- A diferencia del Defensor del Pueblo y de la Fiscal General, apenas elevó la voz cuando fue interrumpido por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, ofreció pocos números, no tocó ningún caso o tema polémico, aun siendo vigilante de los bienes patrimoniales del país que son susceptibles de ser dilapidados o sustraídos por la corrupción o la ineficiencia.
El 7 de abril de 2016, el Contralor General de República desde el 22 de diciembre de 2015, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, presentó su alocución frente al hemiciclo de la Asamblea Nacional en cerca de 15 minutos. El exasesor jurídico de la Asamblea Nacional y ex Procurador General de la República no tiene un verbo provocativo ni usa lemas revolucionarios. No se refirió al presidente Hugo Chávez, no alabó al gobierno y apenas se inmutó ante la guerra de gritos que se libró ante su presencia. “Escuche compañero, cada vez que en un funcionario comete un acto de corrupción, está despojando al país de la posibilidad de invertir en la gente, es decir, bienestar social efectivo e incluyente”, dijo en el único momento que pareció salirse del discurso, que es muy cercano a la carta de presentación del informe entregado al parlamento.
A diferencia del Defensor del Pueblo y de la Fiscal General, apenas elevó la voz cuando fue interrumpido por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, ofreció pocos números, no tocó ningún caso o tema polémico, aun siendo vigilante de los bienes patrimoniales del país que son susceptibles de ser dilapidados o sustraídos por la corrupción o la ineficiencia. Hizo exhortos a la moral y la ética para no apropiarse de lo ajeno, lo que fue respondido con risas y gritos de reclamo con tono de burla.
Llamó a respetar el décimo mandamiento de la fe cristiana mientras culpó a la falta de formación así como la avaricia nacida del capitalismo por la corrupción. Pero no fue altisonante, ni confrontó, sino reflexionaba sobre los aspectos formales de instruir al funcionario y a la funcionaria, insistiendo en el lenguaje de inclusión con suma corrección política pero que también es símbolo del nuevo lenguaje oficial chavista, así como lo que describió como “una lucha incansable” contra la corrupción que despojaría de derechos a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres por el desvío o apropiación indebida de los recursos públicos destinados a atenderlos.
Cuando se refirió a la Ley de Amnistía aprobada por los diputados de oposición, insistió que los delitos de corrupción no podían ser “autoperdonados” porque esta mala práctica administrativa violaría los Derechos Humanos, “lo cual consideremos improcedente desde el punto de vista moral y legal”, apuntó. Incluso se permitió una reflexión cercana al coaching: “todos tenemos algo de tóxico, pero eso es algo bueno porque sirve para la enseñanza”. Hubo poca solemnidad ante sus declaraciones.
“Todos tenemos algo de tóxico, pero eso es algo bueno porque sirve para la enseñanza”Manuel Galindo, Contralor General de la República
Inhabilitar sin ruido
Su calma verbal contrasta con su actuación institucional. Según el propio documento oficial en 2015 la Contraloría General ejecutó 781,25% más inhabilitaciones que en 2014, último año de la contralora encargada Adelina González, cuando se emitieron 48. Pero durante el primer año de la gestión de Galindo se produjeron 375 medidas administrativas de este tipo, lo que supera ampliamente las cantidades registradas en la web de este organismo nacional de control y auditoría, que entre el año 2000 y 2012 señala que se habían implementado 924 inhabilitaciones, a un promedio de 71 por año. “Los detalles de manera clara y específica están en el informe y el anexo del que hago entrega hoy” había adelantado antes de darle la mano a la directiva de la Asamblea Nacional. Con poco ruido, sin embargo, aclaró que el Poder Ciudadano no está bajo el control político, recordando la posible destitución que se solicitaría contra la Fiscal General.
