fue convocada por el CNE el primero de marzo. Sin embargo, 12 días después el ente electoral planteó diferir la elección de los Consejos Municipales para junio, debido a “dificultades técnicas.

Incluso el origen de la elección ha sido objeto de controversia. Desde su instalación, la ANC es el ente que convoca las elecciones, a pesar de lo estipulado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que le asigna esa competencia expresamente al Consejo Nacional Electoral.

 Derechos recortados

Una diferencia notable entre las elecciones parlamentarias y las presidenciales es la cantidad de partidos políticos que hacen vida de forma legal en el país. Según un reporte del Observatorio Electoral Venezolano, OEV, el número se redujo de 64 en 2016 a 17 en 2018. A pesar de que la dirigencia política sigue siendo afín a su partido, estos no tienen tarjeta válida y no pueden participar en elecciones.

Una de las diferencias más pronunciadas con el evento electoral del año 2015, es el tiempo y el número de actividades que le dedicó el CNE a aceptar postulaciones por parte de los candidatos. Según cifras del OEV en 2015 159 días y 25 actividades fueron realizadas. En la actualidad se realizaron 16 actividades en apenas 17 días, para una elección con más candidatos que la realizada en 2015. También para la postulación de candidatos indígenas hubo un traspié: el CNE no permitió que candidatos fueran postulados por un nuevo grupo de electores o por iniciativa propia. Las postulaciones estuvieron limitadas a los grupos que inscribieron candidatos al cargo de Presidente de la República.

En cuanto a la seguridad del proceso, las auditorías también resultaron recortadas. Para el proceso de 2015 se realizaron 19 auditorías en 42 días. En 2018 fueron 16 en 34 días. Fueron eliminados protocolos como la famosa tinta indeleble, la auditoría de certificación del software del Sistema de Estadísticas de Participación y la auditoria de Sistema de Información al Elector.

 ¿Deslegitimado?

La Mesa de la Unidad Democrática aseveró en primera instancia que no participará en el evento electoral debido a la falta de garantías y por considerarlo un “simulacro fraudulento e ilegítimo”. La coalición de partidos opositores no fue la única en pronunciarse. El Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves 3 de mayo una resolución donde se rechazó la realización de elecciones presidenciales anticipadas y se exigió su  “suspensión inmediata”. El texto fue aprobado en votación por 492 a favor, 87 en contra y 77 abstenciones. Los parlamentarios aseguraron que solo reconocerán unas elecciones “que estén basadas en un calendario electoral viable, sean acordadas en el contexto del diálogo nacional con todos los actores y partidos políticos relevantes, y en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes”.

Los Estados Unidos tampoco reconocerán los resultados de las elecciones, como pudo confirmar el embajador de la nación norteamericana en la OEA, Carlos Trujillo“Es mentira que sean unas elecciones democráticas”, afirmó, al tiempo que instaba a las otras naciones suramericanas a hacer lo mismo. Según el diplomático de origen cubano americano, el camino después de las elecciones sigue por el de las sanciones: “Esperamos que los países impongan sanciones individuales y no solo contra Maduro, sino a otras personas de su régimen que violan los derechos humanos”. De igual forma se pronunció el Grupo de Lima, conformado por 14 países de la región. El grupo rechazó públicamente la convocatoria de las elecciones en febrero.

Por Daniel Acosta para Cotejo.