- Pese al ofrecimiento del mandatario, realizado a propósito de las elecciones parlamentarias de 2020, la Asamblea Nacional electa no contempla discusión alguna en la agenda legislativa anunciada para este año 2021
- La lucha por esta reivindicación comenzó hace 10 años. Contrario a lo ocurrido en otros países del mundo, en Venezuela primero se aprobó la doble maternidad
Texto: Diana Martínez
El 22 de octubre de 2020, a pocas semanas de las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, Nicolás Maduro señaló en cadena nacional que el nuevo parlamento tendría como “tarea el matrimonio igualitario en Venezuela”.
Dos meses después de estas elecciones cuyos resultados favorecieron al sector oficial, representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTIQ -consultadas para esta verificación- intentaron hacer cumplir la promesa de Maduro.
El 11 de febrero de 2021 acudieron a la sede del parlamento para entregar al diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión de Desarrollo Integral y Social, un documento mediante el cual exigen la creación de una subcomisión para discutir los derechos de la población LGBTIQ y, a su vez, generar anteproyectos que luego obligarían su discusión en plenaria.
En el encuentro se acordó, además, que los representantes de la comunidad sexo diversa de Venezuela sostuviera una reunión con el presidente de la nueva Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que no se ha concretado hasta la fecha de la redacción de este artículo.
Como parte de la verificación de la frase de Maduro, el equipo de Cotejo.info también intentó contactar a miembros de la Comisión de Desarrollo Integral y Social de la AN. Extraoficialmente se conoció que dentro del Palacio Federal Legislativo no existen planes inmediatos de abordar el tema del matrimonio igualitario.
De hecho, oficialmente la promesa no figura entre las 35 leyes de interés prioritario para el país, anunciadas en el Plan Legislativo Nacional 2021.
Estos hallazgos hacen que la mención de Maduro sea, al menos hasta junio de este 2021 -mes en que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT– una media verdad, porque aunque está confirmado que el matrimonio igualitario no es por ahora prioritario y no está en la agencia legislativa de 2021, todavía permanece vigente la promesa del mandatario y aun no es descartable que se produzca un debate a futuro, en los próximos 4 años de periodo oficial de la AN electa en diciembre de 2020.
Retraso legislativo
Según voceros de la comunidad LGBTIQ, a pesar a los avances reportados en el reconocimiento a parejas del mismo sexo durante los últimos 10 años en países como Costa Rica, Colombia Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina Chile y Bolivia, el parlamento venezolano tiene un retraso de 20 años en legislación inclusiva.
Los grupos sexo diversos denuncian que las elecciones han sido utilizadas para obtener votos a cambio de falsas promesas de cambio, inclusión y reconocimiento de sus derechos humanos.
En Latinoamérica, tan solo Venezuela y Paraguay aún posponen el tema, Perú se encuentra debatiendo sobre esto en su congreso.
Tamara Adrián, la primera mujer transgénero que fue electa diputada ante la Asamblea Nacional en el período 2015-2020, explica que la comunidad sexo diversa ha sido “engañada y manipulada al antojo de los mandatarios”.
Sin embargo, defiende las intenciones del período legislativo del que fue parte, alegando que al parlamento de mayoría opositora “le fueron bloqueadas las capacidades legislativas sobre este y otros temas”.
Adrián, cuyas propuestas para ganar la elección en 2015 contemplaban banderas polémicas como la institucionalización del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la eutanasia, recuerda las declaraciones del fallecido Hugo Chávez Frías del año 2009, durante una gira presidencial en Venecia-Italia, en las que reconoció que pese a ser defensor de los derechos humanos, no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario y, a su juicio, eso impactó en las políticas de abordaje sobre el tema.
Thamara Adrián recalca que durante la constituyente del 1999 no existía el matrimonio igualitario en ningún país del mundo. Sin embargo, existía en Ecuador, México y Fiyi (país de Oceanía) una protección contra la discriminación por orientación sexual. En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido ambigua en la interpretación de sentencias. “La propuesta del matrimonio igualitario se ha traspapelado o se ha ‘quedado en el tintero’ de muchos políticos”.
Fundamentalismo religioso vs. voluntad política
Quiteria Franco, directora de la Organización No Gubernamental Unión Afirmativa, asegura que la deposición de proyectos a favor del matrimonio igualitario no solo se ha debido a la poca o nula voluntad política, también “existe un fundamentalismo religioso al cual el gobierno no busca hacer frente”.
