- La Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Entre otras cosas, se alegó promover medidas específicas de prevención contra el odio, desprecio, hostigamiento, la discriminación, xenofobia y violencia moral o física entre las personas
- Distintas organizaciones han exigido la derogación de la misma luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Alegan que esta permitió criminalizar centenares de personas bajo señalamientos de instigar al odio
- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aceptó que esta ley fue “mal aplicada y se hizo un uso abusivo” de la misma. La mandataria interina pidió que fuese reformada
El 1 de octubre de 2026 la diputada a la Asamblea Nacional por el partido Patria Para Todos, Ilenia Medina, respondió desde su cuenta en X a una declaración de Lester Toledo donde pide que la Ley contra el Odio sea derogada. La legisladora se mostró contraria a la petición del exdirigente que regresó al país luego de 10 años en el exilio.
La publicación dice: “Venezuela no puede derogar leyes que enfrentan el odio. Es un mandato de la ONU. Una convención internacional de obligatorio cumplimiento. Si se debe derogar el odio y la violencia, eso sí. Es lo proscrito”.
El equipo periodístico de Cotejo.info fijó su lupa en la aseveración de la diputada Ilenia Medina y concluyó que se trata de una mentira. Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que la ley sea derogada, entre otras cosas, por no haber sido dictada por la Asamblea Nacional ni sometida a un debate público.
Además, un comunicado de organizaciones como Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Espacio Público, Acceso a la Justicia, Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, entre otras, exigieron que se derogue la ley.
La Ley contra el Odio nació con polémica
La llamada Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia fue publicada en Gaceta Oficial el 10 de noviembre de 2017. Como principal objetivo se alegó:
“La presente Ley Constitucional tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio,
hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación”.
La encargada de dictarla fue la Asamblea Nacional Constituyente. Para entonces, organizaciones como Acceso a la Justicia hicieron llamados sobre las implicaciones que tendría la ley en derechos básicos como la libertad de expresión, la manifestación pacífica, entre otros.
Defensores de derechos humanos rechazan que no se pueda derogar
Varias organizaciones han pedido la derogación de la Ley contra el Odio. Activistas como el abogado Marino Alvarado se han pronunciado sobre la necesidad de acabar con una ley polémica, argumentando que es perfectamente posible, contrario a lo señalado por la diputada Ilenia Medina.
“En general, hay un discurso de Naciones Unidas contra el odio, lo cual es correcto, como lo hay contra la discriminación o contra la xenofobia. Pero no es cierto que no se pueda derogar la Ley contra el Odio”, explicó Alvarado para Cotejo.info.
El defensor de derechos humanos destacó puntos importantes que hacen de la Ley contra el Odio una herramienta discriminatoria:
- Se creó como una ley constituyente, en medio de la Asamblea Constituyente y en un contexto de abierta represión.
- Tuvo la finalidad exclusiva de aplicarse con sentido discriminatorio; es decir, el propio propósito de la ley ya es inconstitucional, porque era para aplicarla a la disidencia, y en ningún momento para evitar cualquier tipo de expresión que pueda generar odio.
- Tiene unas penas excesivas, lo cual demuestra además la intencionalidad de imponer castigos ejemplarizantes por cualquier hecho que, de manera discrecional, una autoridad pudiera interpretar como promoción del odio.
- Tal como estaban redactadas las normas —y todavía lo están, porque sigue vigente—, dejaban una amplia interpretación a las autoridades, a los jueces y a los fiscales del Ministerio Público.
Organizaciones exigen su derogación
El 30 de septiembre de 2026 un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos publicaron un comunicado conjunto sobre la aplicación de la ley. Estas, pidieron que la misma no fuese reformada, como está propuesto ante la Asamblea Nacional, sino derogada.
Un comunicado firmado por Centro por la Justicia y el Derecho Internacional,
Comité de Familiares de Víctimas de Sucesos Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC),
Espacio Público, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Acceso a la Justicia, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, explica la incompatibilidad de la ley con la protección de los derechos humanos.
En ella se explica que esta ley ha sido utilizada para perseguir a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas. Además, se acota que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que la Ley contra el Odio “ha contribuido, a la continuidad del cierre del espacio cívico en Venezuela”.
Según estas organizaciones, esta ley prohíbe difundir mensajes que el gobierno considere propaganda, incitación o apología del odio, sin que exista una definición clara sobre lo que entiende como tal. “Más allá de estas sanciones, esta ley permite al Estado intervenir directamente en los contenidos que pueden difundir los medios de comunicación”, continúa el comunicado.
Por otro lado, contraviniendo a la afirmación de la diputada Ilenia Medina, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo en mayo de 2019:
“Combatir el discurso de odio no significa limitar o prohibir la libertad de expresión. Se trata de impedir la escalada de dicha incitación al odio hacia algo más peligroso, en particular, instigando a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo cual está prohibido según el derecho internacional”.
La misma ONU en su página oficial deja claro su posición frente a la forma de combatir el discurso de odio.
“Las libertades de opinión y de expresión son, de hecho, piedras angulares de los derechos humanos y fundamentos de las sociedades democráticas y libres. Estas libertades respaldan otros derechos fundamentales, como son el derecho de reunión pacífica, el derecho a participar en asuntos públicos y el de la libertad de credo o religión”.
Más de 900 procesados por la Ley contra el Odio
Según la organización Foro Penal, para finales de septiembre de 2026, había reportado 927 personas acusadas de “incitación al odio”. Precisamente esta cantidad de detenidos se han procesado en el marco de la Ley contra el Odio promulgada en 2017.
El vicepresidente de la ONG también apuntó que seis personas siguen detenidas, mientras que 638 tienen medidas restrictivas de su libertad. “La mayoría de las veces el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación”.
Desde el oficialismo llaman a una reforma
Aunque sectores opositores, ONG defensoras de derechos humanos y organismos internacionales llaman a una derogación, en el oficialismo proponen una reforma. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que la Ley contra el Odio fue “mal aplicada”, por lo que le solicitó al parlamento una reforma parcial.
“Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”. En el mismo tenor declaró Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex mandatario Nicolás Maduro, reconociendo “excesos en la aplicación de la ley, además pidió reformarla para adaptarla al momento histórico que estamos viviendo”.
Calificativo final: Mentira
Lo afirmado por la diputada a la Asamblea Nacional, Ilenia Medina, ONU impide a Venezuela derogar leyes que enfrenten el odio es mentira. Los elementos recabados por el equipo de Cotejo.info permitieron demostrar que la ONU pide combatir el discurso del odio, pero no desde la represión ni coartar la libertad de expresión.
Marino Alvarado, abogado y defensor de derechos humanos, desmintió la aseveración de Medina. Además, un grupo de organizaciones publicaron un comunicado pidiendo que dicha ley no sea reformada sino derogada, en vista de los abusos cometidos en nombre de la misma.
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