Se inhabilitaron 17 más y se suspendió del cargo sin goce de sueldo a otra persona más por procesos del 2014 y se ordenaron 23 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas y una suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo correspondiente al 2013 para un total de 482 declarados responsables en sus primeros 12 meses de funciones. Esto incluye casos emblemáticos que no nombró como los de los exgobernadores del Zulia, Manuel Rosales y Pablo Pérez; los exalcaldes de San Cristóbal y San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano e incluso la poco clara notificación a la exparlamentaria María Corina Machado.
Aun así la página web del ente las inhabilitaciones, destituciones ni suspensiones de sueldo, así como los informes de actuaciones solo están actualizadas hasta 2013, por lo que el ente debió responder 9.870 solicitudes de máximas autoridades de órganos y entes públicos, aunque anteriormente se publicaban los nombres, causas, tiempos y fecha de finalización de la medida. El informe señala que 335 están siendo notificados, pero tampoco se conocen los 23 firmes en sede administrativa.
Libertador, casi libre de culpa
Lo que no dice Galindo Ballesteros también pesa. Mientras prefirió dar detalles de cifras de educación, que caracterizó como fundamental para prevenir antes que sancionar, desde programas en escuelas y para personas de la tercera edad, milicianos y miembros de consejos comunales, el informe es extenso en entes públicos que fallaron en sus deberes administrativos, de vigilancia o cumplimiento de contrataciones públicas.
En el caso de control administrativos, el informe señala que encontró “inobservancia de las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública, en cuanto a la debida importancia para que las operaciones presupuestarias y financieras realizadas se ajusten a las normativas de carácter legal y sublegal aplicables”, al indicar irregularidades en los desembolsos del FONDEN para la Fábrica de Pulpa y Papel (Pulpaca) entre 2010 y 2014, que ahora fue relanzada como parte del Motor Forestal por el presidente Nicolás Maduro, que fue examinado por Cotejo.
La “demora injustificada en los desembolsos por parte del FONDEN” sin que mediaran los documentos necesarios, causó costos adicionales por almacenaje, transporte y seguro mientras que Pulpaca no rindió cuentas de lo recibido, mientras se acumulan retrasos en las obras, cuyas fechas de entrega y recálculo de presupuesto tampoco está respaldado con la documentación necesaria, según el informe de Contraloría.
Industrias Diana, otrora un estandarte de eficiencia y una de las pocas empresas expropiadas que brindaba resultados, es señalada de inconsistencias en los registros contables y financieros, y de no poseer ninguna política emanada de la Junta Directiva para el tratamiento comercial ni soportes de las transacciones comerciales.
Finalmente, se exhiben retrasos, errores y fallas en las transferencias que debían hacer las alcaldías mirandinas de Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta entre 2011 y 2014 a la Alcaldía Mayor. No hay investigación al municipio Libertador (en manos de Jorge Rodríguez, del Partido Socialista Unido de Venezuela) pero sí se señala que el Gobierno del Distrito Capital incurrió en algunas fallas en el proyecto “Recuperación de Aceras y Brocales de la Avenida México”. Esto a pesar de que la contraloría municipal de Libertador fue una de las 25 intervenidas en 2015, según el informe.
Despidos de Ledezma no tan injustificados
Mención aparte fue la revisión de los despidos realizados por la Alcaldía Mayor, con la elección de Antonio Ledezma en 2008. La CGR explica que la mesa técnica que formó junto a la Procuraduría, Ministerio del Trabajo y abogados de despedidos no elaboró el informe para cumplir con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para reincorporarlos. Sin embargo, el ente de control añade que de los mismos, 326 no podían ser incorporados porque el gobierno distrital ya no poseía la estructura organizativa una vez que Ávila TV fue transferida al Ministerio de Comunicación e Información y los otros cargos fueron entregados al Gobierno del Distrito Capital.
De los 1.315 restantes, 136 no estaban en el Sistema de Registro de Órganos y Entes, 68 están registrados en otras instituciones públicas, 18 no están activos en la Administración Pública pero trabajaron en otros entes desde el despido, y 1.111 fueron reincorporados, de los cuales 238 trabajan en dos o más entes públicos, por lo que exhortó a la Alcaldía Mayor a hacer esta revisión para que los empleados en esa situación no cobraran más de un salario, como estipula la ley, así como para hacer una evaluación real de la capacidad y cantidad de cargos que realmente puede abarcar.
