- A estas personas les acusaron de conspiración y asociación para delinquir, la revisión realizada por el equipo de Cotejo.info arrojó que 5 de ellas hacían parte de organizaciones sindicales y uno de ellos es reconocido como luchador social y “activista sindical”
- Organizaciones sindicales rechazan los cargos de conspiración y asociación para delinquir que les impusieron. La ONU considera que fue un “abuso crónico” de las leyes antiterroristas de Venezuela utilizadas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores
- Además, han denunciado públicamente que se trató de un juicio amañado, en el que el único testigo de la denuncia jamás se presentó. PROVEA catalogó de arbitrarias las sentencias, citando que el proceso en su contra se basó en la presentación de “presuntas capturas de WhatsApp”
Por Edy Pérez Alvarado
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró durante una alocución transmitida por VTV y colgada en un canal de YouTube con fecha del 3 de agosto pasado, que “no son sindicalistas los seis condenados a 16 años de cárcel”, al referirse a la condena de los luchadores sociales Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo quienes fueron sentenciados a 16 años de prisión, el pasado martes 1 de agosto, acusados de conspiración y asociación para delinquir.
La declaración textual del fiscal, entre el minuto 4 con 55 segundos y el minuto 7 con 14 segundos, es la siguiente:
“Uno de los nuevos hechos o sucesos, en el cual han querido manipular para dañar la imagen venezolana, de la nación, de las instituciones… ha sido la reciente condena de 6 sujetos conocidos como: Alcides José Bracho, alias “Víctor”; Emilio Antonio Negrín, alias “Pirela”; Gabriel José Blanco, alias “Ricardo”; Reinaldo Cortés, alias “Cortés”; Alonso Valentín Meléndez, alias “Valentín”; y Néstor Astudillo, alias “Orlando”. Estas personas, así como las he ido mencionando, actuaron al margen de la ley… conspirando contra la democracia venezolana, contra el gobierno venezolano, y luego, quienes salieron en su defensa -como siempre- les buscaron un disfraz, un ropaje, y en este caso fue tildarlos -a estos sujetos que acabo de mencionar- de presuntos líderes sindicales. Lo insólito es, y oigase bien, primero no son líderes sindicales, no pertenecen a un solo sindicato, de hecho en el juicio y durante el juicio, un solo sindicato salió en defensa de estas personas. Segundo, nunca, al momento de ser detenidos, se encontraban realizando alguna labor vinculada a la lucha sindical, lo más interesante de todo esto: ninguno de ellos son trabajadores activos, no aparecen registrados ante el Instituto Venezolano de la Seguridad Social como trabajadores adscritos a alguna empresa pública del Estado venezolano, aparecen como cesantes, coloquialmente hablando como personas desempleadas”.
Después de hacer una revisión de las reseñas periodísticas sobre el proceso legal, las reacciones frente a la decisión de sentenciarlos a 16 años de cárcel y las acciones de calle emprendidas a su favor, además de precisar los perfiles de trayectoria basados en fuentes documentales, se concluyó que es mentira que “no son líderes sindicales”, como dijo Saab.
Reconocidos como sindicales y luchadores sociales
Los perfiles de cada uno de los sentenciados se crearon a partir de información que publicó Runrunes, Efecto Cocuyo y otros datos encontrados en línea. También hay evidencia hallada en sus redes sociales que muestra su labor.
A los seis sindicalistas y luchadores sociales los acusaron de conspiración y asociación para delinquir por la denuncia de un “patriota cooperante”.
Fueron presentados ante los tribunales bajo la premisa de “haber cometido delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Lodofat)”, lo que la ONU tildó como un “abuso crónico” de las leyes antiterroristas para ir contra los defensores de los derechos laborales.
Negrín es abogado de profesión y es reconocido por haber participado como delegado de CODESA en el Foro de Diálogo Social, organizado entre el 25 y el 28 de abril de 2022 por el Gobierno venezolano, en el marco de una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Runrun.es también figura como presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y como miembro de la Coalición Sindical Nacional.
Durante esas reuniones de la OIT con el gobierno, Negrín ratificó la necesidad de liberar a otros presos políticos sindicalistas.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo capturaron, sin orden judicial. Lo llevaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en La Quebradita de San Martín, en el oeste de la capital. En su perfil de Twitter (ahora X) se identifica como: “Dirigente político y sindical. Luchando por un mejor país”.
Tamara Suju, abogada defensora de Derechos Humanos, repudió las declaraciones de Saab y escribió en Twitter: Negrín sí es sindicalista y participó en la Mesa de Diálogo.
