–En seis meses la Constituyente de 1999 realizó un nuevo texto, la actual lleva 11 meses y aún no ha presentado su propuesta
-Su permanencia se puede extender por más de dos años, a pesar de que en la instalación Nicolás Maduro aseguró que solo sería por ese período
– Para el abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino, el objetivo del Gobierno venezolano no radica en una nueva constitución
En el escenario venezolano la Asamblea Nacional Constituyente toma relevancia con el paso de los días. Órgano que resultó electo en los comicios realizados el 30 de julio de 2017 en los que, según el Consejo Nacional Electoral, participaron más de 8 millones de venezolanos. Sin embargo, en un escenario controversial posterior a estos comicios, la empresa Smartmatic, encargada de la plataforma tecnológica para el proceso, aseveró que había una diferencia de al menos 1 millón de votos entre los resultados anunciados y los datos de participación que arrojaba el sistema, lo que provocó el cese de sus operaciones.
En agosto próximo se cumple un año de la instalación de la ANC y hasta la fecha no se ha presentado la propuesta de un nuevo texto constitucional. Hace 11 meses se instaló con Delcy Rodríguez en la presidencia, cargo que ahora reposa en las manos de Diosdado Cabello, miembro directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), hecho que genera interrogantes sobre la línea de acción descrita por este órgano y que a la fecha no muestra signos de apegarse a su función fundamental.
Esta transición se produjo el 19 de junio cuando Cabello respondió a la designación de la ANC, que describió como “una institución extremadamente poderosa” en la que necesita todo el apoyo para ponerse “a la altura de lo que solicita el pueblo”. En su intervención reconoció la labor cumplida por Delcy Rodríguez en una primera etapa para centrada en establecer las bases institucionales.
Además, el ahora presidente de la ANC manifestó que deben continuar con las líneas que expone Nicolás Maduro para la “paz y reunificación” con todos los factores que estén dispuestos a participar en un nuevo comienzo, donde se abran canales impulsados por el socialismo.
En el inicio, los objetivos de la ANC se sustentaban en establecer mecanismos de paz, mejoras en la economía, constitucionalizar las misiones y nuevas formas de democracia participativa, ampliar las competencias del sistema de justicia, defender a la nación de acciones de intervención extranjera, lograr la reivindicación del carácter pluricultural de la patria, establecer garantías de futuro y preservar la vida del planeta.
De acuerdo con el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, la figura de la ANC se define de la siguiente manera: «El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución».
Esta transformación debería darse en un lapso de “hasta dos años” para agosto del 2019 tal y como lo expresó Nicolás Maduro durante la instalación de la ANC. Sin embargo, en su alocución, Cabello enfatizó en que este período se puede extender para poder cumplir con los objetivos estimados.
Así las cosas, el abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino asegura que el objetivo del gobierno venezolano no radica en una nueva constitución, solo utiliza la Constituyente como un órgano supraconstitucional que “hace y deshace en base al concepto de que ellos son la constitución”, esto genera que se extienda su permanencia. Es un instrumento que basa su vigencia en que la Asamblea Nacional está ahora en manos de la oposición.
De acuerdo con Afonso, este es un órgano con mucho poder conferido que ahora atiende otros aspectos que no son propios de su competencia y por eso no se presenta una propuesta. Esta es una diferencia de la convocatoria de 1999, cuando solo fue necesario un período de seis meses para realizar la Carta Magna que hoy se mantiene vigente.
Jugada política
Aunque desde el seno de la ANC se presentó una serie de objetivos, actualmente no se tiene evidencias concretas de que se estén cumpliendo. Mientras que Delcy Rodríguez fue su principal figura, se produjo la destitución definitiva de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se autorizó la apertura de un juicio en contra del opositor Freddy Guevara, quien fuera el primer vicepresidente de la AN, se aprobó la “Ley de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz” para hacer frente a los actos de violencia promovidos por sectores de la oposición, y la más reciente es la “Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
Por otra parte, este organismo ha tomado cargos en los recientes procesos electorales en Venezuela, realizó la convocatoria a elecciones regionales en octubre de 2017 y municipales en diciembre del mismo año, realizó el Decreto Constituyente número 41.308 para la validación de los partidos políticos, publicado en Gaceta Oficial y, además, tomó la iniciativa para los comicios presidenciales y de consejos legislativos municipales y estadales en mayo de 2018.