“El chavismo es cristiano evangélico y la oposición es cristiana católica. Ninguno de los dos bandos ha tenido intenciones de legislar para el reconocimiento de derechos a parejas homosexuales a través del matrimonio. Ambos bandos han usado el tema para lograr apoyo, justo antes de un proceso de elecciones. Ningún diputado de ningún bando mostró nunca un proyecto en ese tema. A pesar de haber declarado que lo tenían”, expresó.
Para el sociólogo Carlos Meléndez, Venezuela no cuenta con las condiciones que permitieron avances legislativos en materia de derechos humanos como en otros países de Latinoamérica, por lo que tiene un retraso en la emancipación de las luchas para las minorías de la región. A su juicio, quienes han ostentado el poder “no ven ninguna consecuencia negativa en seguir ignorando el tema”.
El diputado y pastor evangélico Javier Bertucci declaró en noviembre de 2020 que, antes de aprobar una Ley de Matrimonio Igualitario, es necesario realizar un referéndum consultivo sobre el tema.
El 22 de marzo de 2021, la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano publicó un comunicado en el cual rechazó la aprobación del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.
Las reacciones a la postura del clero venezolano se documentaron en un reportaje de El Diario, titulado Activistas de DD HH: Comunicado de la CEV contra el matrimonio igualitario y el aborto es antiderechos.
Lucha sostenida
Richelle Briceño, mujer transgénero, abogada y coordinadora Nacional del movimiento LGBTIQ del partido REDES, cree que sí están dadas las condiciones para que en este periodo legislativo se brinden reivindicaciones de derechos a la comunidad sexo diversa.
Briceño, quien también fue candidata a diputada durante el último proceso electoral parlamentario, señala que continuarán haciendo esfuerzos en torno al tema y previendo el peligro de que durante estos próximos cinco años tampoco se concreten acciones legislativas.
Lo más importante es la voluntad política, “no es necesario que se modifique la constitución, bastaría con hacer una modificación o derogación del artículo 44 del Código Civil en el que se señale que el matrimonio es entre dos personas sin distinción de sexos”, explica.
Leandro Viloria, representante del colectivo Ejército Emancipador, de corriente oficialista, dijo que en Venezuela es posible la doble maternidad, cuando en otros países se logra primero el matrimonio igualitario. “Nosotros empezamos de atrás para delante, pero tenemos la seguridad de que esta Asamblea debatirá el caso, porque conseguirá un movimiento LGBTI fortalecido y desplegado en la calle”, aseguró.
“Más que un capricho”
Según los representantes de organizaciones de la comunidad sexo diversa, el reconocimiento del matrimonio igualitario no se trata de un “capricho romántico”. Quiteria Franco enfatiza que las parejas heterosexuales dan por hecho los derechos que otorga esta institución civil.
Franco recalca que la negación del matrimonio igualitario priva a la comunidad LGTBIQ de una larga lista de derechos civiles y ciudadanos:
-Derechos patrimoniales y sucesorales.
-A la expedición de visado cuando se da el traslado de la pareja a otro país.
-A recibir la nacionalidad por naturalización.
-Al libre tránsito (“porque en nuestro continente ya hay al menos siete países donde el matrimonio igualitario es posible, entonces si me caso en Argentina y regreso a Venezuela, estoy perdiendo un derecho”).
-A visitas conyugales en la cárcel.
-A las demandas entre parejas del mismo sexo por manejo irresponsable de bienes.
-Al asilo y refugio.
-A la compra de bienes o petición de préstamos bancarios en conjunto.
-A inscripción de la pareja en el seguro social y a recibir pensión de sobreviviente en caso de militares.
-A visitas en caso de hospitalización.
Oposición parlamentaria
En febrero de este año 2021, Iris Varela, primera vicepresidenta de la AN de 2020, señaló en el programa televisivo Vladimir a la una, que no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, y dijo que para lograr esta acción habría que reformar la constitución. “Eso no se va a hacer”, agregó, y propuso la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de la comunidad patrimonial.
El 3 de febrero la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional sostuvo una reunión con representantes de la iglesia evangélica venezolana, quienes expresaron su posición contraria al matrimonio igualitario. El encuentro fue grabado por VTV y está disponible en el canal Youtube de Luigino Bracci Roa desde Venezuela; el tema es abordado a partir del minuto 8 con 14 segundos. La comunidad sexo diversa lamentó que no se brindara un espacio para el debate, para exponer ideas y que fuese igualmente televisado. Exigen equidad al parlamento.