El 6 de julio de 2022, al día siguiente de su detención, directivos de los gremios como UNETE, CODESA y ADS dirigieron un oficio a Guy Ryder, director de la OIT, solicitando su liberación y la de sus cinco compañeros.
Blanco Flores trabaja con la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las asociaciones que encabezó los procesos de diálogo con la OIT en el año 2022 y que constató que en Venezuela no se cumple ningún derecho laboral. También colaboraba con la ONG-PROVEA, consta en un oficio de UNETE Y CONDESA enviado a la OIT.
En otros datos recopilados consta que es trabajador social de la Universidad Central de Venezuela.
Antes de ser detenido el 7 de julio del 2022, trabajaba con las comunidades caraqueñas de Coche para la promoción de los Derechos Humanos, la prevención de la violencia basada en el género y los derechos laborales. La Dgcim y el Sebin lo detuvieron bajo la directriz de conducirlo para una “entrevista”.
Diannet Blanco, activista humanitaria y esposa de Gabriel, informó a Runrun.es que en ningún momento se ofrecieron datos sobre la persona que presuntamente denunció a los seis sindicalistas por sus interacciones en redes sociales.
Reveló al medio que su esposo no ha sufrido agresiones físicas. Dijo que la “peor tortura” ha sido seguir encarcelado “siendo inocente”, porque le han vulnerado sus derechos a la salud, calidad de vida, al trabajo y a compartir con su familia.
La Federación Internacional de Derechos Humanos en su página web lo muestra como defensor de derechos humanos, mientras que publicaciones en su Facebook hechas en 2021 se evidencia que buscaba ayuda para profesores, prevención de la trata de niños, entre otros temas de interés social.
Cortés, por su parte, es miembro del Consejo Regional de Trabajadores del estado Guárico y está dentro de la estructura de la central sindical Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Fue acusado de “sabojate” por participar en un supuesto asalto al Fuerte Caribay, en Mérida, para apoderarse de 120 fusiles y supuestamente secuestrar a la familia de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo para esa fecha.
Lo detuvieron en San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico. Estuvo incomunicado por más de 48 horas. Según Runrunes.es, no le notificaron de los cargos y sus abogados denunciaron que les negaron la copia certificada del expediente durante su juicio.
El Pitazo le dedicó una nota el 29 de enero de 2023, en la cual destacan una declaración de Yecenia Álvarez, coordinadora del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de Guárico: Todo responde a una patraña para sembrar miedo ante el crecimiento de un movimiento de trabajadores que está en la calle desde inicio del año 2022.
Bracho es profesor de química y artes plásticas, miembro del sindicato Federación Venezolana de Maestros (FVM) y milita en las filas del partido político Bandera Roja.
Yorbelis Oropeza, docente y esposa de Bracho, ha denunciado que la detención viola flagrantemente el debido proceso de los seis sindicalistas. Además del maltrato psicológico que genera un proceso que “criminaliza la protesta (…), solo por la exigencia de salarios justos”.
El abogado, Eduardo Torres, indicó al medio Efecto Cocuyo que el juicio sufrió un retardo procesal. La segunda audiencia de juicio se presentó alrededor del 10 de febrero del 2023, siete meses después de su detención arbitraria.
Mientras que Oropeza, la esposa de Bracho, reafirmó que los cargos imputados a Bracho y a los otros cinco sindicalistas fueron por “hacer un grupo de WhatsApp, esa es la asociación para delinquir: protestar, salir a la calle. Como profesor, pedir por los derechos de los profesores, ir contra el instructivo Onapre”.
En las redes sociales (1 y 2) de Alcides Bracho se pueden ver mensajes de 2022 como: Libertad para los presos políticos, defender derechos humanos no es un delito y también hay publicación de sus obras de arte. Lo detuvo el Sebin y fue recluido en la sede de la DGCIM.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, en un texto publicado al cumplirse 150 días de “injusto encarcelamiento” y explica lo que tienen en común:
“Son activistas vinculados a las luchas sindicales, y han tenido una destacada participación en las recientes movilizaciones realizadas por trabajadores y empleados públicos a nivel nacional, en rechazo al instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que afecta las contrataciones colectivas y las escalas salariales, y que ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Meléndez es Ingeniero pesquero de profesión, docente, sindicalista y militante del partido Bandera Roja en el estado Falcón. Tiene diplomado en Docencia Universitaria y diplomado en Derecho Laboral y Gestión del talento Humano, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maestrante de la cohorte XX del postgrado en Maestría en Gerencia Pública de la Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda para el momento de su detención arbitraria, reseña Wikipedia.
El equipo de Cotejo.info pudo corroborar que también es miembro del Consejo de Pescadores y Pescadoras Acuicultores y Acuicultoras Aurora (COMPA), del municipio Los Taques, estado Falcón.