Después de las elecciones del pasado 20 de mayo, la ANC estuvo vinculada con la excarcelación de 43 presos políticos, en una primera etapa que culminó el 13 de junio de este año bajo la dirección de su ex presidenta Rodríguez, todo esto “en aras del gran diálogo nacional, el reencuentro y la unión”. Sin embargo, esto se produjo con la implementación de medidas de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de declaraciones en medios de comunicación y redes sociales.
En palabras del consultor político Amaury Castillo, la ANC es “un éxito del gobierno” porque marca la agenda política de Venezuela, cosa que no ha podido lograr la oposición; es un hecho que estimula el descontento en la población que pierde sus esperanzas en los planteamientos que puedan realizar representantes de este sector contrario a gobierno de turno.
Ahora, con la nueva vía de Cabello en la presidencia de esta instancia, de acuerdo con el analista político Oswaldo Ramírez se produce un reacomodo del poder en la postura del oficialismo. Explica que hay dos aspectos con los que puede avanzar Diosdado Cabello bajo la normativa de Nicolás Maduro, porque “no hay la autonomía que se sospecha de un Diosdado supraconstitucional y un Nicolás Maduro subordinado”, en el que puede avanzar en algunas leyes que el gobierno considera prioritarias y en incrementar el control político para crear incertidumbre en la población.
Todo esto ocurre en un contexto en el cual la oposición está fragmentada y la población se encuentra apaciguada ante las carencias de la dirigencia. Ramírez manifestó que ante la posibilidad de que la ANC presente un borrador de la nueva Constitución en los próximos días, voceros de la alianza de Henri Falcón han mencionado que de desarrollarse un referendo aprobatorio, ellos participarían para evitar la aprobación de nuevos artículos.
Por su lado, el abogado Afonso asevera que esta propuesta puede que no pase por una consulta popular, debido a que las bases comiciales de la ANC hacen referencia de una “exhortación a un referendo aprobatorio”, pero es un mecanismo que no tiene vinculación.
¿Qué pasa con la economía?
Uno de los objetivos impuestos a la ANC en sus inicios era establecer nuevos parámetros para la economía del país; lograr el “perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela Potencia”. A los pocos días de su instalación en el año 2017 se realizó la presentación de una comisión económica para atender los aspectos más destacados que se deben incluir en la nueva Constitución.
En este sentido, el economista Ángel Alayón ha señalado que hasta el momento la ANC no ha tomado medidas importantes que se relacionen con el funcionamiento de la economía, aunque fue una de las promesas de Nicolás Maduro en el camino a la elección de este cuerpo de representación popular; solo se manifiesta con respecto al control de precios.
En el caso de que la constituyente realice cambios en las políticas económicas se produciría “una distorsión más de un organismo que tiene fallas de origen” debido a que según Alayón, la responsabilidad económica del país es competencia del Ejecutivo Nacional y del Banco Central de Venezuela.
El 19 de junio de este año la ANC, por decisión unánime, aprobó la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela con la finalidad de “retomar la ofensiva económica” del país. Entre tanto, esta designación, según la modificación de la “Ley del Banco Central de Venezuela” promulgada en el año 2015 en la Gaceta Oficial 6.122, es una competencia del Presidente de la República.
Ante la propuesta del Plan 50 presentada por el Ejecutivo Nacional hace pocos días, el constituyente por el sector de trabajadores, Oswaldo Vera, aseveró que la ANC acompañará este mecanismo para fijar precios de 50 bienes, productos y servicios esenciales y se aprobarán los recursos para potenciar la producción nacional y la importación de materia prima y otros productos.
Alayón asegura que la implementación de controles a nivel económico hace que disminuya la oferta de productos a la vez que incrementan sus precios, una “receta para la aceleración del colapso”, en un país donde las políticas de esta índole son un mecanismo repetido del Gobierno nacional que solo deja resultados perjudiciales.
Por Valentina Saldivia para Cotejo.info