La Alcaldía Mayor recibió varios llamados de atención. Como el exhorto a dejar de usar los recursos que bajaban para empleados desincorporados para pagarle a los que sí estaban activos, lo que es una aplicación irregular de las transferencias. Además de solicitarle recuperar 75 mil bolívares que les pagaron a quienes realmente eran empleados del Concejo Municipal de Libertador y la Dirección Estadal del Distrito Capital del Ministerio de Salud, mientras se exigió que se denunciara el robo de 7 cheques para pagos de compromisos a los despedidos, para que los mismos no fuesen cobrados.
Contrataciones a dedo
Una semana después de hablar ante la AN, el Contralor brindó una entrevista a Vladimir Villegas en Globovisión, en la que señaló que el caso de comida podrida de PDVAL es una investigación “engorrosa” mientras que un caso podría tardar entre 4 o 5 años para elaborar el informe que podría ser remitido a la propia institución en forma de recomendaciones o al Ministerio Público en caso de responsabilidades penales.
Otros aparecen más rápido, como la selección de empresas por parte de Petrocasa para el desarrollo urbanístico en San Diego y Valencia, en el estado Carabobo, durante 2012 y 2013. Según el informe, de los cinco contratados examinados, dos fueron paralizados y tres urbanismos inspeccionados se encuentran aún en construcción mientras se encontró que la Junta Directiva no ejerció sus funciones de control interno según los estatutos de la empresa, ni aprobó la adjudicación directa que de forma excepcional fueron otorgados.
En la misma tónica es el hallazgo en el Instituto de Ferrocarriles del Estado, que no dispone del Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario (PSNDF) que debería ser aprobado por el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas para su desarrollo, lo que implica que las obras se fueron realizando de manera desorganizada e improvisada. Así lo demuestra la inclusión de un Proyecto de Vía Férrea para la sección Puerto Cabello-La Encrucijada por la misma contratista que no culminó las obras civiles previas. Estos retrasos también abarcan el pago de deudas, pues con los 783 millones 865 mil 483,31 dólares recibidos por el FONDEN entre 2012 y 2014 se pagaron las acumuladas entre 2003 y 2013, mientras que los aportes del Fondo Chino, de Bs. 59.906,42, 11.488.503,82 dólares y 52.864.813,88 euros cubrieron las de 2006-2008 y 2010-2011. Todo esto solo por el tramo Puerto Cabello-La Encrucijada.
Ballesteros pudo hablar de estos casos, como el que involucra al Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmaceúticas (SEFAR), adscrito al Ministerio de Salud, para el proyecto de la “Adquisición de Medicamentos para el Sistema Público Nacional de Salud” de 17 millones de unidades de 165 medicamentos contenidos en la Lista Básica Nacional de Medicamentos Esenciales, realizado por licitación en 2013.
Ocho de las 11 empresas adjudicadas no suministraron la totalidad de los medicamentos, pero el Ministerio no aplicó las medidas sancionatorias ni ejecutó las fianzas de fiel cumplimiento ni exigió el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social a cuatro de ellas por Bs. 2.692.344,83, siempre según el informe firmado y presentado por Galindo Ballesteros a las diputadas y los diputados.
Lo que también omitió fue que al inspeccionar los seis elevados que el MPPTTOP levantó en Caracas, encontró “ausencia de pasamanos, faldones, desprendimientos de defensas, de la capa a base de epóxico sobre la plataforma, desniveles entre planchas de hasta dos centímetros, desprendimiento y/o ausencia del sellador colocado en las juntas perimetrales, longitudinales y transversales, perfiles reflectivos dañados y/o doblados”. Más aún: el pago de Bs. 787.093,77 al contratista fue superior a las obras realizadas. Esto recaería sobre el ahora diputado Haiman El Troudi, quien fue jefe de la cartera durante los años de esta infraestructura vial, ahora con inmunidad parlamentaria.