Bandera Roja denunció que los cuerpos de seguridad del Estado hicieron una desaparición forzada, ya que no podían contactarse por más de 24 horas con Meléndez. No se enteraron de él hasta que fue trasladado a Caracas.
Hasta el momento de su detención, Meléndez era tutor de la Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda y de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas.
Además, hacía activismo y participación el Consejo Comunal La Florida del municipio Los Taques en el estado Falcón y en el COMPA.
Fue miembro del Comité Directivo Regional CDR de la Unión de Jóvenes Revolucionarios, Juventud del Partido Bandera Roja en el estado Falcón, Responsable Político de la UJR en Paraguaná.
Es miembro del Comité Político Regional CPR Chema Saher de Bandera Roja en el Estado Falcón y miembro del Comité Político Local CPL Alí Primera de Bandera Roja en La Península de Paraguaná. Fue detenido en su casa el 5 de julio del 2022. Durante la reclusión de Meléndez ningún cuerpo de seguridad del Estado se identificó, dice Runrun.es.
Astudillo es el delegado de la central sindical, ASI, en el estado Miranda y forma parte del partido político Bandera Roja.
Diez días después de su detención, los Comités Populares de Derechos Humanos en Caracas y el estado Miranda le exigieron a la Defensoría del Pueblo medidas cautelares y protección de los sindicalistas, reseñó Efecto Cocuyo. Los familiares y los miembros de organizaciones no gubernamentales se reunieron más de tres veces para exigir una respuesta del Estado que nunca les concedió.
Miembros de la DGCIM lo detuvieron en su casa, ubicada en Charallave, estado Miranda, el 6 de julio de 2022.
Hasta la fecha, cerca de 108 Organizaciones No Gubernamentales y movimientos políticos exigen la libertad de los seis activistas humanitarios y sindicalistas. Una de estas organizaciones son UNETE y CODESA que pidieron el 2 de agosto pasado, al siguiente día que se publicó la sentencia contra los seis sindicalistas, la intervención por parte de la OIT.
Aporrea reprodujo el Comunicado del Comité de familiares y amigos por la libertad de los trabajadores presos ante la sentencia a 16 años de prisión a los seis sindicalistas.
Argumentos sin lugar
Durante la alocución, Saab también señaló que las investigaciones evidenciaron que “ninguno de ellos son trabajadores activos” y que solo aparecen en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como “cesantes”.
El equipo de Cotejo.info hizo una revisión de cada uno de los sindicalistas en el IVSS para verificar si era cierta esta aseveración del fiscal general, al hacer la búsqueda se pudo constatar que el único que aparece activo es Reynaldo Cortés, los demás están cesantes, como refirió Saab.
Para conocer a qué se debe esto y si en realidad es una evidencia de que no son sindicalistas, se contactó al director de la ONG Movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez, quien explicó que se trata de un argumento sin lugar y que el hecho de que aparezcan cesantes no es evidencia de que no son sindicalistas, pues el sindicalismo en Venezuela se ejerce de hecho y no de derecho.
Entrevista realizada por la periodista Edy Pérez para esta verificación del discurso público
La mayoría de los miembros de los sindicatos ejercen porque lo consideran un deber hacia la sociedad y hacia sus colegas, se trata de convicciones democráticas, pues ponen en riesgo sus vidas, sus libertades y en realidad no tienen ningún beneficio, al contrario.
“¿Quién va a dedicar un tiempo de su vida, años de su vida por una cotización que no representa absolutamente nada?”, dice Virgüez, al tiempo que señala que muchos han tenido que salir de las empresas y dedicarse a hacer otros trabajos para poder mantener a sus familiares.
Entrevista realizada por la periodista Edy Pérez para esta verificación del discurso público
Para explicar por qué en el país el ejercicio sindical es de hecho y no de derecho, el director del Movimiento Vinotinto dijo que hay instituciones y empresas en las que hace años no se celebran elecciones sindicales por diversos factores.
Hacer una elección requiere un costo económico, que muchas veces es suministrado por el Consejo Nacional Electoral, pero como hay desconfianza sobre ese organismo o las hacen de manera austera para evitar cualquier tipo de injerencia.
Al no celebrarse elecciones formales el liderazgo sindical reposa en actores que ejerce esa función, de hecho, ellos son escuchados por los agremiados, por la masa del sector al que pertenecen, pero como tal no tienen una cualidad electa y eso sucede a nivel universitario con el liderazgo estudiantil, político y gremial, no hay elecciones por razones políticas de control a la sociedad civil, es el criterio de Virgüez.
El caso
Entre el 4 y el 7 de julio de 2022 en Caracas, capital de Venezuela y en los estados Miranda, Guárico y Falcón, fueron aprehendidos seis miembros de sindicatos, cinco de los cuales son miembros actuales o antiguos del partido político de oposición Bandera Roja.
La mayoría de ellos fueron detenidos sin orden de arresto por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Ocurrió después de que participaran en varias jornadas de protestas, encabezadas por maestros del sector público, en demanda de mejoras salariales y respeto a sus derechos laborales.
Un año y un mes después, el 1 de agosto de 2023, el Tribunal segundo con competencia en terrorismo los condenó a 16 años de prisión, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, reseñó Crónica Uno.
Todos exigían públicamente derechos laborales y salarios justos a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que creó un tabulador para el pago de las nóminas y bonificaciones, una actividad criticada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la sociedad civil venezolana, asentó Runrun.es en un trabajo publicado el pasado 2 de agosto.
Para poder enjuiciarlos y condenarlos usaron la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo, consideran los expertos de la ONU.
Por su parte, Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición de Derechos Humanos y la Democracia y parte de la defensa de los seis sindicalistas, los condenados “son víctimas del sistema para acallar a los trabajadores y evitar cualquier tipo de disidencia”.
En las declaraciones transmitidas por VTV, Saab aseguró que los seis dirigentes pertenecían a una organización “subversiva y conspirativa” denominada Unidad de Resistencia Popular (URP), con la que tenían planeado asaltar el conscripto de San Jacinto, en Mérida, para apropiarse de 120 fusiles.
Sin embargo, Acosta alegó que son personas trabajadoras, de currículum “intachable”, profesores, profesionales y trabajadores humanitarios a quienes no se les probó que eran parte de una organización criminal.
En la acusación formulada por la Fiscalía General de la República en contra de estos trabajadores, que tiene en su poder la defensa, se relata que llegó una denuncia anónima de un ciudadano denominado Adalberto.
La defensa alega que se trata de un “patriota cooperante”, uno de los voluntarios chavistas que están autorizados a hacer labores de “inteligencia social”, a la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana en julio de 2022. La investigación comenzó en ese momento, reseñó El País.
A los acusados se les señaló como parte integrante de una Unidad de Resistencia Popular, creada presuntamente para organizar acciones terroristas “contra el Estado venezolano y la democracia”, como planificar secuestros, promover protestas y sabotear fiestas patrias.
Entre los elementos que sustentan el procedimiento judicial, afirma el informe del fiscal titular del caso, Elín Teodoro León, pesa un procedimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM), que accedió a conversaciones privadas de WhatsApp y realizó un seguimiento de sus actividades.
Eduardo Torres, abogado defensor de los dirigentes sindicales, reconoció la existencia de pesquisas policiales de inteligencia contra sus defendidos y afirmó que un procedimiento de inteligencia como el descrito “no es prueba en el Código Orgánico Procesal Penal”.
“Además, el informe policial deja claramente establecido que los dirigentes no estaban adelantando ninguna acción política, ni se discutía ningún procedimiento en particular contra nadie”, prosiguió.
Una jueza con historial de violación de derechos humanos
La jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal fue quien sentenció a 16 años de cárcel a los 6 sindicalistas. Ella aparece en investigaciones judiciales en las que ONG reportan violaciones de derechos humanos.
El Pitazo hizo un perfil de esta jueza, quien en junio de 2013 aparece como la fiscal que solicitó la imputación del funcionario del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Tryno José Martínez, por el delito de extorsión contra comerciantes.
En 2014 suscribió la acusación del Ministerio Público contra Leopoldo López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. En un documento oficial. Duque aparece como fiscal auxiliar interina segunda nacional con competencia plena.
En 2015 fue la fiscal designada para investigar el hallazgo de siete osamentas durante un procedimiento del Ejército venezolano en una fosa en común en el sector La Mulata, municipio Ureña, en Táchira.
Su nombre también aparece en la Gaceta Oficial número 41.529 de 2018, cuando fue designada fiscal provisoria. En 2022, según una publicación de la periodista Sebastiana Barráez, Duque participó en la investigación contra tres personas señaladas de planificar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y trasladar explosivos, como jueza cuarta de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Conclusión
Por todo lo expuesto, se concluye que es mentira que los seis condenados no son líderes sindicales, como aseguró Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela.
La revisión documental, entrevista a miembros de ONG y análisis del perfil de los privados de libertad arrojó que al menos 5 de los 6 afectados están vinculados a organizaciones sindicales y uno es reconocido como un luchador social, todos de reconocida trayectoria.