¿Y los responsables?
Galindo insistió en que no podía dar nombres de los investigados, pero adelantó que había ministros en funciones. Que los investigados sí sabían pero por respeto a su integridad personal estos debían guardarse, según su consideración ética. Incluso al admitir que la ley ya no exigía el secreto sumarial.
La Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Café Venezuela e incluso los Ministerios de Planificación, Salud y Educación están entre los que poseen muy malas prácticas de auditoría interna, especialmente por “falta de independencia financiera y de personal, mucho de éste contratado hace 5 años”, lo que viola además la nueva Ley del Trabajo (LOTTT).
También Lácteos Los Andes, otrora orgullo como empresa nacionalizada, muestra inconsistencias en las metas y cumplimiento real, así como en las cifras de recepción de leche cruda, producción y distribución de la misma. Y mientras la tesis de la guerra económica es sostenida por el Ejecutivo Nacional en distintos voceros, la CGR revela en su informe –más no en el verbo del contralor- que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) “no dispone de un plan nacional de desarrollo y seguridad agroalimentaria” ni de un “plan nacional de desarrollo sustentable, debidamente formulado y aprobado por el Ministerio de adscripción” mientras que no posee indicios de haber realizado control ni seguimiento de 64 propiedades que fueron intervenidas, expropiadas y asignadas. Tampoco cumplió con notificarle al SENIAT sobre la clasificación de tierras y sujetos pasivos de impuesto sobre tierras ociosas y usos no conformes.
Una inspección de 47 de los 76 vehículos del ente encontró que 39 están totalmente inutilizados con falta de motos, cajas y más, solo uno está asegurado y pagaron Bs. 299 mil 216 por un proyecto de estudio para la posible construcción de un archivo general que finalmente fue realizado por los empleados de la Gerencia de Proyectos. La falta de nombres de los inhabilitados no permite conocer, relacionar e investigar las conexiones entre los sancionados, sus jefes directos, contratistas y entorno, como denunciara el M/G Clíver Alcalá Cordones sobre la gestión del general Osorio frente al Ministerio de Alimentación, cuyos subordinados fueron detenidos.
Pan carísimo
¿Quién vigila al que vigila?, puede aplicarse perfectamente a lo encontrado en la Contraloría General de Aragua. El informe señala que tuvo erogaciones por más de 84 mil bolívares entre 2012 y mayo de 2015 por la partida presupuestaria 4.02.01.01.00 “Alimentos y Bebidas para Personas”, por concepto de suministro de “pan francés” para el personal. Sin embargo, no existe la resolución por parte de la máxima autoridad del órgano de control fiscal regional que aprueba este beneficio.
Esto se repite también con el gasto de Bs. 1.220.879,02, por refrigerio, desayuno, bebidas refrescantes para el despacho del contralor, obsequios institucionales, agasajos para representantes del Consejo Legislativo y gerentes del Órgano Contralor, almuerzos con personalidades del estado, así como compra de chaquetas universitarias, camisas, gorras y chalecos tipo periodistas, por medio de tres distintas partidas, que la CGR señala como no estar relacionados con el funcionamiento ordinario del ente.
Y finalmente, hubo tres órdenes de pago, con fechas del 26 y 30 de diciembre de 2014, con reintegros que casi alcanzaron los 2 millones de bolívares. Sin embargo, esto no pasó de un exhorto a “adoptar medidas de austeridad” para el mejor uso de los recursos públicos en base a la responsabilidad y la transparencia, así como implementar mecanismos de control y supervisión sobre los registros presupuestarios. O eso hay que suponer, pues al cierre de este reportaje, en mayo de 2016, se siguen sin publicar los inhabilitados desde la llegada del callado pero pródigo Galindo.
Por Jeanfreddy Gutiérrez para Cotejo.info
